La apertura económica neoliberal del campo mexicano inició en la década de los años 80, cuando se puso fin a los precios de garantía y se privatizaron diversas empresas estatales de producción y distribución de semillas. Esta tendencia tomó mayor fuerza en la década de los años noventa, cuando se aprobó la contrarreforma agraria 1992, la cual modificó el artículo 27 constitucional para posibilitar la incorporación de las tierras ejidales en el mercado de bienes raíces, poniendo freno total al reparto de tierra y abriendo paso a la posibilidad de privatización de la propiedad social sobre tierra.

Esto fue acompañado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual garantizó pleno control del mercado de granos básicos de México a las corporaciones transnacionales de origen estadounidenses. Mediante una política a todas luces desigual, que colocó a los productores de EUA en condiciones ventajosas por recibir subsidios que les permiten reducir los precios por debajo de los costos de producción, México se ha convertido al día de hoy en el mayor importador de granos básicos provenientes de EUA: para principios del 2022, México importaba el 83 por ciento del arroz que se consumía en el país, 65 por ciento del trigo y 73 por ciento maíz amarillo (el maíz blanco para el consumo se produce fundamentalmente por autoconsumo o bien por los grandes productores del norte de México).

México se ahogó en una condición de déficit comercial que benefició al interés de grandes trasnacionales estadounidense de agroquímicos y biotecnología destinadas a la agricultura, así como a los grandes productores de aquel país.  Mientras tanto, la condición del campo quedó profundamente desarticulada, produciendo una expulsión de millones de personas que desde la firma del TLCAN migraron a EUA para emplearse en los sectores más precarios del mercado laboral de aquel país.

A partir de 2015 la tendencia en el comercio del sector agrario-agroindustrial entre ambos países cambió, ya que México revertió su condición deficitaria, exportando a EUA más de lo que importaba: entre 1994 y 2012 el país se encontraba hundido en un déficit anual de 3 mil millones de dólares en este sector; sin embargo, a partir de 2015 se aceleraron las exportaciones de manera inusitada, al grado de alcanzar un superávit de 7 mil millones en 2021. Como resultado, México pasó a convertirse en uno de los más importantes proveedores de productos agrarios y agroindustriales para EUA, lo cual es anunciado con bombo y platillo por la clase política mexicana y los medios empresariales del país, como si en los últimos años el agro mexicano se hubiera visto fortalecido.

Pero la realidad está muy lejos de este optimismo iluso. Las elevadas exportaciones agrícolas y agroindustriales no se ubican en la producción de granos básicos, ya que estos se siguen importando ampliamente desde EUA. Lo que explica el crecimiento exponencial de exportaciones mexicanas en este sector es el suministro de productos agrarios no tradicionales, donde destaca la exportación de cerveza, aguacates y frutos rojos (berries). Todos ellos son productos para exportación controlados por grandes consorcios trasnacionales de origen estadounidense, lo cual indica que el sector agrario se encuentra configurado cada vez más bajo una lógica de enclave exportador dedicado enteramente al abastecimiento de productos agrarios al vecino del norte.

La cerveza es el producto estrella que representa 50 por ciento de las exportaciones agroindustriales del país. A pesar de su larga historia en el país, las empresas cerveceras en México fueron compradas por dos de las más grandes corporaciones cerveceras del mundo: Heineken y Constelletion Brands. Como resultado, a partir de 2015, las exportaciones cerveceras crecieron de manera exponencial, al grado de hoy México es el mayor exportador de cerveza a nivel mundial. Pero este dato no debe ser señal de ningún optimismo, cuando ha sido bien documentado que en México esta actividad se caracteriza por el consumo desenfrenado de agua: para producir un litro de cerveza se requieren cinco litros de agua. Para ello ha sido el estado mexicano, mediante políticas neoliberales de atracción de inversión extranjera vigentes hasta el día de hoy, el que ha incentivado concesiones para que este líquido quede bajo el control del interés de grandes empresas cerveceras.

Esto explica la legitima rabia social que generó el intento de apertura de una planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali durante la presidencia de Peña Nieto, al mismo tiempo que también sorprende la reubicación de las instalaciones de esta empresa en Veracruz anunciadas por el presidente López Obrador. En Veracruz esta empresa estadounidense fue recibida con 14 concesiones de agua subterránea por 3 millones de metros cúbicos al año, según información de la misma Comisión Nacional del Agua. Lo anterior es muestra de la entrega del territorio y el subsuelo del territorio nacional al interés privado de las grandes corporaciones cerveceras, lo cual indigna aún más cuando hay regiones y ciudades enteras del país que se encuentran enfrentando situación exacerbadas de falta de agua, como hace algunos meses ocurrió en Monterrey, donde dicho sea de paso opera una gran planta cervecera de Constellation Brands.

