La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al Gobierno mexicano que se debe de asegurar la independencia y autonomía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, puesto que los expertos internacionales identificaron eventos que podrían comprometer el proceso de búsqueda de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes.
Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron la autonomía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), tras la desestimación de órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas y la renuncia de su titular Omar Gómez Trejo.
Durante conferencia de prensa desde la Escuela Normal "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero, para la presentación del Tercer Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA), la comisionada relatora para México, Esmeralda Arosemena, hizo un llamado al Estado mexicano a que se respete la división de poderes para que se haga justicia a ocho años de lo ocurrido, pues consideró que existieron eventos alarmantes que "estaban afectando esta independencia de la UEILCA sobre su capacidad, su autonomía, y lo que a su vez está afectando búsqueda de justicia y que hoy puede comprometer la legación e intimidad ganada en el proceso del caso Ayotzinapa".
"La solicitud de captura de [el exprocurador de General de Justicia Jesús] Murillo Karam por otras unidades fiscales ajenas a la UEILCA, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano fiscal debe de tener, y que es parte del deber de investigar con debida diligencia del proceso determinaron la salida del titular de la UEILCA y los agentes ministeriales que tenían ya un basto conocimiento de las investigaciones, lo que a su vez hoy puede estar afectando la continuidad y las experticias en el manejo del caso", expuso.
En el último mes la @Cidh levantó señales de alerta sobre la autonomía de la #UEILCA. El desestimiento de órdenes de aprehensión y otras acciones constituyeron intromisiones graves a la autonomía que debería tener la Fiscalía y esto derivo en la renuncia del Fiscal de la #UEILCA pic.twitter.com/mbO0MFHCNy
— Centro Prodh (@CentroProdh) November 15, 2022
En este sentido, recordó que en el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) se presentó información que hasta ese momento era desconocida sobre la desaparición de los 43 estudiantes, la cual no se compartió en su momento con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni con representantes de familiares, cuyo valor probatorio incluso se ha cuestionado por parte de la CIDH.
"Esto definitivamente impacta en la cuidadosa labor que la COVAJ había estado consolidando para no presentar conclusiones adelantadas frente a un caso que se está ventilando en la actualidad en los tribunales", remarcó Arosemena. "Es necesario para asegurar que la independencia ministerial sea el componente fundamental del deber, del principio, de debida diligencia. ¿Qué es eso? Una investigación pronta, seria, exhaustiva, que garantice el acceso a la justicia de todas las víctimas. (...) Si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad, ni de justicia".
Además de esta solicitud al Gobierno de México, apuntó que en el informe también se reconoce que hubo una obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas, entre ellas la creación de la llamada "Verdad Histórica" de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Murillo Karam.
"El informe confirma que el Estado viene recopilando evidencia, judicializando, fabricando diligencias que dieron lugar a esta obstrucción de la justicia, como hemos indicado, y que esto debe ser debidamente investigado", apuntó.
Por último, la relatora enfatizó que las autoridades deben de generar evidencias que demuestren jurídicamente la existencia de un contexto de criminalidad –como identificado con el caso de la cédula Guerreros Unidos– que existe en Guerrero, su conflicto "latente" entre grupos ilegales que se dedican a la producción y tráfico de drogas y su relación con las autoridades estatales y municipales.
AYOTZINAPA NO ES UN CASO AISLADO
Por su parte, la Comisionada presidenta Julissa Mantilla recordó que lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 no se debe de considerar como un caso aislado, puesto que la desaparición forzada se debe de reconocer en el marco de un Estado como México, donde suman más de 100 mil desaparecidos.
"Es muy importante que personal de la Fiscalía [General de la República], y en general, se conozca que la desaparición forzada es una violación de derechos humanos que continúa (...) no terminan ni por decreto, ni por decisiones unilaterales", argumentó Mantilla. "Ayotzinapa no es un caso aislado, es un caso que se enmarca en una situación estructural de violación de derechos humanos y desaparición".
Para la atención de esta problemática es necesario que haya una independencia de poderes en el Estado que permita las investigaciones en búsqueda de la justicia. Además, indicó que la búsqueda de personas desaparecidas ya es en sí un hecho doloroso, por lo que es "cruel" que se genere una narrativa no verificada ni fundamentada, como en el caso de la "Verdad Histórica" difundida por la PGR.
"Por eso se dice que en la desaparición forzada hay una victimización adicional a los familiares, porque es tocar de una manera tan inapropiada la esperanza y la expectativa", declaró Mantilla.
Las diligencias para el Caso Ayotzinapa enfrentan un momento de crisis, pues durante el año en curso se han registrado diversos obstáculos para el acceso a la justicia de víctimas y familiares de los desaparecidos: la renuncia del titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo; el cuestionamiento de la investigación realizada por las autoridades mexicanas en torno al caso, así como el valor probatorio de evidencia presentada como capturas de pantallas de supuestos mensajes intercambiados entre personajes involucrados; la cancelación de 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra presuntos implicados; y el retiro de dos de los especialistas que estaban en territorio mexicano como parte de las labores del GIEI.
