La discusión sobre mantener al Ejército en las calles hasta 2024 se venía arrastrando desde 2020.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionalmente válida la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta marzo de 2024.
La controversia constitucional 90/2020 que la SCJN rechazó fue promovida por la panista Laura Rojas, otrora presidenta de la Cámara de Diputados, en 2020 para frenar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024, aunque la disposición que lo permite se amplió este año hasta septiembre de 2028.
El grueso de los ministros declaró constitucional el acuerdo publicado en mayo de 2020 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que extendió la permanencia del Ejército en las calles en tanto se terminaran por desarrollar las capacidades de la Guardia Nacional.
🚨#ÚltimaHora | La SCJN validó el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que faculta a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. pic.twitter.com/z9ZAxk2ayd
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La Ministra ponente Margarita Ríos-Farjat se pronunció por declarar infundada la controversia constitucional que interpusieron diputados federales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) en contra del decreto que establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
“Es procedente, pero infundada la controversia constitucional que interpuso la expresidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, contra el mencionado acuerdo, el cual se extendió en septiembre para alargar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028″, detalló la Ministra en su ponencia.
Recalcó que el acuerdo no significa que se normalice la militarización y se renuncie a la formación de una Guardia Nacional: “El acuerdo controvertido, si bien es vehículo para materializar la decisión proveniente de ambas cámaras del Congreso de la Unión, no implica por sí solo esa materialización, sino que el Presidente de la República únicamente instruyó a sus subordinados a coordinarse para la observancia del mandato del constituyente y asistir cuando excepcionalmente se requiera, en las labores de la Guardia Nacional, que es el cuerpo policial civil federal”.
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La propuesta de la Ministra Ríos Farjat fue avalada por los ministros Loretta Ortiz Alhf, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar.
En contraste, los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales votaron en contra de todo el proyecto al considerar que el acuerdo no respeta la excepcionalidad del uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
El proyecto de la Ministra Margarita Ríos-Farjat argumenta que «la Cámara de Diputados sustentó sus conceptos en la afirmación inexacta, en la que ellos mismos otorgaron la facultad exclusiva para emitir una Ley que regule el ejercicio de la facultad prevista en el referido artículo quinto transitorio, pues ello constituyó una facultad explícita y excepcional al Presidente de la República para que condicionada a determinados fundamentos pudiera hacer uso temporal de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública».
No obstante, para el Ministro González Alcántara Carrancá, el acuerdo «abre la puerta para que el Ejército y Marina supla a la Guardia Nacional”.
