Por Manuel Alcántara/Latinoamérica21

Luiz Inácio Lula da Silva es probablemente el político latinoamericano que más veces se ha presentado a una elección presidencial en las últimas cuatro décadas y, junto al dominicano Leonel Fernández, el que más elecciones competitivas ha ganado. Su edad, 77 años, hará que a partir de enero próximo sea el mayor de los presidentes de la región. Sus dos mandatos presidenciales anteriores (2002-06 y 2006-10) no solo supusieron la histórica llegada al poder de un hombre de izquierda, sino que constituyeron un periodo de avance de la democracia, de crecimiento económico y de reparto de la riqueza, con la consiguiente disminución de la desigualdad y la eliminación de importantes bolsas de pobreza.

La bonanza económica, los débiles mecanismos de control y un reparto indiscriminado del pastel político entre amplios sectores de la clase política dispararon los casos de corrupción que alcanzó cotas de amplia generalización. Los enemigos políticos de Lula apuntaron a él como máximo responsable, pero su culpabilidad no llegó a ser fehacientemente probada, aunque penó 580 días de prisión. Esa circunstancia le inhabilitó para ser candidato en 2018.

Brasil, por otra parte, es un caso singular de presidencialismo de coalición, lo que supone que los Gobiernos están acostumbrados a generar en el Poder Legislativo amplias coaliciones para sacar adelante sus políticas públicas. El elevado número de formaciones políticas, así como criterios de alta proporcionalidad en su sistema electoral legislativo, hacen del país uno de los de mayor fragmentación de su sistema de partidos.

También se trata de un país federal con estados como São Paulo, con una gran población y una economía que le situaría en el tercer lugar de entre los países latinoamericanos si fuera independiente. El país cuenta, además, con una diferencia notable entre sus propios estados en términos de las principales variables socioeconómicas. Por otra parte, desde 1985 ha venido consolidando instituciones políticas en el ámbito de la Administración Pública, del Poder Judicial y del Tribunal Superior Electoral, cuyo desempeño es ejemplar. Además, logró el sometimiento de los militares al poder civil.

Sin embargo, hace cuatro años la insólita elección de un candidato con magras cualificaciones políticas cambió el escenario político en dos direcciones marcadas por un preocupante nivel de desinstitucionalización. En primer lugar, el vencedor de los comicios, Jair Bolsonaro, puso en marcha una operación de personalización extrema y, seguidamente, cuestionó una parte fundamental del orden democrático, como es el ordenamiento electoral, que lo hizo el centro de sus diatribas y con la consiguiente erosión de la democracia.

Tras cuatro años de poner en duda a un sistema electoral modélico, articulado desde 1996 mediante el voto electrónico, las denuncias sobre supuestas irregularidades se multiplicaron por 20 pasando de una cifra en torno a las 700 en 2018 a las 14.000 en 2022. En la primera vuelta presidencial en la que también se eligió al Congreso y a autoridades electorales, los cerca de 700 millones de votos emitidos estaban escrutados en menos de tres horas sin reportarse desviaciones notables y quedando revalidado el trabajo del Tribunal Superior Electoral por la plural veeduría internacional.

Los comicios de Brasil han comportado ciertas similitudes en cuanto a los resultados en comparación con sus países vecinos. La más evidente supone el hecho de la alternancia política, tal como ha sucedido en todas las elecciones libres y competitivas celebradas en los últimos tres años en América Latina donde la oposición se alzó con el poder. En segundo término, tal como acaeció recientemente en Chile y en Colombia, un candidato de la izquierda llegó al poder. En tercer lugar, el Gobierno tendrá que trabajar para componer una alianza que lo apoye en el Congreso, algo que también ocurre en estos dos países y a lo que se suman Costa Rica, Perú y Uruguay, que tuvieron, asimismo, comicios recientes. Finalmente, el margen de victoria del vencedor sobre el perdedor ha sido de poco más de dos millones de votos, es decir, el 1.8 por ciento del electorado, una cifra mayor a la que se registró en Perú y en Uruguay donde la victoria de Pedro Castillo y de Alberto Lacalle, respectivamente, ocurrió por una diferencia aún más pequeña.

No obstante, un buen número de trabajos de opinión que han sido publicados han insistido de manera obsesiva en la idea de un país radicalmente dividido, cuando el escenario es más complejo. No es solo una cuestión del avance de la denominada polarización afectiva frente a la clásica de carácter ideológico; lo que ha ocurrido debe vincularse con los efectos del presidencialismo en el que la lógica que se sigue es la de “suma cero” y el resultado es que el vencedor se lo lleva todo.

Además, en un escenario en el que solo compiten dos candidatos, la tendencia no hace sino consolidar la batalla mediática que se viene librando desde hace meses, por no decir años. Las campañas electorales centradas en candidatos afinan hoy sus estrategias en el hiperindividualismo que se enseñorea de las sociedades líquidas mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La explosión de los bulos y el manejo de las cajas de resonancia que constituyen las redes sociales vacían las campañas de cualquier contenido programático.

Lula cuenta con el sostén de un partido político que fundó hace cuatro décadas y que mantiene cierta solvencia en el panorama político del país y ha gozado del apoyo de políticos tradicionales del sistema político brasileño que se sitúan en el espectro de la centro-derecha, como es el caso de su compañero de fórmula Geraldo Alckmin, del del expresidente Fernando Enrique Cardoso y de la candidata Simone Tebet.

Por otra parte, la localización geográfica del voto no hace sino representar una división del país que es histórica en términos de su renta, algo que se refleja en el hecho de que Lula ganara en 13 estados, y Bolsonaro en 14. Un estado relevante como es Minas Gerais ha vuelto a votar como la media del país.

Frente a ello, Bolsonaro ve dilapidado su capital político al quedar fuera de las instituciones y ni siquiera tiene la seguridad de contar con el partido prestado que apoyó su candidatura pero que ahora encara una gestión de sus propios activos en el ámbito legislativo y en el estadual. Por su parte, el complejo mundo del evangelismo que aupó a Bolsonaro centró su atención para los próximos cuatro años en la gestión de su transversal bancada legislativa sin tener necesidad de aquel que hace cuatro años y medio volvió a recibir el bautismo en el río Jordán como vanidosa premonición del desastre del manejo de la COVID-19. La política brasileña tiene presidente, pero no líder de la oposición.

Manuel Alcántara es profesor de Ciencia Política, de la Universidad de Salamanca y de la UPB (Medellín). Últimos libros publicados (2020): “El oficio de político” (2.ª ed., Tecnos, Madrid) y coeditado con Porfirio Cardona-Restrepo "Dilemas de la representación democrática" (Tirant lo Blanch, Colombia).

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