Junto con la cerveza, el aguacate (oro verde) ha sido un producto destacado en la conformación del enclave agrario exportador subordinado al interés de las corporaciones estadounidenses. En los últimos diez años, México se ha convertido en el principal productor y exportador de aguacates del mundo, representando poco más del 30 por ciento de la cosecha mundial. La mayor parte de su producción proviene del estado de Michoacán.

Tal y como lo han demostrado diversos estudios, la exportación de este producto ha significado una transformación profunda en el ordenamiento del territorio michoacano, lo cual ha implicado la destrucción de la propiedad social sobre la tierra, la sobre explotación de los mantos acuíferos y la imposición del monocultivo—muchas veces haciendo uso del crimen organizado—para beneficiar a grandes productores privados y especialmente a corporaciones estadounidenses que se encuentran en la cúspide del mando en las cadenas de suministro de este producto.

A pesar de que las trasnacionales estadounidenses no son propietarios directos de la tierra, son los que comandan el proceso al controlar la comercialización del aguacate en EUA. Estas corporaciones estadounidenses, entre las cuales destacan Calavo, Mission, West Pak, Fresh Directons, Chiquita Brands, y del Monte Foods —casi todas ellas con sus sedes en el estado de California— concentran el grueso de las exportaciones de aguacate a EUA y se abastecen de miles de pequeños y medianos productores, imponiéndoles precios y exigiéndoles garantía de “calidad” que terminan por perjudicarlos y subordinarlos, subsumiéndolos enteramente al dominio del interés trasnacional.

Lo mismo ocurre con la exportación de frutos rojos (berries), que representan el producto agrícola que más exporta México después de la cerveza y el aguacate. De acuerdo con información oficial, México contribuye con el 10 por ciento de la producción mundial de berries. En este caso, la estructura de mando en la cadena de suministro es parecida a la del aguacate. Las empresas trasnacionales de origen estadounidenses (que se encargan de la distribución y son dueñas de las semillas) tienden a poseer y administrar la exportación, importación, transporte de productos y comercialización en el mercado estadounidense, mientras que los pequeños productores tienden a producir para las grandes corporaciones, debiendo someterse a sus precios, calidad y demanda. Las corporaciónes que controlan esta actividad por producción e ingresos son Driscoll’s, California Giant Berry Farms y Andrew & Williamson, todas ellas de origen estadounidenses, con sede en California. En esta actividad, los jornaleros agrícolas en las regiones de producción de berries (occidente y  noroccidente del país) reciben un estimado de 12 centavos de dólar por libra de la fruta vendida en EUA, lo que equivale al 4 por ciento del precio final del producto. El resto del valor se divide entre las grandes corporaciones distribuidoras y comercializadoras.

La exportación de aguacate y frutos rojos, además de ser actividades que consumen grandes cantidades de agua —como también lo es el caso con la cerveza— se caracterizan por emplear a una fuerza de trabajo jornalera y superexplotada, muchas veces migrantes, que labora en condiciones de elevada precariedad, sin prestaciones sociales y con ingresos raquíticos. Los jornaleros agrícolas de México laborando en los campos de aguacate y fresas se enfrentan a la adversidad de un modelo laboral corporativo que violenta las posibilidades de construir demandas colectivas por el mejoramiento de salarios y condiciones laborales.

Por todo la anterior, anunciar con grandilocuencia que México es el mayor proveedor de productos agrarios para el mercado estadounidense, esconde la condición de salvaje agresión por la que ha atravesado la población trabajadora, campesina e indígena del país, quienes han tenido que enfrentar la política económica neoliberal que ha abierto las puertas ampliamente al control del sector agrícola mexicano por parte de las corporaciones trasnacionales de origen estadounidense. Revertir esta condición de enclave agrario implicaría frenar la política económica de apertura neoliberal que se impuso con el TLCAN, aunque ello no parezca formar parte en el orden del día del actual gobierno. Por el contrario, el acuerdo renovado de libre comercio llamado T-MEC, ampliamente defendido por la actual administración, solo parece garantizarles mayores y mejores condiciones de injerencia y control a las corporaciones estadounidenses en sector agrario mexicano.

Mateo Crossa Niell

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Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.

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