I.

Con motivo del 54 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 y su violenta represión durante la concentración del día 2 de octubre de ese año, se ha planteado, como ha sucedido recurrentemente desde entonces, la demanda de esclarecer los hechos, fincar responsabilidades a las autoridades civiles y militares de ese momento, y así hacer justicia.

De tal manera las demandas se manifestaron en mantas y consignas de los participantes: ¨ni perdón ni olvido”, “castigo a los asesinos”, “2 de octubre no se olvida”, entre otras más ya conocidas. Sin embargo, el Comité 68, agrupación histórica de los participantes y sobrevivientes de esa movilización, añadiría en esta ocasión su rechazo a lo que considera “la militarización de la vida pública nacional”. Tales declaraciones, llaman la atención si consideramos que la presencia militar, próxima a aprobarse por el Congreso, obedece de acuerdo al gobierno a una emergencia y estrategia de seguridad debido al crecimiento añejo de grupos delincuenciales, y no a la intención de control o represión política. Igualmente debe tomarse en cuenta que bajo el actual gobierno se ha tratado, por primera ocasión, de esclarecer la participación del ejército en actos de represión en la historia reciente.

Varios eventos más se han enlazado en torno a estos temas, tales han sido: la apertura de los archivos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la visita (por parte de una comisión de víctimas de la llamada Guerra Sucia) al Campo Militar número 1 y el reciente fallecimiento del licenciado Luis Echeverría Alvarez, señalado como una de los principales corresponsables en la represión del movimiento estudiantil del 68, cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación, además del llamado “Halconazo” del 10 de junio de 1971 y de la propia “Guerra Sucia” de los años 70 del siglo pasado, cuando era presidente de la República.

II.

El pasado mes de junio se efectuó un importante evento en el Campo Militar número uno, espacio emblemático de la represión ejercida por el Estado mexicano por haber sido centro de la tristemente célebre Brigada Blanca y escenario de violación de derechos humanos, de tortura y eventualmente de desaparición de opositores al gobierno en distintos momentos de nuestra historia reciente. Justo en ese espacio, como con la intención de exorcizar los fantasmas del autoritarismo, la represión y la violencia del Estado, comunes en otro tiempo, el actual gobierno llevó a cabo una reunión para anunciar la apertura de los archivos de la Sedena, a fin de que se puedan realizar investigaciones fundamentadas en documentos oficiales, en torno a las actividades realizadas por el ejército, en contra de la población entre 1965 y 1990, (aunque vale la pena recordar otros hechos como Aguas Blancas en el estado de Guerrero en junio de 1995, Acteal en Chiapas en 1997, el movimiento de la APPO en Oaxaca en 2006 o los eventos de San Salvador Atenco en el estado de México en el mismo año de 2006 y más recientemente el asesinato de 43 normalistas en el estado de Guerrero hacia el 2014). Esto en consonancia con la reciente formación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990.

Dicha apertura constituye un hecho inusitado en la política nacional, particularmente tratándose de los archivos de la Sedena, cuyo celoso resguardo es proverbial. Tan sólo debe considerarse, para demostrar lo señalado, que este archivo quedó sustraído de las indagatorias que realizara la fallida Fiscalía Especial para los Movimiento Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) organizada en el fallido sexenio de Vicente Fox, para esclarecer la participación del Estado mexicano en diversos eventos represivos. En ese entonces, no obstante estar constituida como una instancia oficial, la Femospp topó con pared al tratar de revisar los documentos generados por el ejército mexicano en torno a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, así como de la llamada Guerra Sucia. Igualmente es sabido que el préstamo de estos documentos para consulta de historiadores y público en general, es completamente discrecional (o por lo menos lo fue en otra época), incluso en eventos relativamente remotos como la rebelión delahuertista, o las campañas presidenciales de los generales Juan A. Almazán o Miguel Henríquez Guzmán.

Lamentablemente, este hecho de apertura de un archivo sobre el cual ha privado la secrecía y el ocultamiento de información, tan importante como extraño en la política nacional, se vio ensombrecido por las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Gral. Luis Crescencio Sandoval, en el sentido de que se haría un homenaje a los militares caídos en los eventos de la llamada Guerra Sucia, al inscribir sus nombres en el “Monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas”. La declaración, que debió contar con el consenso del presidente, pareció fuera de lugar si consideramos que el ejército fue el agresor y violador de derechos humanos, en ocasiones, en contra de la población civil. Por ello se dio la inmediata protesta de los familiares de los perseguidos en esas acciones, además de agrupaciones defensoras de derechos humanos como el Comité 68, el Comité ¡Eureka!, y otras más.

