I.

En las últimas semanas se ha dado un intenso debate en torno a la posibilidad de llevar a cabo una reforma electoral, ello derivado de una propuesta hecha desde la presidencia de la República, propiciando diversas manifestaciones tanto de los detractores como de los seguidores del presidente. Por tal motivo se dio una marcha impulsada desde la organización “Vamos México” orientados por la consigna de “el INE no se toca” arguyendo la defensa del Instituto Nacional Electoral que supuestamente se vería afectado e incluso eliminado por dicha propuesta. Sin embargo, el desarrollo de la citada manifestación, demostró que la defensa del INE encubría, en realidad, otro tipo de descalificaciones al presidente y su gobierno. En ese mismo plano, se han dado gran cantidad de artículos en la prensa y debates entre políticos, columnistas y partidos.

La propuesta de reforma, que pretende una reducción: de recursos al INE, al número de representantes del congreso y al presupuesto de los partidos entre otras cuestiones, ha propiciado una renovada alianza entre los partidos de oposición y algún sector empresarial (hoy plenamente identificados). De tal forma que la iniciativa de reforma constitucional fue rechazada pues el partido gobernante no logró las dos terceras partes de la votación que son requeridas en la cámara de diputados. Ello, como es sabido, daría pauta al conocido “Plan B” del presidente, que busca lograr algunos de los cambios propuestos.

La acritud con que se ha dado el debate, el ínfimo y lamentable nivel de discusión demostrado por parte de los participantes de la marcha en defensa del INE, de los opinólogos y de los políticos “profesionales”, nos mueven a plantearnos si una propuesta en este sentido es verdaderamente inédita, inviable e indeseable. Para dilucidar en parte este cuestionamiento, es conveniente recurrir a la historia.

II.

Desde la segunda mitad del siglo XX nuestro país vivió una serie de reformas de orden electoral que supuestamente intentaban ampliar las posibilidades de representación política y relativizar el control gubernamental sobre los procesos electorales. La verdad es que se trataría de una serie de enmiendas que se fueron realizando debido a las presiones sociales que se daban en el país y que en el fondo buscaban actuar como un elemento de contención social y justificador del poder, al tiempo que el gobierno mantenía el control de los procesos electorales.

No obstante, el sistema electoral mexicano se fue afinando a través de varias reformas que permitieron una representación partidista más robusta, la incorporación de diversos sectores sociales y la representación legislativa de la oposición, de tal forma se pasó de un sistema político sin opciones, a uno en el que aparecieron alternativas distintas a las dominantes (me refiero al eje PNR-PRM-PRI), pero que eran inviables en términos logísticos, económicos y políticos. En consecuencia, estas reformas no buscaban la pluralidad, mucho menos compartir el poder, en tanto que las necesidades de legitimación era lo central para el gobierno.

En buena medida ese sería el sentido de la Ley Electoral de enero de 1946 que otorgaba al gobierno el control sobre los partidos y los procesos electorales (fue así que, bajo esa ley, se retiró el registro al Partido Comunista, entre otros). Como se observa se trataba de un sistema electoral con sesgo totalmente gubernamental, poco competitivo, que no despertaba confianza de la ciudadanía. Las necesidades de legitimación y de proyectar una imagen de pluralidad, impulsaron a la creación de la Ley Electoral de 1951 y sus posteriores reformas en 1954, ello en el contexto de cierta movilización como lo fue el desprendimiento, dentro del gobierno, de la candidatura presidencial del Gral. Miguel Henríquez Guzmán (1952).

Más adelante, en el año de 1962, se emitió una nueva Ley Electoral, como respuesta a las dificultades que tuvieron lugar en la campaña electoral de 1958, debido a la agitación política en ese año, y a la irrupción del Movimiento de Liberación Nacional (en 1961); adicionalmente vale recordar que fue, la de 1958, una elección en la que el PAN requirió a sus candidatos electos a no ocupar sus curules en la Cámara de Diputados. No obstante sus limitaciones, esta reforma fue importante por establecer la figura del diputado de partido, es decir que si los partidos alcanzaban el 2.5% de la votación total tendrían derecho a cinco diputados, y por cada 0.5% adicional en la votación correspondería un diputado más, hasta llegar a veinte.

