Dos mujeres denunciaron acoso laboral en instituciones del Gobierno de Jalisco –una de ellas tras vivir hostigamiento sexual, otra por padecer una enfermedad autoinmune–, pero sus casos fueron archivados y presentan pocos avances, por lo que señalaron a las autoridades de ser cómplices de los presuntos agresores.
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– «Antes sólo quería que me dejaran en paz. Como no sucedió así, ahora quiero justicia». Así describe Georgina Argüello Michel su proceso después de haber presentado una denuncia por hostigamiento sexual y acoso laboral en contra del Secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, uno de dos casos de posible encubrimiento de acoso laboral en instituciones gubernamentales en tierras tapatías.
Tanto a Argüello Michel como a Mara Guzmán –quien denunció por delitos contra la dignidad humana al exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Krystian Felipe Luis Navarro– se les archivaron carpetas de investigación y quejas en contra de los servidores públicos, por lo que han acusado una complicidad del Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez con los presuntos agresores.
«El Gobernador sigue protegiendo al Secretario y sigue insistiendo en que [las acusaciones] son cuentos, y así el Gobernador de Jalisco es indolente con todas las víctimas, no sólo conmigo», lamentó Gina. «Lo he visto en este tiempo que me metí en este mundo de denuncias: el Gobernador es indolente con todas las víctimas».
«TENÍA MIEDO»
En 2020, Argüello Michel trabajaba en la STPS jalisciense, a donde llegó por invitación de su expareja sentimental y cuyo titular es Pérez Gollaz. El Secretario ya había enviado repetidamente mensajes a Gina fuera de horario laboral, pero ella consideraba que la situación era manejable, hasta el día que le propuso acompañarlo a un viaje a la playa, sin que hubiera un motivo de trabajo por de medio.
«Desde que un jefe te empieza a hacer insinuaciones de índole sexual es incómodo, porque ya no sabes qué esperar ante tu negativa. Cuando alguien te empieza a hacer invitaciones e insinuaciones y dices que no, inmediatamente piensas: ‘¿Ahora qué va a pasar?», compartió en entrevista con SinEmbargo. «¿Me va a dejar seguir trabajando normal o van a empezar la represalias, los malos tratos, etcétera? Y así fue, hubieron represalias, malos tratos, hostigamiento y el acoso».
Cuando Argüello Michel decidió presentar una queja ante el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía local en el 2021, le aseguraron que no era posible hacerlo por el delito de acoso sexual porque ya había prescrito, es decir, ya no podía ser juzgado. Entonces, se abrió la carpeta 84583/2021 por delitos contra la dignidad de las personas.
La denunciante acusó que las autoridades le hicieron firmar un documento para que su carpeta fuera archivada temporalmente, pero se puso en contacto con el abogado Víctor Manuel Pérez Carrera y el litigante logró que se desempolvara el caso, puesto que había un nuevo delito que se sumó: mientras Gina había intentado avanzar en su proceso legal, identificó que surgieron páginas web y perfiles en redes sociales donde se divulgaba contenido sexual íntimo suyo. Ahora, quería ampliar su denuncia para incluir el delito de violación a la intimidad sexual en contra del Secretario y/o quienes resultaran responsables.
«Ya me habían advertido que me iban a desacreditar, entonces ya para cuando abrieron las páginas pornográficas [el abogado] me ayudó a hacer la denuncia de invasión de la intimidad para también volver a abrir mi carpeta», expuso Argüello Michel. «Él fue el que me dijo que [la carpeta] estaba en archivo y de ahí fue cuando vimos que se estaba entorpeciendo todo el tiempo el procedimiento legal».
Durante el proceso de denuncia, detalló la mujer, subordinados de Pérez Gollaz rindieron testimonio en su contra, y se le negaron en un primer momento medidas cautelares como el Pulso de Vida (un botón que «sirve para alertar a dichas autoridades cuando la portadora del dispositivo se encuentra en riesgo o peligro», según anuncia la página web del aparato), a pesar de que el Secretario tenía no sólo guardaespaldas armados que hacían a Argüello Michel sentirse vulnerable, sino también contactos en la policía.
«Tomé conciencia de que él conocía a policías, gente armada, gente que que se puede prestar a dañarte físicamente a ti y a tu familia. Entré en un estrés muy fuerte, (…) me dieron antidepresivos, no podía dormir, tenía pesadillas. Tenía mucho miedo, más que por mí, por mi hijo», recordó. «Todo el mundo me decía, ‘Cuídate del Secretario, conoce gente armada, tiene dos guardaespaldas armados, (…) y conoce a mucha gente que se atreverían a dañarte físicamente con armas, pero ya estaba la denuncia, ya no podía echar marcha atrás, era más peligroso que que yo desistiera».
Incluso, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, fue cuestionado al respecto de las acusaciones que pesan contra su Secretario, las cuales desestimó al decir que se trataba de «puros cuentos».