La apertura de los archivos militares, es una acción de la mayor relevancia incluso en el ámbito internacional, más aún tomando en cuenta que en este tipo de acervos suele privar la secrecía de esa información. No por nada, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, felicitó al presidente de México por estas acciones y celebró la posibilidad de encontrar la verdad relativa a estos eventos. Además, la apertura de los fondos documentales de la Sedena en la ciudad de México, se verá acompañada, de acuerdo a lo dicho por el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, del acceso a los archivos de bases militares en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco y Guerrero, asimismo de la Policía Militar, de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta y del Estado Mayor presidencial. En ese mismo orden de acciones, se cumplió con una demanda histórica de sobrevivientes y familiares de víctimas de la Guerra Sucia, en el sentido de realizar inspecciones al Campo Militar número 1, ello en la tercera semana del mes de septiembre, con la intención de identificar posibles sitios de detención clandestina y tortura. Estas actividades, igualmente inusitadas, son complementarias a la revisión de archivos que realiza la Comisión para Acceso a la Verdad.

Me parece que no debe haber menoscabo en el reconocimiento a estas actividades, sobre todo cuando en el ámbito mundial, entre algunos de los países que suelen establecer los estándares de democracia, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, etc., ha privado la censura y persecución, como ha sucedido en el caso de Julián Assange director de WikiLeaks, prisionero de las potencias del mundo “libre” desde el año 2012.

III.

Ni perdón ni olvido han clamado organizaciones ciudadanas que demandan justicia por lo desaparecidos políticos. Este reclamo sonó con fuerza un par de semanas después de la declaratoria de apertura de los archivos de la Sedena, con motivo del fallecimiento del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, el pasado día 9 de julio, a la edad de 100 años.

En la prensa se documentó ampliamente los pormenores de la vida de este personaje, balances diversos de su gobierno, siendo criticado por grupos empresariales de derecha que le atribuyen mal manejo de la economía, desorden financiero, gasto excesivo del gobierno, devaluación, la irrupción de descontento y desorden social, ruptura con los grupos de empresarios, etcétera, durante su sexenio.

Tampoco sale bien parado el presidente Echeverría entre grupos identificados como de izquierda cuyo principal reproche va en el sentido de la violación sistemática de los derechos humanos y la persecución política. Sin embargo, también se han hecho ponderaciones en las que se rescata la formación de instituciones académicas (Conacyt, la Universidad Autónoma Metropolitana, el fortalecimiento de los tecnológicos regionales, etc.), revisiones a los planes educativos, pasando por campañas de planeación familiar y de control natal (que ocasionó la molestia de grupos conservadores y de la Iglesia Católica), hasta apoyos al desarrollo de la cinematografía nacional, reivindicaciones de la cultura nacional (que fueron acremente repudiadas por sectores elitistas), incluyendo una política exterior solidaria con los países sudamericanos (en particular adoptando al exilio chileno). Ello sin contar que el gobierno creó instituciones como el Infonavit, el Fonacot, la Conasupo etc. (lo cual propició el enfrentamiento con los empresarios que se sentían amenazados por estas acciones).

No obstante, en el juicio de la historia ha imperado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el ejercicio autoritario que se dio en ese momento.

Como se sabe Echeverría enfrentó juicios y fue imputado por genocidio y delitos de lesa humanidad, por los ya referidos eventos de 1968, 1971 y la “Guerra sucia”, a instancias de las investigaciones realizadas desde la Femospp, sin embargo, no fue juzgado, pero tampoco exonerado de estos trágicos eventos. Así Echeverría vivió en una suerte de limbo hasta los 100 años cuando murió plácidamente en su casa. Es de esperarse que, en el nuevo estado de cosas, los planteamientos de justicia terminen con la impunidad que ha caracterizado por décadas a nuestra sociedad.

IV.

Esto último viene con relación a las más recientes indagatorias del caso del asesinato de 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos, localizada en Ayotzinapa, estado de Guerrero. En esta ocasión se ha planteado una reconstrucción que presenta similitudes, pero también diferencias sustanciales, con relación a la llamada “verdad histórica” creada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

De nuevo, el acceso a información que permanecía oculta, ha sido fundamental, ello hace reflexionar sobre la importancia que tienen los archivos históricos y en general, como preservadores de información que son fundamentales (aunque no únicos), para la reconstrucción del pasado. Si bien el documento y su interpretación representan sólo una parte de la historia, no puede desdeñarse la información que contienen, por ello la importancia de abrir las fuentes de documentos de diversa índole, de transparentar la información en todo ámbito. Así la historia aparece en la vida contemporánea como un elemento que puede ser fundamental para esclarecer el pasado, impartir justicia y conciliar el presente.

Héctor Luis Zarauz López

https://www.sinembargo.mx/author/hector-luis-zarauz-lopez/

Sociólogo e historiador. Se ha dedicado a trabajar temas de historia regional, económica y social, con énfasis en los periodos del porfiriato, la revolución y el México contemporáneo. Con sus trabajos ha obtenido reconocimientos como el Premio Salvador Azuela del INEHRM y mención honorífica en el Premio Marcos y Celia Maus. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es integrante del seminario permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente. Es autor de varias obras: “Álvaro Obregón y la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1928”; “Valentín Elcoro e hijos. Historia de una vida empresarial”; “Tiempo de caudillos, 1917-1924”; “La revolución en la ciudad de México 1900-1920”; “La fiesta de la muerte; México. Fiestas cívicas, familiares, laborales y nuevos festejos”, entre otros títulos. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.

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