Como cada 2 de noviembre, el miércoles conmemoramos el Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en medio de la peor crisis de violencia contra periodistas de la que se tenga registro.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) señala que al menos 35 comunicadoras y comunicadores han sido asesinados en Latinoamérica este año, un registro que no se tenía desde 1998. En México, desde Artículo 19 hemos documentado el asesinato de 11 periodistas en posible vínculo con su ejercicio periodístico. Le sigue Haití con 7 periodistas privados de la vida. La UNESCO señala que a nivel mundial impera impunidad de 98 por ciento en estos crímenes, patrón con el cual México se alinea prácticamente con el mismo porcentaje.

Las condiciones propicias para lo anterior son varias. A las viejas estructuras de complicidad entre cárteles, gobiernos y poderes económicos formales (macrocriminalidad), con las consecuentes corrupción e impunidad necesarias para encubrir dichos pactos, se suman problemas emergentes que se potenciaron los últimos años. La polarización, regímenes políticos en franca deriva autoritaria, desinformación desde poderes públicos y privados, estigmatización permanente de la prensa desde las tribunas político-partidarias; son algunos temas que abonan a la impunidad sistémica y sistemática de los Estados de derecho endebles y deficitarios imperantes en la región.

El desencanto social en las democracias nos tiene en un momento donde medidas autoritarias y restrictivas de derechos humanos son vistas con buenos ojos por amplias mayorías. La transición a la democracia en América Latina no redundó en resultados para la población en término de acceso a bienes y servicios públicos.

Los regímenes bajo los cuales los bunkers tecnocráticos validados por elecciones periódicas se apropiaron del aparato público en beneficio de ciertas élites económicas y políticas, ha ido cediendo a uno que sostiene la legitimidad de los gobiernos en sus altos niveles de popularidad bajo la promesa de una distribución igualitaria de beneficios sociales. Ahora sería poco acertado decir que ahora estamos en contextos de democracias “plebeyas” porque, a pesar del discurso que apela al pueblo, en realidad se han reconfigurado los pactos con las viejas élites o dado paso a nuevas para hacerse de la hegemonía nacional o subnacional.

Como sea mantiene vigencia una democracia de tipo delegativa (según Guillermo O’Donell): la participación pública se constriñe primordialmente a los ejercicios electorales, dejando los asuntos públicos y de interés público en manos de los políticos. Por otro lado, el pluralismo como valor central de la democracia, se garantizaba de forma y parecía más una simulación en el momento tecnocrático. En el momento actual ni siquiera se molestan por simularla: hay un pueblo, una voz y un líder.

El panorama aquí planteado con una enorme simplificación y sin tomar en cuenta matices y circunstancias más locales, es propicio para la crisis de violencia contra la prensa. Si la democracia y sus valores cívicos son relativizados, la libertad de expresión y prensa van en ese paquete. Pero una cosa es que la sociedad se muestre escéptica frente a los medios de comunicación y otra es que los poderes públicos y privados la ataquen de todas las formas posibles aprovechando la lejanía con las audiencias.

Para el escepticismo social, el antídoto puede ser una prensa ética que hable a la sociedad abordando los problemas sociales que aquejan a las comunidades. Sin embargo, cuando es desde el poder que se ataca a la prensa la solución es más compleja. Son los propios gobierno y sus aliados usando (o no) los recursos del estado para mantener a una prensa amedrentada. No conviene que se ponga luz sobre la desvío de recursos públicos, violaciones a derechos humanos, daños medioambientales, y un largo etcétera.

Por eso sería ingenuo considerar ese 98 por ciento de impunidad en los crímenes contra la prensa como una simple falla del sistema. Es el sistema funcionando como “debe ser” y para “quienes debe ser” en la torcida lógica de los privilegios. Persiguiendo y criminalizando periodistas y activistas en países como Cuba, Guatemala y Nicaragua; congelando investigaciones sobre agresiones a la prensa desde México hasta la Patagonia.

La impunidad no será erradicada en lo inmediato, para ello requeriremos creatividad y redes que trasciendan a los ámbitos locales y nacionales . Por ejemplo, los mecanismos de observación internacional son una buena práctica para ayudar a revertir situaciones estructurales de violencia y evitar la manipulación de casos. Véase el caso del GIEI- Ayotzinapa sin el cual hubieran supeditado fácilmente la verdad a los intereses políticos de dos gobiernos. Por eso, voltear hacia la ayuda técnica internacional para la mejora de las investigaciones y generar condiciones de justiciabilidad es otra vez una opción.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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