La semana pasada tuvo lugar la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) 2022 en Río de Janeiro, Brasil, organizada por el Instituto Prensa y Democracia (IPYS). A partir de 2019, ese importante evento donde se exponen y premian las mejores investigaciones de la prensa en la región, abrió en alianza con Artículo 19 un espacio de reflexión sobre las condiciones de seguridad para ejercer la labor informativa. El panorama es profundamente desolador, y lejos de mejorar, empeora.

Estamos viviendo la etapa de mayor letalidad contra el periodismo. En la región en este año se han reportado al menos 37 asesinatos de periodistas. Desde la creación de la Relatoría de Libertad de Expresión de a Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998, no se habían registrado tantos asesinatos en el hemisferio. Una vez más escuchamos con profundo dolor los testimonios de periodistas que han vivido agresiones, que han tenido que salir al exilio, que han vivido el acoso digital, que han visto periodistas asesinados o enviados a prisión. La red Voces del Sur documentó que durante 2021 se agredió a la prensa cada dos horas en América Latina.

Continúa la tendencia de gobiernos autoritarios y populistas que ven al periodismo independiente como enemigo. Es la era de los caudillos que quieren destruir a la prensa independiente. La transición a la democracia liberal en América Latina buscó garantizar el recambio de poderes políticos, pero mantuvo vigentes las estructuras de poder económico que reproducen la desigualdad y la exclusión. La falta de acceso a bienes y servicios públicos (educación, salud, justicia) para amplias mayorías fue el caldo de cultivo perfecto para la nueva deriva autoritaria que vivimos. 

Los gobiernos neoliberales y post-neoliberales han presentado una falsa disyuntiva entre libertad política e igualdad económica. En los hechos, los nuevos líderes y sus proyectos políticos no han garantizado tal igualdad y han reconfigurado un pacto de élites. En suma ganan los mismos, o a lo sumo, se suma un puñado de nuevos ganadores a los viejos. 

Por ello, las y los periodistas que se dieron cita en el COLPIN reconocieron que es necesario volver a la defensa de los principios y prácticas básicos de la democracia y protegerlos. Hoy enfrentamos a modelos de macro-corrupción y macro-criminalidad en los que convergen actores políticos, militares, económicos; nacionales y locales; legales e ilegales. Es fundamental poner luz sobre los vínculos entre estos actores a través del periodismo crítico e independiente y la defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, Internet nos abrió un nuevo escenario de disputa democrática y de lucha por los derechos humanos. Es una herramienta habilitadora de otros derechos, pero también implica grandes retos en términos de desinformación y ataques a la prensa. En este marco es importante seguir luchando por una gobernanza global de Internet que evite que uno solo de los actores tenga predominancia y determine qué contenidos publicar. Como principales amenazas a esta herramienta detectamos: las legislaciones restrictivas, las vulneraciones a la privacidad y protección de datos y la desigualdad en el acceso y de expresión de personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Además se han incrementado las acciones judiciales y las normas restrictivas contra el ejercicio periodístico. Como correlato, persiste la impunidad casi absoluta en los crímenes contra la prensa. Se ha incrementado también el uso de las redes sociales para hostigar y censurar a periodistas. Se vive una especie de linchamiento mediático, muchas veces orquestado por poderes públicos y privados. Esto ha llevado a constatar la tragedia de que los periodistas tengan que cuidarse de sus propias audiencias.  

Por eso la importancia de develar cómo operan las estrategias de estigmatización y polarización desde las más altas tribunas públicas de nuestros países hasta el hostigamiento digital. Dichas estrategias son transnacionales y requieren de una comprensión y colaboración regional para exhibirlas. Como se ha revelado en Guatemala, estos grupos de ataque en el ámbito digital tienen un fuerte financiamiento desde los Estados.

Para ponerle nombre y apellido, de especial gravedad es lo que se vive en Cuba y Nicaragua. La vertiginosa degradación del Estado de Derecho en Guatemala y El Salvador resaltaron como puntos de preocupación por la abierta estigmatización, persecución y criminalización de la prensa. México destaca por ser el país más letal para la prensa en un ambiente de suma hostilidad pública. En Brasil, el Gobierno saliente de Bolsonaro minó las garantías para periodistas mediante un discurso agresivo y hostil que se replicó por otros actores públicos, redundando en amenazas y diversas agresiones físicas.

La desigualdad de género sigue siendo un terreno de resistencia y de promoción de cambios de fondo para garantizar el ejercicio a la libertad de prensa, tanto frente al Estado como dentro de las empresas de medios de comunicación. Hay que insistir en la mirada de género y en el impacto de las amenazas y las violencias contra las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. 

En este escenario, vemos con esperanza múltiples signos de resistencia, defensa y promoción de la libertad de expresión y del periodismo independiente. En todo el continente emergen redes de solidaridad y de apoyo. Hay prácticas de periodismo colaborativo para informar de manera coordinada sobre amenazas contra periodistas;  estrategias colectivas de defensa legal y la presión internacional sigue siendo un factor importante. Es básico seguir actuando a nivel internacional, de seguir impulsando campañas regionales, misiones internacionales de observación y denuncias colectivas.

En esta tesitura, pudimos identificar al menos 14 redes que existen en la región. Estas redes han sido clave para la capacitación y para acciones de acompañamiento. El reto es que los liderazgos de estas redes regionales sigan avanzando en mecanismos de coordinación complementaria.

En cuanto a la respuesta del Estado frente a esta crisis, son necesarios los mecanismos de protección, tomando en cuenta que fueron fruto de la exigencia ciudadana y que  son un recurso que hay que mejorar en cuanto a la calidad de su implementación y desempeño. Dichos mecanismos deben acompañarse de investigaciones diligentes que garanticen justicia, verdad y reparación a la víctimas.

Entre los principales aprendizajes que nos ha dejado nuestro trabajo en este contexto complejo y de gobiernos autoritarios, está la importancia de seguir documentando e investigando con rigor, de seguir actuando con independencia frente a los gobiernos más allá de su signo político e ideología y aproximarse a las realidades de la población para que la información sea útil en el ejercicio de sus derechos. El aporte del periodismo a la democracia es justamente el develar situaciones injustas y el ejercicio de la crítica. Ante el ascenso del autoritarismo, urge más y mejor periodismo.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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