Hoy, una moción de juicio político separa a Gina de que su presunto agresor pueda ser juzgado penalmente por las acciones señaladas por primera vez hace dos años. Ella desearía que el Congreso del estado se pronunciara en favor suyo, pero dice que tampoco es «inocente», pues Movimiento Ciudadano –partido gobernante en Jalisco– también reina en el Poder Legislativo.
«Ojalá y tenga la solidaridad de las diputadas, que son en su mayoría mujeres, pero también no soy inocente: sé que el Congreso está integrado por su partido, que es Movimiento Ciudadano, y que lo han estado protegiendo, y no tengo muchas esperanzas», concluyó.
SinEmbargo buscó al Secretario Marco Valerio Pérez Gollaz para obtener un comentario al respecto de las acusaciones, pero la dependencia se negó a hablar por el momento debido al proceso jurídico que atraviesa el funcionario.
MARA DENUNCIA ABUSOS AL INTERIOR DE LA CEDH
Mara Guzmán vive con una enfermedad llamada «espondilitis anquilosante» la cual, de acuerdo con la página web del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos, provoca la inflamación de ciertas partes de la columna vertebral.
Como parte de su tratamiento, empezó a tomar medicamentos inmunosupresores, por lo que cuando estalló la pandemia de COVID-19, formaba parte del grupo de personas con mayor vulnerabilidad de ser contagiadas por un virus contra el cual todavía no existía una vacuna en ese momento, y por el cual millones estaban muriendo alrededor del mundo. Sin embargo, esto no detuvo a su jefe en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDH) a que la obligara a acudir presencialmente a las oficinas a trabajar, y cuando ella se negó para cuidar de su salud, la empezara a acosar.
En marzo de 2020, el Segundo Visitador General Krystian Felipe Luis Navarro dio la orden a su centro de trabajo que realizaran sus actividades a distancia debido al coronavirus, pero cuando en mayo pidió a los administrativos que regresaran a las oficinas, Guzmán le indicó que no podía acudir en persona debido a su estado de salud, y le compartió las recomendaciones hechas en este sentido por parte de un médico particular y un especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ante la negativa de la servidora a ir a las oficinas, Luis Navarro empezó en los meses siguientes a instruir a sus colegas que no le compartieran los documentos ni información que Mara requería para poder desempeñar sus labores a distancia, según denunció la funcionaria.
«Hubo hostigamiento laboral, claro. Incluso hay otra persona involucrada –un visitador adjunto– que fue quien daba las instrucciones para que me quitaran a mí el trabajo. Él [Luis Navarro] le comentó al otro visitador: ‘¿Sabes qué? Quítale todo el trabajo jurídico, porque queremos demostrar que ella no trabaja», expuso Guzmán.
A pesar de que ella solicitó en reiteradas ocasiones su cambio de área, y que se le permitiera trabajar a distancia, el Segundo Visitador General no accedió. Para mediados del 2021, ella decidió emprender una queja ante el Órgano Interno de Control de la CEDH, pero ésta no avanzó.
«Estaba la anterior administración, entonces esa queja me la archivaron de inmediato. Obviamente, el visitador ofreció testimoniales, y esos testimonios estaban desacreditándome a mí, como es lo que pasa con todas las víctimas», detalló Guzmán en entrevista.
También interpuso una denuncia por delitos contra la dignidad de las personas ante el Centro de Justicia para las Mujeres, la cual fue archivada en tres ocasiones; de acuerdo con la denunciante, esto fue debido a que la abogada que representa a Luis Navarro tiene contactos al interior de la Fiscalía. Además, se descartaron pruebas periciales psicológicas –las cuales comprobaban que Mara desarrolló un trastorno de estrés postraumático a raíz de esta situación– y testimonios que sumaban a la evidencia presentada en contra del ahora extrabajador de la CEDH.
«Lo han protegido. Han archivado la carpeta de investigación tres veces, [la quisieron desechar por falta de pruebas] y ahorita estoy en el proceso del amparo», ahondó Mara. Ahora, dice, sólo quiere su paz. «Quiero justicia, quiero estar tranquila, quiero trabajar tranquila y que se respete la enfermedad que yo padezco, porque la enfermedad es delicada».
El abogado de Mara y Gina, Victor Manuel Pérez Cabrera, aseguró que ambos casos ejemplifican para él un mal diseño para proteger a las mujeres en la estructura de los sistemas de justicia de Jalisco.
«Nunca me había tocado llevar un caso de mujeres en este escenario así, y es triste ver (…) que sí les afecta en sus trabajos, porque han sido segregadas, que es una cualidad del acoso laboral. Yo me pregunto cómo es posible que esto [el sistema de justicia] funcione, cuando en un Centro de Justicia tienes a los ministerios públicos y tienes a los juzgados de control, es obvia la amistad que hay entre ellos, es obvio que no pueden ser objetivos en sus determinaciones porque ellos conviven día a día», argumentó.
Sin embargo, también espera –como lo hacen Mara y Gina– obtener justicia para ambos casos, y con ello empezar a generar cambios en el sistema de justicia de Jalisco que realmente permitan una protección integral de las mujeres del estado.
