Los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez platicaron con la politóloga Arantxa Tirado sobre el lawfare, la guerra política que acecha a los gobiernos de izquierda en América Latina.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La politóloga española Arantxa Tirado aseguró que la guerra jurídica, también llamada lawfare, se viene produciendo en América Latina desde el desafuero del ahora Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en el 2004 fue acusado de desacato a una resolución judicial cuando fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, un episodio que buscó minar su aspiraciones para la Presidencia en 2006.
«El lawfare es una táctica bélica que entronca por su mismo nombre, etimológicamente, con el concepto de guerra y que ha sido teorizado, no exclusivamente, pero principalmente por analistas y estrategas militares como el uso de la ley para obtener objetivos bélicos sin disparar, neutralizar a un enemigo político. Es un procedimiento que se viene produciendo en la región, yo diría que incluso desde tiempos del desafuero a Andrés Manuel López Obrador en el 2004, y que luego hemos encontrado diferentes casos donde se repiten unas pautas que serían los requisitos para hablar de lawfare, que sería una persecución judicial, armar causas con mayor o menor suspenso, generalmente con poco sustento por temas que pueden ser peregrinos pero singularmente por una lucha contra la corrupción», explicó Tirado en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
Entre el 2004 y el 2005 la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a López Obrador de abuso de autoridad por violar un amparo, dictado por el juez federal Álvaro Tovilla León, en favor de los propietarios del predio El Encino, ubicado en Santa Fe, donde se planeaba construir una calle de acceso al Hospital ABC. Lo cierto es que el desafuero de López Obrador en 2004 fue ordenado por el Presidente Vicente Fox; pactado con el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo. El Secretario de Energía era Felipe Calderón.
Ayer se cumplieron 16 años del desafuero. Dedico a los jóvenes el discurso de ese día. pic.twitter.com/h2PCRY9nbc
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 8, 2021
De acuerdo con la también doctora en Relaciones Internacionales, en su libro El lawfare: Golpes de Estado en nombre de la ley ella hace una distinción entre el lawfare al que se enfrentaron personajes como el Presidente brasileño electo Luiz Inácio Lula da Silva, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, el Presidente Mexicano López Obrador, entre otros; y el ex Presidente hondureño Manuel Zelaya, Fernando Lugo en Paraguay, o más recientemente Pedro Castillo en Perú, debido a que con estos últimos «no encontramos exclusivamente ese uso de la ley que también está presente con esos elementos judiciales de persecución judicial también desde instancias electorales y más, pero también hay otros elementos de protagonismo del Congreso, de choque de instituciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, y de uso de esas instituciones para el derrocamiento de presidentes».
El pasado 7 de diciembre el Congreso peruano cesó a Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un Gobierno de emergencia, en la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año.
Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, y fue sucedido en el poder por su Vicepresidenta Dina Boluarte, quien tomó juramento en las próximas horas. La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.
Momento exacto de la detención del ex presidente y dictador Pedro Castillo. Está detenido en la prefectura de Lima. pic.twitter.com/hBkaljFc9R
— GUTYCARRERA (@GutyCarreraT) December 7, 2022
A pregunta expresa del periodista Álvaro Páez sobre las condiciones que permiten el derrocamiento de regímenes democráticos, Arantxa Tirado expuso que «hay una conjugación de diferentes poderes fácticos que se articulan para acometer estos golpes contra los mandatos legítimamente elegidos por las urnas […] Hay un elemento fundamental que es también la participación de aparatos de inteligencia, de sectores del estado que a veces están en activo, pero a veces no y a veces son un estado paralelo en estos días, Cristina Fernández en respuesta a la sentencia hablaba de un partido judicial y de la mafia, de cómo hay un estado paralelo en Argentina, esto no resuena mucho aquí en España porque en los últimos tiempos se está hablando de estas cloacas del poder que están articulándose y sacando una serie de casos que se está demostrando que están armados y que no tienen ningún tipo de sustento».
El 6 de diciembre la Vicepresidenta argentina Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y señaló que obedece a una “mafia judicial” que decide sobre la vida y libertad de los ciudadanos.
