Carlos Alberto Ulloa explicó a SinEmbargo Al Aire que gracias a los documentos presentados por los vecinos afectados por el llamado cártel inmobiliario, los cuales están firmados por autoridades que gobernaron la Alcaldía Benito Juárez en años recientes, han podido constatar que los funcionarios tenían conocimiento de la corrupción en el sector en la demarcación.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez era una práctica que se venía dando desde el año 2008 y las autoridades en turno tenían conocimiento de ello, afirmó Carlos Alberto Ulloa, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi).
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el funcionario indicó que en los últimos días un gran número de vecinos han acudido a la dependencia para corroborar la situación en la que se encuentran sus viviendas.
«La afectación para los habitantes de Benito Juárez es que hay un deterioro en el nivel de vida porque es más transporte público, más uso de las vialidades y más uso de agua. Es un problema grave que está en la Alcaldía Benito Juárez y es una práctica que se venía dando desde 2008 hasta la fecha», comentó en relación al cártel inmobiliario.
El pasado 3 de diciembre, la Seduvi dio a conocer que al menos 130 inmuebles en la Alcaldía Benito Juárez violan el uso de suelo al exceder el número de niveles permitidos, lo cual representa más de 7 mil 142 millones de pesos.
El Gobierno capitalino, a través de la Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), estima que la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos y comprende la construcción de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022 y por los cuales se presentarán las denuncias penales correspondientes contra quien resulte responsable.
Es decir, este esquema de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía abarca las administraciones panistas de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015), Christian Damián Von Roehrich De La Isla (2015-2018) y el actual Alcalde Santiago Taboada.
«El problema es muy grave porque tenemos a personas que han comprado un inmueble de buena fe, el ahorro de toda su vida o créditos hipotecarios y el problema en el que se encuentran radica en el uso de suelo, también en las autorizaciones fuera de la norma», señaló el titular de la Seduvi.
El funcionario detalló que muchos de los propietarios tienen el problema de que las escrituras de sus departamentos no coinciden con el uso de suelo, inclusive, dijo, hay personas que viven en un sexto piso, pero sus documentos indican que el uso de suelo es para un edificio de cuatro.
«Lo más grave que estas personas al intentar vender o comercializar su bien, en el momento que ellos necesitan hacer el trámite ante un notario, los dos requisitos indispensables ante un notario son el certificado de uso de suelo y la manifestación de construcción, cuando se presenta el uso de suelo que es el documento que está aquí en esta Secretaría, cuando se emite, van con el notario, presentan su manifestación de construcción y sus escrituras y no coincide porque hay personas a veces que viven en el sexto piso y su uso de suelo dice que ahí hay un edifico de cuatro pisos, así que están en la indefensión jurídica».
Carlos Alberto Ulloa destacó que gracias a los documentos presentados por los vecinos afectados, los cuales están firmados por autoridades que gobernaron la Alcaldía Benito Juárez en años recientes, han podido constatar que los funcionarios tenían conocimiento de la corrupción inmobiliaria en la demarcación.
«Lo que pudimos nosotros detectar por los documentos expuestos por los vecinos es que hay documentos firmados por autoridades que incluso han estado en repetidas ocasiones de manera continua en esta Alcaldía por varios años, entonces era una práctica recurrente».
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, @caulloap, dio a conocer que son 130 inmuebles en la alcaldía Benito Juárez los que violan el uso de suelo al exceder el número de niveles permitidos, lo cual representa más de 7 mil 142 millones de pesos. (1/4) pic.twitter.com/zZcCNbji2K
— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 3, 2022
El titular de la Seduvi mencionó que ahora, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México revisará cada uno de los 130 inmuebles para asegurar que las personas que viven ahí tengan la certeza de que habitan un edificio seguro y con una estructura capaz de soportar los pisos excedentes.
«Hay que ver que el instituto de la seguridad de las construcciones revise estos inmuebles, garantizando que la infraestructura está dada para ese tipo de niveles, por lo menos para asegurar que esas personas sí estén viviendo en un edificio que tenga la estructura para poder soportar estos pisos de más».
El funcionario reiteró que han detectado inmuebles que cuentan hasta con siete pisos de más, lo cual genera preocupación entre los vecinos, quienes piden al Gobierno capitalino realice los estudios necesarios que confirmen que los edificios son seguros para habitar.
«Hay inmuebles de estos 130 de un piso hasta siete pisos de más, lo cual es preocupante y estamos iniciando la tarea para que puedan ser visitados y el instituto de las construcciones pueda dar su opinión al respecto de cómo están construidos estos inmuebles para dar una certeza de la infraestructura, de cómo están las cimentaciones y cómo están los planos arquitectónicos de cada uno de estos inmuebles».
Finalmente, Carlos Alberto Ulloa indicó que en los próximos días podrían incrementar el número de edificios con irregularidades en la demarcación debido a que más vecinos se han acercado a la Seduvi para conocer el estatus del inmueble donde habitan.
«El problema no termina aquí, fue un cierre de la semana pasada de 130 inmobles pero puede que se den más casos. Cada inmueble de estos 130 tiene sus complejidades individuales, por ejemplo, no encontramos con un edifico que solo tiene una boleta predial para todo el edificio. Detectamos edificios que tienen la toma de agua domiciliaria y por eso tienen mala calidad de vida sus vecinos porque una toma de agua es para un domicilio, no para 18-20 departamentos, también hay edípicos que no están escriturados y están ocupados o edictos que están escriturados pero esta no garantiza poder comercializarlos ante un notario porque el uso de suelo no corresponde a la escritura donde fueron vendidos».
