Es cada vez más común escuchar por parte de la clase política y los medios empresariales que México está ingresando a un terreno económico favorable por los efectos que las tensiones económicas globales están produciendo en la política de atracción de inversiones por parte de Estados Unidos (EUA). La guerra comercial con China y las crecientes tensiones entre las grandes corporaciones globales por el reparto del mundo han provocado que EUA ponga en marcha un proceso de internalización de los procesos de producción que comúnmente se denomina como “nearshoring”.

A través de cuantiosas inversiones de apoyo a las grandes empresas estadounidenses como la Ley Chips (CHIPS and Science Act) y la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act) que ofrecen grandes incentivos fiscales a los fabricantes de semiconductores y automóviles eléctricos en los Estados Unidos, el gobierno de Biden está fomentando la localización de las cadenas de suministro dentro de EUA y en la región norteamericana. Esto ha resultado en una cascada de anuncios de apertura de nuevas plantas manufactureras de producción de automóviles eléctricos y centros de producción de microprocesadores en EUA. Ambos sectores son estratégicos para la contienda económica global, por lo que EUA quiere garantizar pleno control sobre ellos, frente a una competencia que llega de China y que ha resultado una amenaza al dominio tecnológico estadounidense.

En este giro de tuerca de la estrategia estadounidense que Carlos Fazio caracterizó como ‘dominación de espectro completo’, México será una pieza clave como enclave maquilador, proveedor de partes manufactureras para el mercado estadounidense. El impulso al ‘nearshoring’ generará una onda de crecimiento en las inversiones extranjeras que colocarán sus operaciones en México, lo que ha producido una enorme expectativa dentro del discurso presidencial y empresarial en el país, como si esta transformación pudiera finalmente generar condiciones de derrama económica que tanto hemos añorado por décadas.

México aparece nuevamente en el mapa mundial como un país excepcionalmente atractivo para las corporaciones trasnacionales: el mismo Presidente López Obrador lo anuncia con gran frenesí diciendo que “México es el país más atractivo del mundo para invertir”, lo cual hace sentir que soplan los mismos aires que cobijaron ideológicamente la puesta en marcha del TLCAN, cuando Salinas anunciaba la firma de esta “acuerdo trinacional” como el gran el brinco de México al primer mundo.

Pero el triunfalismo que se ha edificado en torno al “nearshoring” que tanta expectativa está generando en los consejos empresariales, en la administración federal y en no pocos círculos académicos, tiene poca consistencia. No se requiere expertis en economía del desarrollo para saber que en la historia del capitalismo no ha existido nunca un país que haya generado crecimiento y desarrollo económico con el simple hecho de recibir inversión extranjera directa de manera indiscriminada y tener un mercado de trabajo caracterizado por la precariedad salarial como lo es el caso México. La apertura irrestricta del territorio mexicano al capital trasnacional fue lo que puso en jaque a la economía del país desde 1994 que se firmó el TLCAN, a pesar de que este tratado fue edulcorado con una narrativa modernizante como lo es hoy el “nearshoring”. Desde aquel año, hasta el día de hoy, México es un territorio controlado enteramente por las grandes corporaciones trasnacionales, particularmente las de origen estadounidense, que operan en el país como industria maquiladora empleando fuerza de trabajo superexplotada, como mega minería destruyendo cuantiosas extensiones territoriales y contaminando el agua, como corporaciones turísticas despojando y privatizando el territorio, como empresas agroexportadoras utilizando libremente el agua y empleando jornaleros agrícolas con salarios raquíticos, como grandes carteles de la droga y crimen haciendo del territorio mexicano un gran campo de muerte y dolor. Estas han sido las verdaderas consecuencias que trajo a México la apertura del país a las inversiones extranjeras, a pesar de que hoy se renueve el discurso celebrante que encubre el control pleno del capital estadounidense sobre la economía nacional.

Mientras el estado mexicano siga impulsando una política económica de apertura económica y excepcionalidad arancelaria para la atracción de corporaciones extranjeras, tal y como lo ha hecho desde el periodo de Salinas de Gortari hasta el día de hoy, no existe posibilidad alguna de que la recomposición del orden global y el interés estadounidense por regionalizar la producción a nivel norteamericano produzcan crecimiento cualitativo y de largo plazo en el país, mucho menos condiciones de bienestar social. Por el contrario, lo que se avizora es la reedición de una condición subordinada de México al interés estadounidense, donde el país participará en la división regional del trabajo como provedor de bienes maquiladoras por fuerza de trabajo barata y precarizada.

Las abismales diferencias salariales entre EUA y México seguirán siendo fuente de ganancias extraordinarias para las corporaciones estadounidenses operando en México, mientras que el drenado de riqueza y la desigualdad seguirán siendo las condiciones estructurales que organicen la vida social, económica, política y cultural de México.

En este orden de ideas, se anuncia día y noche que, como parte del ‘nearshoring’, México se convertirá en un gran exportador de microprocesadores a EUA, como hace una década se anunciaba que México se había transformado en una potencia automotriz por la ola de inversiones de las corporaciones automotrices que llegaron al país. Pero los diferenciales salariales y la nula capacidad tecnológica y científica que tiene México para producir microprocesadores hará que el país se inserte nuevamente como maquilador de los segmentos más intensos en uso de fuerza de trabajo dentro de la producción de microchips. Es una verdadera ilusión óptica —para todos menos para las empresas— pensar que en México estamos entrando en un escenario excepcionalmente bueno por el ajuste en la estratégica geoeconómica de EUA, como si las inversiones extranjeras y las líneas de la ‘mano invisible del mercado’ tuvieran el más mínimo interés de producir bienestar para la economía mexicana.

Las últimas cuatro décadas nos han enseñado que la política económica de apertura indiscriminada a las corporaciones trasnacionales ha implicado una devastación del país. Mientras no se cambie el sentido a la política y se cuestione el dominio total del capital sobre la vida, no hay posibilidades de pensar que las condiciones en el país vayan a cambiar, a pesar de los ajustes que se produzca en la economía mundial. En “nearshoring” anunciado por todos lados con bombo y platillo llegará a México para reeditar la condición dependiente, subdesarrollada y subordinada del país al mandato del gran capital. No hay indicios de que pudiera ocurrir algo diferente si la política económica siga abriendo el territorio nacional a la indiscriminada inversión extranjera.

Mateo Crossa Niell

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Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.

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