Por Ángel Ruiz (@ruizangelt)*

El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional que recuerda el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. 74 años desde que un concierto amplio de Estados, tras contemplar la versión del horror más reciente del mundo occidental, decidiera que había un problema de fondo: la libertad, la igualdad, la seguridad, la cultura, y un largo y amplio etcétera no podían ser concesiones de grupos en el poder, si no que los derechos eran una base compartida por toda la humanidad; y el trabajo de los Estados era, primero reconocerlos, y después garantizarlos, promoverlos y dotar de mecanismos para exigirlos. Por ello –y porque el paso de ser una declaración de intenciones a ser la base del andamiaje institucional de los Estados– el discurso de los derechos humanos nació con un potencial transformativo centrado en la dignidad de las personas.

Este potencial de transformación –tal vez de emancipación– ha ido perdiendo fuerza con los años y muchos factores podrían explicarlo: la adaptación de los sistemas políticos a cualquier paradigma a través de mecanismos de simulación, la cooptación de catalizadores de cambio al ingresarles a estructuras del Estado, la creación de inercias perversas entre burocracias estatales, movimientos sociales y la sociedad civil, los pocos incentivos para tener capacidad financiera suficiente para lograr la progresividad de los derechos… e innumerables otras razones que comparten un problema de fondo: dado que lo que se vive en negativo (vulneración, daño, desigualdad, violencia) se quiere solucionar en positivo (garantía, respeto, protección, promoción), es más sencillo obviar los problemas políticos a solucionar en un paradigma que no los nombra como tales. Como dice Wendy Brown –y recordamos hace un tiempo– en ese tránsito entre el daño vivido y el futuro ideal donde este no existe “algo se pierde”. El discurso emancipatorio se vuelve tecnócrata y la política pasa de ser un campo de disputa de opciones de futuro, a una discusión de diseño donde, aunque varíe el signo ideológico, el trabajo de escritorio es el que pesa y la transformación de este presente inhumano, violento e indigno pasa a un segundo plano.

Un breve repaso a indicadores de los sistemas de justicia podría mostrar cómo el cambio de paradigma, si bien ha tenido algunos efectos beneficiosos, no ha cumplido con las promesas hechas. La impunidad es una constante, ya sea que observemos el antes y después al cambio hacia un discurso de derechos a nivel constitucional, o hacia un sistema de justicia penal adversarial centrado en la investigación y solución de conflictos. Esto, con un Estado rebasado por la violencia tiene como efecto que, ante la exigencia de los derechos por parte de víctimas y colectividades, éste sólo pueda responder mediante la simulación de respuestas o la administración de demandas.

Y, sin embargo, ante una crisis de violencia como la vivida en México –y con el retorno de la extrema derecha en diversas partes del mundo, que anticipan un futuro posible si las reivindicaciones del grueso de la población no se convierten en política de Estado– los derechos humanos son más necesarios que nunca. Ante el asedio del poder –que en nuestro país se asienta en actores cada vez más difíciles de distinguir entre sí– todas las herramientas son indispensables, máxime cuando estas forman parte de sistemas locales, estatales, nacionales e internacionales que tienen mecanismos específicos para exigir justicia y verdad. 

Porque los derechos no se reivindican en abstracto. Si tomamos el reconocimiento del daño detrás de cada derecho (el derecho a la vida como una respuesta ante la violencia; la no discriminación como respuesta al trato injusto e indigno; el derecho humano al agua en sentido contrario a la expoliación de los bienes comunes), entonces la movilización ante una realidad que no puede seguir así se convierte en la brújula política y los derechos “tan sólo” en una herramienta para llegar a ese futuro anhelado. Pero esto exige que los derechos nunca pueden ser herramientas de escritorio. O no sólo: pues, el contenido se crea en exigencia y lucha cotidiana, con las y los actores que —ahora y siempre– han sido protagonistas del cambio histórico hacia un lugar mejor. Madres buscadoras de personas desaparecidas, de víctimas de feminicidio, defensoras y defensores de la tierra y el territorio, movimientos urbanos contra capitales financieros: sólo con ellas y ellos se pueden construir marcos de entendimiento suficientemente robustos para dar respuestas consistentes ante la pregunta de qué hacer ante esta realidad violenta que pareciera inacabable.

Construir marcos de entendimiento y propuestas políticas que piensan en futuro, pero que también reconozcan el pasado, tanto lejano como reciente; todos los pasos avanzados como fruto de luchas históricas en el sentido que han cambiado las posibilidades del presente que habitamos. Luchas de las que somos parte desde el sector social, pero no somos sus protagonistas. El dominio del lenguaje técnico de los derechos y de su exigencia sólo nos hace tener mayor claridad sobre nuestro rol en el cambio como uno a la retaguardia (nunca a la vanguardia).

Estos días que celebran un momento de la historia reciente donde decidimos aceptar que la realidad vivida no podía seguir siendo la misma, volvamos sobre nuestros pasos: reaprendamos a acompañar, repoliticemos nuestra labor, descentrémonos del protagonismo. Tal vez así estemos en mejores condiciones para apoyar en la construcción de una realidad donde hablar sobre los derechos de las personas se enuncie siempre en positivo.

*Ángel es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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