La exmandataria subrayó, a través de su canal de YouTube, que el tribunal ya tenía previsto condenarla desde el inicio del juicio y cuestionó que considerara “que el delito lo cometí mediante la ejecución del presupuesto” nacional al sostener que “la Presidenta no es responsable de la ejecución” del mismo, sino los jefes de gabinete.
Fernández fue hallada culpable de causar una defraudación el Estado por cerca de mil millones de dólares mediante la adjudicación de forma irregular de 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, durante sus dos mandatos. Esta es la primera vez que un Vicepresidente argentino es condenado estando en funciones.
En tanto, la politóloga apuntó que uno de los elementos del lawfare que se encuentran en la actual situación política mexicana es «el carácter de clase de quien está inserto en las instituciones del estado. ¿Qué encontramos en el poder judicial? Pues encontramos como en otras instituciones, personas que provienen de una extracción no popular, personas que ha podido acceder a una formación que está vetada para muchas familias de clase trabajadora-campesina, es muy difícil a pesar de tener a la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y otras universidades públicas en todo el país que permiten esa democratización del acceso a los estudios, pero llegar hasta ahí es una carrera de largo aliento. Entonces hablamos de sectores que están copados por unas élites donde la clase dirigente ha colocado a sus vástagos y se reproducen».
«Y luego el elemento geopolítico del papel de Estados Unidos (EU) y su injerencia en la política mexicana es sumamente complejo, ni se diga en términos económicos por los acuerdos antes el TLCAN, ahora T-MEC, y ni se diga todo el tema de la seguridad y lo difícil que es también transformar cualquier estado, que además está penetrado en diferentes niveles por sectores del narcotráfico y con, bueno, ustedes lo saben mejor. También en esa proyección de lo mediático yo creo que tiene un papel fundamental la articulación de la ultraderecha y entendiendo que los sectores mediáticos están controlados, a veces son propiedad, incluso, de grupos de inversión, obviamente no son proyectos populares, grupos de inversión que, al menos en el caso del estado español, tienen posiciones políticas realmente reaccionarias y que tienen influencia», agregó.
En este sentido, Tirado ahondó en el caso del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), que el 5 de septiembre del año en curso reprobó los señalamientos de corrupción que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial de la Federación y exigió que se abstuviera de «comprometer la independencia judicial» a través de un comunicado de prensa firmado por 92 reconocidos abogados y otras figuras entre las que se encontraba el empresario Claudio X. González.
La @BMA_Abogados, el @Consejo_Litigio y diversos abogados exigimos respecto a la división de poderes y a la independencia judicial https://t.co/menQRp6eZo pic.twitter.com/daO8Zj5TYC
— Consejo Nacional de Litigio Estratégico (@Consejo_Litigio) September 5, 2022
«Es claramente una organización política revestida de asociación civil, defiende unos intereses de clase, por no decir plenamente legítimos si se quiere organizar la patronal e ir en contra de las políticas de un gobierno popular pues está bien. Entonces ahora, claro, cuando recibe dinero extranjero y cuando quiere presentar como algo popular lo suyo cuando sabemos que hay una intencionalidad clarísima del sector empresarial de evitar la llegada al poder de López Obrador ya desde el tiempo del desafuero como participó Televisa con otros sectores del empresarial mexicano como lo hicieron en el 2006 esta campaña de ‘López Obrador un peligro para México’, como insisten e insisten, esto habla también de que aunque López Obrador mantiene buenas relaciones con otros empresarios, con Slim, por ejemplo, y con otros sectores que es algo que le critica también el sector de izquierda, habla también de que hay un grupo, no sé que tan grande sea o que tan mayoritario quizás sí es principal que no acepta el mandato de las urnas y que quiere conseguir por la vía de la judicialización de la política lo que no ha podido conseguir gracias a que por fin en México ha llegado al Gobierno un Presidente que no viene de un fraude electoral, que no viene de la hegemonía priista, que no defiende abiertamente el neoliberalismo como fue Vicente Fox o incluso los últimos gobiernos priistas, es decir, son actores políticos revestidos con un aura de sociedad civil».
Finalmente Arantxa Tirado advirtió a la sociedad en que deben conscientes «que estos ataques se van a seguir produciendo en tanto y cuanto lleguen al gobierno personas que canalicen esa voluntad popular, esa voluntad de transformar y que es indispensable y fundamental de esos gobiernos de izquierda progresistas».