Es en este contexto de búsqueda de legitimación del régimen y de una mayor participación ciudadana (entonces las elecciones eran una ficción en la que prevalecía la abulia y escepticismo de los votantes), se inscribió la reforma de los artículos 55 y 58 de la ley electoral en 1972, con la que se redujeron las edades para ser elegible a diputado y senador de 25 a 21 años, y de 35 a 30 años respectivamente. Al año siguiente se promulgó una nueva Ley Electoral que proporcionaba nuevas facultades a los partidos, así como un acceso gratuito a la radio y televisión, entre otras cuestiones.

La reforma electoral de 1977, que fuera presentada por el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles (debe reconocerse que, también promovida desde antes por organizaciones de izquierda, al respecto Tejeda Ruiz, Nancy, Los partidos de izquierda y la reforma política de 1977, Instituto Mora, 2018)), buscaba no sólo legitimar al sistema sino también ordenar las manifestaciones de inconformidad que habían tomado un cauce distinto al institucional. Especialmente después de la violenta represión de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, y la irrupción de la llamada guerra sucia en esa década. Sin embargo, esta ha sido considerada como una de las reformas más importantes por haber incluido la amnistía política a los grupos de izquierda y la legalización de partidos como el PCM (posteriormente lo serían el PRT y el PMT entre otros). Además, se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), adicionalmente se aumentó el número de diputados de 300 de mayoría relativa, más 100 de representación proporcional, mediante un sistema de circunscripciones, lo cual daba representación a la oposición, aunque claramente el gobierno mantendría una mayoría abrumadora.

Más reformas electorales se dieron en los años subsecuentes, en 1986 se permitió una mayor representación de la oposición al aumentar el número de diputados plurinominales de 100 a 200, con lo cual la cámara de diputados tendría 500 representantes (tal y como se mantiene hasta ahora). La idea y justificación, en ese México hegemónico del PRI con un proceso electoral desigual, era dar una mayor presencia a las voces disonantes del gobierno, el cual de todas formas mantuvo el control de la Comisión Federal Electoral, encargada de organizar las elecciones.

Desde entonces hasta el año de 1989 el evento de regulación electoral más importante sería el surgimiento del Instituto Federal Electoral (IFE), bajo la expectativa de que se trataba de una institución autónoma, con presupuesto propio, encargada de conducir las elecciones. Esta determinación respondía a una necesidad del sistema después de la traumática elección de 1988, permeada por las sospechas de un amplio fraude electoral. Después se crearía el Tribunal Federal Electoral, encargado de calificar las elecciones y determinar las situaciones de conflicto de orden electoral. Sin embargo, en ambos institutos, los partidos políticos y el gobierno tendrían control sobre la elección de representantes.

Una nueva reforma se daría en el año de 1993, permitiendo que el número de senadores por cada entidad, ascendiera a cuatro, tres de los cuales corresponderían al partido ganador y el cuarto para la primera minoría. Asimismo, se reguló en torno al financiamiento para que los partidos tuvieran acceso a los medios de comunicación. En 1994 se realizaron enmiendas, cuyo objetivo central era equilibrar más la composición del Consejo General del IFE a fin de dar más peso, supuestamente, a los representantes ciudadanos; otros puntos versaron sobre establecer más representantes de los partidos en casilla, la entrega de las listas nominales a los partidos, la integración en el Código Penal, de delitos electorales, etcétera.

La reforma de 1996 pretendería una mayor equidad en los órganos electorales, otorgando el nombramiento de los ocho consejeros electorales y el presidente del Consejo electoral, a la Cámara de Diputados, lo cual en la práctica quedó en manos del PRI y el PAN, ya para entonces aliados en la práctica política. Varios puntos más se trataron en esta reforma, como una modificación en la cámara de Senadores, el otorgamiento de tiempos oficiales en los medios de comunicación, la apertura electoral (por fin) en la ciudad de México.

En el curso de los años se dieron más aportaciones que regularían en torno a la credencial para votar con fotografía, sobre los recursos otorgados a los partidos, los tiempos en medios de comunicación, organización de debates, conteos rápidos, la logística misma de los comicios, etcétera. En fin, que los ajustes, enmiendas, reformas de orden electoral han sido múltiples, hasta llegar al año de 2014 en que se creó el INE, lo cual por cierto permitió a su actual presidente, Lorenzo Córdova, prolongar su dirección sobre este instituto electoral desde el año 2011 (cuando era IFE), es decir poco más de 12 años en el cargo cuando finalice en 2023.

