Colectivas feministas dentro de la UNAM han manifestado su preocupación en los últimos días por la violencia de género registrada en la universidad, después de que el pasado 17 de octubre se registrara un abuso sexual en un plantel de bachillerato. Algunas de las principales problemáticas a atender en la institución son generar confianza institucional para fomentar las denuncias y emplear acciones de prevención, consideró una especialista.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– La reciente acusación de la violación de una estudiante en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) ha vuelto a poner en la mira la violencia contra las mujeres cometidas por miembros de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en sus planteles, en tanto colectivas acusan inactividad de los directivos para resolver el asunto de fondo.
La queja, que ya está siendo atendida también por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), se suma a un universo de mil 175 registradas por la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 por «haber sido afectadas por hechos relacionados con violencia de género».
«Las medidas [de la UNAM en contra de la violencia de género], tal y como están ahorita planteadas, en términos de seguridad dentro de la universidad, son insuficientes para poderles garantizar a las mujeres que puedan estar en un espacio libre y seguro«, consideró al respecto Arabella Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho UNAM y coordinadora del Observatorio Jurídico de Género de la misma institución. «No son las medidas adecuadas o pertinentes, porque las políticas se han centrado en atender más el acoso y hostigamiento sin ver que hay un contexto de violencia mucho más grave que también sucede dentro de la universidad».
La violencia de género en la UNAM ha generado ya una fuerte exigencia por parte de la comunidad estudiantil para que las más de 369 mil universitarias puedan laborar y estudiar en condiciones de seguridad, especialmente después de que Lesvy Berlín Rivera Osorio fuera asesinada dentro de Ciudad Universitaria en mayo del 2017.
La UNAM informó que entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2022 la Defensoría recibió 866 quejas específicamente indicando hechos relacionados con acoso y abuso sexual, donde el 96 por ciento de las ocasiones se identificó a un hombre como el probable perpetrador, interpuestas en un 98 por ciento por mujeres. De los trámites iniciados contra 818 personas señaladas, se concluyeron 689 y 129 estaban en trámite al 23 de septiembre de 2022.
Tras la denuncia de abuso sexual, ocurrido el 17 de octubre, las autoridades universitarias indicaron que implementarán una serie de medidas y acciones para reforzar la seguridad y vigilancia en los planteles, entre ellas instalar botones de emergencia y reponer cámaras de seguridad que habían resultado dañadas. Además, instruyó a la Oficina de la Abogacía General llevar a cabo una investigación interna a fondo para determinar si hubo fallas o negligencia en la aplicación del Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, a fin de deslindar responsabilidades.
Entre los compromisos adquiridos por la universidad es que se revise el estado que guardan todos los casos de agresión a las mujeres de los que exista denuncia, e instalar una mesa de atención frente a la dirección del plantel Sur, para revisar y recibir eventuales acusaciones.
Sin embargo, la abogada Montes de Oca indicó que estas medidas podrían no ser suficientes para prevenir que vuelva a suceder un caso de violencia similar. «Hemos visto que las medidas van orientadas únicamente a establecer un diálogo, a colocar alarmas en caso de que suceda alguna cuestión; sin embargo, no hay mayor involucramiento de otras partes de la universidad, por ejemplo con todo el tema de Vigilancia UNAM, se necesita una reforma para que verdaderamente puedan ejercer sus trabajos de seguridad», expuso.
«Eso es lo que hace mucho falta, y también lograr acuerdos o convenios con [instituciones de] seguridad pública» para atender violaciones que se producen dentro de las instalaciones —con un respeto a la autonomía de la UNAM, resaltó—, y en las inmediaciones o trayectos de camino a los planteles.
VIOLENCIA ABUNDA EN FACULTADES
Montes de Oca resaltó que aunque existen vías institucionales para denunciar violencias en la UNAM, existe una falta de conocimiento de los procedimientos y los organismos competentes para hacerlo, además de «mucha desconfianza hacia las autoridades» debido a casos que se han denunciado pero, pese a que existe una resolución del Tribunal Universitario, las personas no reciben una sanción y no hay un seguimiento real después de dictada una sentencia.
«No existe una medida que permita generar una cultura de la denuncia y una confianza institucional hacia las instituciones, todavía no lo existe dentro de la universidad y, a diferencia de hace unos años en el que se veían que más chicas estaban confiadas en denunciar, ahora se ha visto que las chicas ya no quieren denunciar porque saben que no va a haber un resultado favorable para sus casos. Quienes trabajamos con colectivas de alumnas vemos que ya muchas chicas no quieren denunciar porque ya saben que no va a pasar nada dentro de la universidad», detalló.
Ejemplificó que en algunas situaciones, aunque el agresor ha sido suspendido de actividades, se sigue presentando a las instalaciones aunque no participe en los cursos, lo cual podría representar un riesgo para las mujeres y para la persona que hizo la denuncia.
«Creo que hace mucha falta la parte del seguimiento, de concentrarse en la investigación y hace mucho también falta concentrarse en cuanto a las medidas de prevención, que esas corresponden no a la Defensoría, sino la Coordinación de Género de la Universidad», comentó la abogada.
En este sentido, propuso que se fomente la cultura de denuncia compartiendo información sobre los procedimientos y las instituciones competentes, y de la mano con una generación de confianza institucional, se tomen acciones de prevención focalizadas por edades y dirigidas a hombres.
De acuerdo con cifras de la UNAM, la mayoría de las personas señaladas en las mil 175 quejas presentada por actos de violencia de género entre 2019 y 2021 tenían calidad de alumno/estudiante (496) o académico (281), mientras que el resto era un trabajador de base (110), trabajador de confianza (56), trabajador por honorarios (9), persona externa (44) y no identificada (28).
Las facultades de la UNAM resaltaron como primer lugar de la adscripción de la persona señalada, seguida de una Facultad de Estudios Superiores (FES), bachillerato, coordinación y dependencia de Sector Central, instituto o centro, externos, escuela nacional y posgrado.
Los tipos de violencia denunciada iban desde la psicológica (actos de negligencia, chantaje, amenazas, insultos y celotipia, entre otros) hasta la física (mordeduras, heridas, golpes, quemaduras, etc.), patrimonial y sexual, siendo esta última la más recurrente.
