El crimen de Ingrid Escamilla fue ampliamente difundido a la crueldad con el que se cometió. Han pasado más de dos años sin que se dicte una sentencia condenatoria contra el responsable.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La audiencia sobre el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, se pospuso, esta vez, para el día de mañana, informó Javier Gallardo, abogado de la familia de la joven. Apenas el 5 de septiembre las autoridades señalaron que la audiencia para dictar sentencia a Erik Francisco «N» se llevaría a cabo el día de hoy.
La joven de 25 años fue asesinada por el acusado, quien era entonces su pareja sentimental, de 45 años, el 9 de febrero de 2020. Luego de una pelea, Erik Francisco procedió a apuñalar a Ingrid en el cuello para después despojarla de su piel y varios órganos, todo a la vista del hijo del agresor.
En ese momento, el asesino contaba ya con una denuncia por violencia interpuesta por su exesposa, a quien acudió para confesar el crimen. Fue ella quien dio aviso a las autoridades de los hechos.
Un día después del asesinato comenzaron a circular imágenes del atroz hecho, ya que fueron filtradas por elementos policiales que acudieron a la escena del crimen. Uno de los policías fue detenido por filtrar las fotografías.
El crimen fue ampliamente difundido por la crueldad con el que se cometió. Han pasado más de dos años sin que se dicte una sentencia condenatoria contra el responsable, pero en marzo de este año, la Cámara de Diputados aprobó multas y penas de hasta 10 años de cárcel para quienes capturen y difundan material explícito de las víctimas de feminicidios, como ocurrió con Ingrid.
Por unanimidad, el pasado 22 de marzo, los legisladores de la Cámara Baja aprobaron reformas al Artículo 225 del Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan información o material audiovisual relacionado con un procedimiento penal, tras lo cual la propuesta pasará al Senado de la República para su discusión y posterior votación.
El dictamen contempla entre 100 y 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para los servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de los hechos.
Además, la reforma, que se conoce como Ley Ingrid en referencia a la joven 25 años de edad originaria del estado de Puebla, quien fue asesinada por su pareja sentimental, identificado como Erick Francisco, de 46 años de edad, tras una discusión que sostuvieron, también contempla un incremento en las sanciones hasta en una tercera parte si la información que se difunda o se reproduzca es de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
El caso de Ingrid causó gran indignación, no sólo por la saña con la que se cometió, también porque en redes sociales y sitios por Internet se filtraron fotografías de sus restos. Además, circuló un video en el que el presunto responsable declaró cómo habría cometido el crimen ante un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sin la presencia de un abogado.
El 5 de octubre de 2021, Laura Imelda Pérez Segura, Diputada de Morena, presentó la “iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal”, en la que propuso “tipificar estas conductas [la filtración de imágenes e información] como delito a efecto de proteger los derechos de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia”, a fin de “salvaguardar la dignidad de las personas afectadas, protegiendo los derechos humanos de la víctima”, y con ello evitar “dañar a la víctima y al debido proceso”.
La legisladora morenista argumentó que “los casos de delitos cometidos en contra de mujeres en los cuáles se difunden imágenes o información relativas a las víctimas, en su perjuicio, implican revictimización y violencia institucional”, y la “filtración y difusión de imágenes sensibles de mujeres asesinadas es una de estas formas de revictimización”, por lo que consideró como “necesario un esquema de procuración de justicia con perspectiva de género para evitar la prevalencia de la impunidad”.
-Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz
