Seguirán presos en el Campo Militar 1-A de la Ciudad de México, luego de ser detenidos en septiembre por la FGR por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez federal dejó sin efecto el amparo promovido por los abogados de los tres militares detenidos en septiembre de este año por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Eutimio Ordóñez Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, declaró improcedentes los alegatos presentados en el caso de los militares al considerar que se actuó conforme a la Ley al dictarles formal prisión y entregar a sus abogados copias certificadas de los datos de prueba recabados en su contra por la Fiscalía General de la Republica (FGR).
Los abogados del Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel y del General José Rodríguez Pérez pidieron desechar la orden de aprehensión en su contra, así como la entrega de copias certificadas del pliego de consignación y del mandamiento judicial, sin embargo, el magistrado negó la entrega de la documentación bajo el argumento de que es confidencial.
«Se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque como se advierte del oficio de mérito, la autoridad responsable autorizó y citó al defensor de los quejosos a efecto de que se le entreguen las copias certificadas del pliego de consignación y de la orden de aprehensión, de cuya negativa se dolían en esta instancia constitucional».
El Juez determinó que el amparo «deviene improcedente, aun cuando al momento de la presentación de la demanda, se estimaba que existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, éstos han cesado».
A raíz de esta resolución, los tres militares seguirán presos en el Campo Militar 1-A de la Ciudad de México, luego de ser detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en septiembre por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
El General José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, cuando hace ocho años desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por presuntamente ordenar el asesinato de seis de ellos.
Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014, y según Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), habría ordenado el asesinato de seis de los normalistas que estaban cautivos en una bodega de Pueblo Viejo, en Iguala.
En noviembre pasado, César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carretero, abogados de los militares presos por el caso Ayotzinapa, presentaron una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de falsear información en torno al caso.
Los litigantes acusaron a Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de entorpecer la investigación y fabricar pruebas falsas en contra de sus clientes.
“Se ha fabricado su participación con datos de prueba falsos”, afirmó González Hernández en una conferencia de prensa donde también reiteraron que, al no contar con elementos que los impliquen en los hechos, sus clientes son inocentes.
Esta es la denuncia de hechos contra QRR interpuesta por cuatro militares acusados del crimen de los normalistas de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/tQl37qYyx9
— Raymundo RivaPalacio (@rivapa) November 8, 2022
Los litigantes desestimaron las pruebas presentadas por Encinas con anterioridad y pidieron su destitución por corromper el debido proceso, así como la presunción de inocencia de sus clientes, y, con ayuda de un video, indicaron que no es posible demostrar la veracidad de las conversaciones de WhatsApp mostradas como pruebas por el Subsecretario el pasado 18 de agosto.
Los licenciados dijeron que, al igual que Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), el Subsecretario Encinas debería separarse de su cargo “ya que además de tener un claro conflicto de interés, su permanencia en el cargo de la Comisión sólo puede ir en detrimento de la verdad y de la justicia”.
De igual forma, el abogado Robledo Carretero señaló a Encinas de anteponer intereses políticos por encima del esclarecimiento de los hechos, puesto que “necesitaban un chivo expiatorio para justificar sus casi cuatro años de investigación y la verdad parece más distante que nunca”.
El pasado 27 de septiembre, los abogados acusaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) de presentar pruebas falsas y pidieron dejar de “manipular” las investigaciones de los hechos transcurridos hace ocho años.
Respecto al informe de la Comisión de la Verdad, los abogados dijeron que “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la Fiscalía especial para el caso y al GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes], lo que fue desmentido por éste”.
A las afueras de la Puerta 8 del Campo Militar 1-A, el legista Alejandro Robledo Carretero explicó que no es posible que se haya dictado un auto de formal prisión basándose en las acusaciones de un testigo protegido sin considerar las pruebas presentadas, por lo que, afirmaron, el caso está “politizado”.
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.
