En papel, la Conagua ha dado más concesiones al sector agrícola o inmobiliario que el agua que hay disponible en el territorio, advierten organizaciones civiles.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– Aunque en zonas importantes del país no hay disponibilidad de agua por la sobreexplotación de acuíferos, se siguen entregando concesiones «en papel» en un «mercado de agua» donde hay especuladores, advirtió Elena Burns Stuck tras dos años en la dirección de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un diagnóstico con el que coinciden investigadores hídricos.
Durante los primeros diez años de la Ley de Aguas Nacionales salinista (1992), en 229 cuencas y acuíferos, incluyendo las principales zonas metropolitanas del territorio nacional, “se repartió más agua en papel de la que había en realidad, antes de publicar disponibilidades, resultando en aguas fósiles con plomo y arsénico, hundimientos, socavones, y falta de acceso. La única manera de obtener agua en estas zonas es a través de la compra de derechos en los ‘mercados de agua’, en donde encontramos acaparadores y especuladores”, dijo en entrevista con SinEmbargo, un día después de que se le impidió el acceso al edificio de la dependencia federal, al sur de la Ciudad de México.
Por la tarde de este mismo día la Conagua anunció su “cese” alegando la necesidad de “acelerar” la entrega de concesiones, sin que se hubiera reunido el Consejo Técnico de la Semarnat, única instancia con competencia para nombrar y destituir servidores públicos de su nivel.
“Hasta que se cuente con la Ley General de Aguas –atorada en el Congreso–, que desmantelará los mercados del agua y pondrá fin a la especulación con el vital líquido, se debe hacer todo lo posible dentro de la actual ley para quitar el agua a los acaparadores y especuladores, y proteger a los pequeños productores”, determinó.
Burns explicó que su equipo estaba ordenando los 170 mil trámites para concesiones rezagados que heredaron de la administración pasada, para así poder priorizar el otorgamiento de volúmenes para el consumo humano y uso agrícola, y para combatir la corrupción en su manejo por parte de bufette de abogados. Mencionó que durante estos dos años se ha tenido que reemplazar el programa de cómputo de “Conagua en Línea», el cual fue contratado bajo la administración peñista y finiquitado bajo Eduardo Seldner en 2019 sin que la empresa haya cumplido con las condiciones del contrato, incluyendo la entrega del código del sistema necesario para corregir las «severas deficiencias» en su funcionamiento.
Activista durante años en la Coordinadora Agua para Todxs, identificó como a los principales acaparadores-especuladores a la industria inmobiliaria, los bancos, distritos de riego, agroindustrias e individuos que han logrado obtener más de un millón de metros cúbicos anuales para uso agrícola, un uso exento de pago de derechos. Sin embargo, dijo, su equipo ha podido avanzar en la recuperación de volúmenes de acaparadores-especuladores al identificar a grandes usuarios que no reportan ni pagan derechos sobre el total del volumen concesionado.
«De esta manera se ha podido recuperar grandes volúmenes concesionados a la industria minera entre otros usuarios industriales, se extinguió la concesión privada para Monterrey VI y se recuperaron más de mil millones de metros cúbicos de agua concesionados a empresas privadas para la generación hidroeléctrica», resaltó.
La especulación en las inmobiliarias se concentra sobre todo en Querétaro, donde, sólo por tener las concesiones de Conagua, venden desarrollos en zonas periféricas sin garantizar el servicio de agua y drenaje, fenómeno que ha documentado la organización local Bajo Tierra Museo del Agua.
«La velocidad y cantidad de concesiones no corresponde a la disponibilidad real de agua», dijo Claudia Romero Herrera, abogada integrante de Bajo Tierra Museo de Agua en Querétaro.
Y explicó: «Las vedas –ante la situación crítica de un acuífero– limitan el volumen que se puede concesionar, ya no se puede dar más permiso por la baja disponibilidad aunque se cumplan los requisitos, pero a veces no se toman en cuenta y por eso se habla de repartir ‘en papel’, porque en la realidad ya no hay agua, pero se siguen dando permisos».
Desde la década de los 90, antes de estar en Conagua, Burns había detectado estas prácticas especulativas. «Sabía de los ‘pozos fantasma’, agarraron volúmenes que no están usando, pero que querían apartarlos para tenerlos para sus futuras operaciones y vender volúmenes. Estos son los que hemos tenido que detectar, inspeccionar, generar procedimientos y caducarlos», afirmó.
Al respecto, el investigador Wilfrido Gómez explicó que aunque una inmobiliaria, un banco o una persona física no esté desarrollando ninguna construcción en el presente, puede solicitar una concesión por 30 años para uso agrícola –que no requiere pago de derechos– y después venderla a cualquiera con cualquier uso, lo que permite la actual Ley de Aguas Nacionales (1992).
«Hay especulación porque tiene el acaparamiento del título de concesión de la Conagua, que tal vez ahora no la esté utilizando, pero en un futuro pueda hacer negocio con ello «, aseveró.
ESPECULACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO
En la capital de Querétaro, entidad con una Ley de Aguas con tendencia a la privatización, hay 22 operadores privados autorizados para el abastecimiento de agua potable, los cuales están asociados a compañías inmobiliarias cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales son los beneficiarios exclusivos del abastecimiento, de acuerdo con la investigación “Acaparamiento de lo público” (2021) de Bajo Tierra, PODER y otras organizaciones.
Además de las operadoras privadas, que controlan más de 28 millones de m3/año de agua, en la ciudad de Querétaro diversas empresas inmobiliarias controlan directamente más de 36 millones m3/año a través de 129 títulos de concesión, documenta.
Las operadoras Servicios Industriales Aquagenis, Operadora Querétaro Moderno, Hidro Corregidora y Abastecedora Queretana de Agua están vinculadas a Desarrollos Residenciales Turísticos, mientras que las operadoras Sistemas de Agua Querétaro, Desarrollos y Construcciones del Centro, Aquagenis y el Organismo Operador de Agua Administradora Queretana tienen relación con Desarrollos de Provincia Juriquilla.
«No venden el agua propiamente por bloque, lo que sucede en Querétaro es que el negocio es la expansión urbana de desarrollos. Con lo que especulan es con el suelo; se van a una zona periférica –aunque tenga valor ecológico o agrícola– y construyen ahí plazas comerciales, fraccionamientos de lujo. Pero a veces no hay infraestructura de la Comisión Estatal de Aguas, a veces no hay permiso de uso de suelo o hay controversia con permisos ambientales, pero se instalan por el permiso de Conagua, el agua se vuelve un insumo para su negocio inmobiliario», expuso Claudia Romero Herrera, abogada integrante de Bajo Tierra Museo de Agua en Querétaro.
O bien, abundó, en el marco del mercado negro, hay concesiones ya dadas para uso agrícola a campesinos, pero no vigiladas, por lo que se abastecen con ellas. «Algunas ya no están vigentes, en otras el titular ya se murió y esas [el sector inmobiliario] las consigue y abastece de agua a los fraccionamientos», expresó Romero Herrera.
Desde la dirección de Administración del Agua de Conagua, Elena Burns pudo detectar la especulación del sector inmobiliario en Querétaro, aunque dijo que también se reproduce en Morelos, Jalisco y Veracruz. Por ello instaló un lineamiento para obligar a las inmobiliarias a adquirir el derecho al agua para nuevos desarrollos a nombre del municipio y no de su empresa para que, si los compradores de inmuebles tienen problemas de acceso al agua, tengan una instancia gubernamental dónde quejarse.
«La inmobiliaria se queda con la concesión del agua a su nombre, cobran el servicio a la clase media de las zonas residenciales, cobran un ojo de la cara por el mal servicio de agua y drenaje. Es una privatización de facto desde la Conagua», dijo Burns.
REHUSO, EL FUTURO DEL AGUA
El presupuesto del ramo ambiental para 2023 es el mayor al menos desde 2012. Se contará con 75 mil 627 millones de pesos, un 85 por ciento más respecto a lo aprobado para 2021. Sin embargo, el 90 por ciento de ese jugoso presupuesto, 68 mil millones de pesos, va a la Conagua para obras de agua potable y alcantarillado o presas como la Santa María en Sinaloa. En contraste, el resto se distribuirá entre las demás dependencias claves para evitar delitos ambientales o para conservar áreas naturales protegidas.
«Eso es por los proyectos presidenciales, es importante y no lo cuestiono. Lo que no estamos viendo es el rehuso y la potabilización, una vez que cerramos el ciclo del agua es agua para siempre. Necesitamos prevenir y resolver a través de procesos de amplio consenso con infraestructura verde además de infraestructura gris», dijo Elena Burns.
Por ejemplo, está a cargo del proyecto en el Lago Xico, al sur de la Ciudad de México, que en su primera etapa estará produciendo 750 litros por segundo para el Valle de Chalco y Tláhuac, que no tienen fuentes de agua ni subterráneas. Incluso funcionarios de Monterrey, Tijuana y Baja California Sur han visitado la zona para replicar este programa de potabilización de aguas residuales, que «es el futuro del agua» y una vía de adaptación ante el cambio climático, compartió.
También enfatizó el trabajo que ha hecho Conagua con pueblos indígenas para garantizarles su derecho de decidir sobre los recursos naturales de su territorio según sus usos y costumbres. Al pueblo yaqui en Sonora se le está elaborando su título de derecho al agua y a las comunidades de Valles Centrales, Oaxaca, la primera concesión comunitaria.
«Son dos instrumentos nuevos que empiezan a abrir puertas para replicarse en otras comunidades, la gente está queriendo saber», celebró Burns.
Además, frente a la contaminación del río en Atoyac, Tlaxcala, y frente a las granjas porcícolas en cenotes de Yucatán, las comunidades están haciendo mapeo comunitario con apoyo de Conagua, Semarnat y Profepa.
«En el río Atoyac se está estrenando la denuncia penal por delito al medio ambiente y a la salud ante el ministerio público, que haya consecuencias legales por contaminar, que la sanción sea la restauración del daño y no solo se pague una multa. Con la Profepa también se está haciendo frente a los pozos ilícitos de empresas mineras», expuso.
