Citando a un clásico de la llamada 4T, la encuesta sobre el INE que hizo el propio instituto “sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve”. Para lo que sí sirve es para golpear al INE y con eso basta. La encuesta no sirve para más, le vieron la cara a quien la pagó. Los eternos preocupados con el costo de la democracia, argumento favorito para desacreditar al sistema electoral, no cuestionan haber gastado dinero público en una encuesta mal hecha, que no sirve para tomar decisiones. Tampoco cuestionan lo absurdo que resulta someter a elección a la autoridad electoral, el desgaste, el costo y lo manipulable que puede resultar el experimento.

Los mal pensados opinan que todo el circo de la reforma electoral no tiene otro objetivo que poner desde ahora un signo de interrogación a los resultados electorales para que, en el remoto caso de que no les sean favorables al movimiento del presidente, tener excusas para no reconocer el resultado. Suena exagerado. Pero, del otro lado, ni siquiera los que aún le creen al presidente se tragan el garlito de que se trata es de quitarle el INE y el Tribunal a la oligarquía, y mucho menos de abaratar la democracia. No nos hagamos: en una elección nacional abierta, sin una fuente de financiamiento establecida y vigilada, va a ganar el que tenga más billete, venga éste de la corrupción gubernamental, de los empresarios o del crimen organizado, que no son sino diversas formas de expresión de la oligarquía. Si las campañas las pagan los partidos, a los que les quieren quitar dinero, entonces los consejeros serán empleados directos de éstos. Con todos sus problemas, la forma de elección por mayoría calificada en el Congreso genera vetos, pero también equilibrios. El sistema actual puede mejorar sustancialmente implementando exámenes de oposición y un sistema de cuotas por género y por regiones del país. Sin embargo, otra vez, ese no parece ser el objetivo de la reforma.

Reducir la representación -número de regidores, diputados locales, diputados federales y senadores- puede tener sentido económico y hacer más funcional nuestro sistema democrático sí y solo sí mantenemos la proporcionalidad y aseguramos la eficiencia de los mecanismos de control. Pero el problema no está ahí. Lo que le duele a nuestra democracia no son los árbitros, son los jugadores. Si decidimos que los partidos políticos tengan financiamiento público para que los poderes fácticos, los dueños del dinero, no influyan de más en los procesos electorales, los ciudadanos debemos tener mucho más control sobre las finanzas y la vida interna de los partidos. Los procesos de selección de candidatos, los ingresos y los gastos de las campañas deben ser fiscalizados de inicio a fin. De lo que se trata es de hacerlos rendir cuentas y de usar todas las instituciones del Estado (no del gobierno en turno) para que el derecho a votar y ser votado -sentido último de todo este tinglado- sea lo más amplio posible.

Diego Petersen Farah

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