Avanzar en políticas de salud pública en las que existe consenso internacional para reducir el consumo de los llamados determinantes comerciales de la salud (tabaco, alcohol, comida chatarra y bebidas azucaradas, entre otros) se traduce y se calcula en menores casos de enfermedad y muerte, a eso se dirigen estas políticas: a reducir enfermedad y muerte. Bloquear estas políticas puede estimarse en el número de casos de enfermedad y muertes. A esto es a lo que se enfrentan los ministros y ministras de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 9 de noviembre: proteger la salud o actuar en contra de ella.

Los datos son catastróficos: de 157 mil 927 muertes en 2015 atribuidas al sobrepeso y la obesidad pasamos a 237 mil 674 en 2021, ¡un aumento de más del 50 por ciento! No hay sistema de salud pública que tenga la capacidad de enfrentar esta pandemia sin implementar de manera urgente políticas preventivas. Tampoco hay vacuna, solamente políticas de salud pública, muchas y diversas, todas muy importantes y siempre combatidas por las corporaciones, por quienes no quieren perder sus ganancias a costa de la enfermedad y muerte de la población.

Esta es la verdadera pandemia de los mexicanos. ¿Y cuál es la causa principal? El deterioro de nuestra dieta que tiene como su principal causa el alto consumo de productos ultraprocesados y bebidas endulzadas con excesos de azúcares, grasas, sodio, calorías. Tenemos el mayor consumo de estos productos en América Latina y uno de los más altos en el mundo. ¿Y a qué se debe que tengamos este consumo?, ¿a qué se debe que nos hayamos convertido en el “Imperio de la Comida Chatarra”? Se debe únicamente al poder que estas corporaciones tienen en nuestro país. La industria ha bloqueado y debilitado las políticas para enfrentar estas condiciones, como lo pretende hacer en unos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando marcha atrás al etiquetado frontal de advertencia, la política de salud pública de México más reconocida internacionalmente, que ha servido de ejemplo a otras naciones y ha sido reconocida y premiada por instituciones de la propia Organización Mundial de la Salud.

Las corporaciones buscan retirar o alterar el etiquetado frontal de advertencia a través de sus amparos en la SCJN. Sin duda, sería un escándalo internacional que lo logren, se mostraría como se doblega el Poder Judicial de nuestro país ante la narrativa de las corporaciones que tanto daño han hecho a la salud del país, sin tomar en cuenta toda la apabullante evidencia científica sobre su idoneidad.

Se dio un gran paso contra esta pandemia de sobrepeso y obesidad con la entrada en vigor del etiquetado frontal de advertencia, los octágonos negros en los productos comestibles y bebibles, que advierten cuando los productos contienen excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías. De inmediato, un gran número de empresas reportaron haber reformulado sus productos. Tan sólo mencionamos cuatro de las empresas que reportaron haber reformulado: LALA: 33 por ciento de las leches saborizadas disminuyeron los azúcares añadidos; PepsiCo: 70 por ciento los alimentos y bebidas fueron reformulados; Coca-Cola: 60 por ciento de su portafolio tuvo mejoras; Bimbo: 82 por ciento del portafolio de bollería fue reformulado.

Fue así que este etiquetado logró lo que ninguna otra política había hecho, bajar el contenido de estos ingredientes relacionados con las principales causas de enfermedad y muerte: azúcares, sodio, grasas. Desde el año 2020, el etiquetado fue reconocido como uno de los mejores del mundo por la propia Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Este último reconoció la importancia de que el etiquetado retirara los personajes atractivos para los niños y niñas en los productos con excesos de estos ingredientes y que se recomendará a este sector de la población evitar el consumo de edulcorantes y cafeína.

