Después de dos años y medio, finalmente la Suprema resolvió la controversia constitucional presentada por Laura Rojas cuando era presidenta de la Cámara de Diputados contra el que entonces muchos llamamos el “acuerdo militarista”, expedido por el Presidente de la República en mayo de 2020 para simular el cumplimiento del mandato constitucional del Artículo 5º transitorio del Decreto de Reforma Constitucional que creó la Guardia Nacional.

Es relevante recordar lo que decía aquella disposición transitoria, porque en su interpretación mañosa y en la extensión del periodo inicialmente acordado por el Constituyente Permanente para el retiro completo de la Fuerza Armada regular de las tareas de seguridad pública se ha querido sustentar la legalidad del completo control castrense de las tareas de seguridad pública, en un acto de lo que Alejandro Madrazo ha llamado “formalismo mágico”, la doctrina jurídica que parece guiar al actual Presidente de la Suprema Corte. 

El malhadado artículo, recién reformado con la complicidad del PRI para salvarle la cara a los generales y al Presidente, quienes desde el principio habían decidido desobedecer la fecha de retiro ordenada por el Poder Constituyente Permanente para marzo de 2024, establece que la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad durante el periodo de excepción, ahora ampliado hasta 2028, sólo se haría de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Una función, la de la seguridad pública, de la que, de entrada, la Constitución establece con toda claridad su carácter civil, ha sido usurpada por los militares con subterfugios: supuestas limitaciones funcionales y temporales con las que desde el principio sabían que no iban a cumplir. De ahí que hayan desarrollado un cabildeo legislativo intenso para lograr que el PRI rompiera con los acuerdos de la guanga alianza opositora. 

Con la complicidad del Presidente de la República, el Ejército y la Marina han impuesto durante este sexenio las salvaguardias formales que no habían conseguido con la fallida Ley de Seguridad Interior, aprobada al final del Gobierno de Peña Nieto y frenada gracias a la Suprema Corte, que entonces consideró aquel engendro, elaborado claramente a pedido de los Estados Mayores, inconstitucional.

El actual presidente de la Corte, ahora condescendiente con los generales, calificó aquella Ley de fraude a la Constitución. Sin embargo, ahora Arturo Zaldívar se dobla frente a un acuerdo mucho más fraudulento, pues ni siquiera establece algún criterio para garantizar que el uso de las Fuerzas Armadas cumpla con los requisitos constitucionales. 

El acuerdo militarista de López Obrador, que ayer la Corte consideró que no invade las facultades del Poder Legislativo, le da al Presidente de la República una capacidad arbitraria para ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que la Constitución le reserva a los civiles, pues él mismo es el único que interpreta si se hace de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Por supuesto que en los hechos nada de lo mandado está ocurriendo. La Guardia Nacional es un simulacro y las tareas que supuestamente debería cumplir, con entrenamiento, disciplina y mandos civiles, las realizan sin pudor los soldados, sin capacitación alguna y sin regulación o fiscalización. Por supuesto, los militares se negaron a la subordinación ordenada e hicieron todo para desplazar a los civiles de cualquier posición de mando. Al final se quitaron de encima, de manera cínicamente inconstitucional, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la construcción y control de la Guardia. 

El fallo de la Suprema Corte de ayer es realmente vergonzoso. El argumento central de los ministros que votaron por desechar el reclamo de la Presidencia de la Cámara de Diputados es que el acuerdo militarista no invade la esfera legislativa, pero el Ministro Pérez Dayán les leyó a sus colegas de tribunal todas las funciones que el Presidente de la República, sin fundamento legal, le ha concedido a las Fuerzas Armadas. A pesar de ello, la mayoría de la Suprema Corte claudicó en su responsabilidad de hacer un análisis crítico de la Constitución.

¿Cómo es posible que la mayoría de los ministros considere que no hay invasión de esferas legislativas cuando el acuerdo le traslada a la milicia facultades reservadas por la Constitución a la Guardia Nacional sin ningún fundamento legal? El acuerdo extiende las atribuciones de los militares a funciones que la Constitución reserva a los civiles, como la detención o la investigación de los delitos. Es, sin duda, violatorio de derechos humanos fundamentales, los cuales, ya sabemos, han tenido crónicamente sin cuidado a los políticos y a los militares mexicanos. Por lo visto, la mayoría de los ministros de la Corte se suma a ese desprecio. 

La aceptación del tribunal de constitucionalidad de la arbitrariedad de la intervención militar en la seguridad pública es una señal lamentable de que los tres poderes de la Unión han claudicado frente a los militares. El paso al militarismo está dado y corremos un alto riesgo de que se institucionalice un régimen parecido al de Egipto, o al de Turquía durante buena parte del siglo XX, con las fuerzas armadas controlando a la sociedad y haciendo grandes negocios gracias a su capacidad de manipular la economía. López Obrador puede acabar como el civil facilitador del control castrense. 

En estas condiciones, la sucesión y las elecciones pueden acabar por ser irrelevantes, pues cualquier persona que ocupe la Presidencia de la República se va a enfrentar al reto de quitarle a los militares los privilegios y fueros recuperados durante las últimas dos décadas. Con el control de las calles, con la capacidad de investigar delitos y con los negocios que este Gobierno les ha concedido, los militares van a ser el único poder real en México, por más ineficientes, corruptos y violadores de derechos humanos que sean. Lo dicho: como en Egipto. Esa será la auténtica transformación duradera de López Obrador.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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