Como se observa han sido muchas las reformas que, en la teoría han buscado una mayor equidad en los procesos electorales, pero que en la práctica han sofisticado el control gubernamental sobre este proceso que, con el tiempo, ha implicado enormes recursos del erario.

III.

Las reformas que se dieron cíclicamente parecieron responder a las necesidades y demandas de la sociedad, en el sentido de hacer más independientes los procesos electorales, con un órgano autónomo, con comicios libres de fraude y equitativos, para lo cual se habría creado el IFE. Sin embargo, este aparato electoral quedó en toda circunstancia bajo el comando de los partidos dominantes, es decir los mismos que gobernaron desde su creación: PRI y PAN, hoy aliados confesos que como se sabe, representan dos variantes de un mismo proyecto político, económico y social.

Si bien es cierto que, en términos generales las elecciones fueron más vigiladas, hubo una mayor presencia ciudadana, los partidos tuvieron acceso a los medios de comunicación, y la oposición llegó a obtener algunas posiciones, también lo es que permaneció la inequidad material y logística, el control del establishment de los partidos sobre el IFE y luego INE, y sobre todo la connivencia cuando se dieron claros casos de cuestionamientos electorales como fue el fraude electoral del año 2006, o bien los derroches, desvío de fondos, encuestas electorales falsas, distribución de bienes para comprar votos, etcétera, en 2012. En ambos comicios las autoridades electorales (en los que el IFE fue juez), ante las evidencias mostradas fueron omisas convirtiéndose en cómplices del poder (del que han sido parte) dejando para mejor ocasión su papel como órgano autónomo y regulador de las elecciones.

Por si fuera poco, los montos destinados al sostenimiento del INE, los sueldos pagados a sus funcionarios, la cantidad de personal adscrito a este instituto, lo convirtieron, por añadidura, en una carga onerosa.

La nueva reforma, intenta establecer un órgano y un sistema electoral que: respondan a las determinaciones de las mayorías (por ejemplo propone que los consejeros electorales sean electos), que limite los claros excesos presupuestales (el INE costó al erario 68,300 millones de pesos en el año 2018 incluidos los institutos estatales, según la propuesta de reforma), que disminuya la costosa y excesiva representación de diputados y senadores (se propone reducir de 500 a 300 diputados, y de 128 a 96 senadores, en el entendido de que actualmente existen las condiciones para que los partidos tengan presencia en el congreso de acuerdo a su votación).

No obstante la torpeza e inexactitudes con que fue elaborada la propuesta de Reforma y después el llamado “Plan B” (que ha merecido varias enmiendas en el senado), la propuesta presidencial fue aprobada en el senado, por otra parte para la mayoría parlamentaria y de la sociedad (según encuesta del propio INE), parece justificado disminuir la carga presupuestal tan onerosa de este Instituto, así como establecer nuevas y más claras formas en la determinación de los representantes electorales, otorgando a la ciudadanía la posibilidad de incidir sobre este órgano electoral que ella misma financia. No se trata de “tocar” al INE, como si ello significara desaparecer, someter, sino de reformarlo para hacerlo corresponsable de las necesidades de la sociedad.

Héctor Luis Zarauz López

https://www.sinembargo.mx/author/hector-luis-zarauz-lopez/

Sociólogo e historiador. Se ha dedicado a trabajar temas de historia regional, económica y social, con énfasis en los periodos del porfiriato, la revolución y el México contemporáneo. Con sus trabajos ha obtenido reconocimientos como el Premio Salvador Azuela del INEHRM y mención honorífica en el Premio Marcos y Celia Maus. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es integrante del seminario permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente. Es autor de varias obras: “Álvaro Obregón y la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1928”; “Valentín Elcoro e hijos. Historia de una vida empresarial”; “Tiempo de caudillos, 1917-1924”; “La revolución en la ciudad de México 1900-1920”; “La fiesta de la muerte; México. Fiestas cívicas, familiares, laborales y nuevos festejos”, entre otros títulos. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.

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