Sin embargo, las grandes corporaciones de productos ultraprocesados y bebidas altamente endulzadas han llevado amparos a la SCJN con el fin de retirar el etiquetado. Y ¿quién le habla al oído a los ministros? ¿Quiénes visitan a los ministros y a sus secretarios de cuenta que elaboran los proyectos de sentencia o los asesoran para tomar posición frente a los proyectos de sentencia? ¿Cuántos abogados hay del lado de las empresas, cuántos del lado de la salud?, ¿están libres de conflicto de interés los documentos que les presentan las industrias para argumentar en contra del etiquetado?, ¿evalúan los secretarios de cuenta y los ministros quién paga y quién elabora esos documentos, si están publicados en revistas científicas? ¿Están tomando en cuenta la evidencia científica publicada en prestigiosas revistas científicas revisadas por pares que reconocen este etiquetado como uno de los más entendibles, mejor fundamentados y más eficientes? ¿No hay conflicto de interés en quienes representan a la industria? ¿Cuál es su interés primordial?

Por lo pronto, la Catrina de la Chatarra avanza llevándose cada vez más vidas, oponiéndose a todas las políticas que afectan los intereses de quienes la han creado y que tienen una profunda responsabilidad en esta pandemia. Montada en una pirámide de enfermedad y desechos gobierna hasta ahora el país, penetra en las comunidades más pobres, daña más a los más vulnerables, se aprovecha de su condición, maquilla su imagen para aparecer como bella y buena, pero tiene una mueca macabra.

Haciendo lo que le corresponde, el Poder Legislativo avanza con la reforma a la Ley General de Educación para garantizar alimentos saludables en las escuelas donde actualmente los alumnos de primaria y secundaria consumen en promedio 500 calorías cada día, como han demostrado tres estudios diferentes, suficiente para que cada niño, niña y adolescente aumente varios kilos de peso al año. El Ejecutivo avanza por su parte, ha dado un paso importante en las reformas al Reglamento a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad que, para convertirse en realidad, requiere la publicación de sus lineamientos dirigidos a proteger a la población infantil de su publicidad. Veremos la oposición de los mismos actores a estas regulaciones.

La semana próxima, el 9 de noviembre, se vota el proyecto de sentencia sobre el primer amparo que busca eliminar el etiquetado, un amparo promovido por la empresa Barrilitos, perteneciente en México a Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola en el continente. Barrilitos en Estados Unidos es propiedad de Coca-Cola. ¿Quién está detrás de Barrilitos? Coca-Cola, que mantiene su campaña publicitaria “El Amor Multiplica”, a pesar de las denuncias presentadas por publicidad engañosa ante Profeco y Cofepris, una campaña que si hablara de la verdad diría: “La Muerte Multiplica”.

Afortunadamente, el proyecto de sentencia va contra el amparo y defiende la constitucionalidad del etiquetado de advertencia. Desgraciadamente, la salud pública no tiene cabilderos, ni millones para acercarse a los ministros y sus secretarios de cuenta. Lo que podemos hacer es hacerles llegar, públicamente, toda la abrumadora evidencia sobre la necesidad e idoneidad de este etiquetado y la responsabilidad que tienen los ministros y ministras a través de su voto: del lado de la salud o de la enfermedad y muerte.

Esperamos que los ministros y sus secretarios entiendan los principios más elementales de la salud pública: que lo determinante es la creación de ambientes saludables donde las opciones más asequibles (precio, disposición, publicidad, información) sean las saludables y que, epidemiológicamente, la educación para modificar decisiones personales, sólo es efectiva cambiando estos ambientes que actualmente inducen a hábitos que atentan contra la salud. Y que entiendan que el etiquetado frontal está diseñado para decisiones que toman un par de segundos y que, si el consumidor busca más información, la tienen en el reverso del producto. La industria ha buscado, como lo hizo en el pasado, que la información sea compleja y difícil de entender.

Toda la evidencia científica que respalda el etiquetado frontal de advertencia y los reconocimientos internacionales que ha recibido se han entregado a los ministros, ministras y sus equipos. Esta evidencia se encuentra y será actualizada públicamente en: https://etiquetadosclaros.org/

Quisiéramos que esta discusión fuera pública y que los ministros que voten a favor del amparo de Barrilitos presenten públicamente sus argumentos. Tenemos el derecho a conocer las razones de los votos contra una política que llevó años desarrollar y en la que participaron instituciones académicas, instituciones del Estado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. No deberían presentarse votos en contra de esta política sin la presentación pública de los argumentos que los respaldan.

Alejandro Calvillo

https://www.sinembargo.mx/author/calvillo/

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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