Las colectivas compartieron tres testimonios que han documentado durante este año, en los que se exhiben negligencias y falta de perspectiva de personal de salud en clínicas y hospitales de los municipios de Los Cabos y La Paz, donde se ha negado este servicio de salud.
Por Gilberto Santiesteban
Tijuana, 12 de octubre (Zeta).– En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, integrantes de colectivas feministas llevaron a cabo diversas actividades en Baja California Sur, en las que denunciaron que, a pesar de que la interrupción legal del embarazo ya es una realidad en la entidad, instituciones de salud han obstruido el acceso a este derecho.
Aunque en junio de este año Baja California Sur se convirtió en la novena entidad federativa en despenalizar el aborto en México, todavía queda un largo camino por recorrer, enfatizan las activistas.
En estos tres meses han documentado casos que exhiben a instituciones que no han implementado procedimientos que hagan valer y respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
“No han hecho más que presentar obstáculos y postergar el ejercicio del derecho a abortar, al mismo tiempo que han ejercido violencia institucional a las personas interesadas, lo cual ha hecho imposible en la práctica lo que en la Ley ya es un derecho”, expusieron en un pronunciamiento.
Las colectivas compartieron tres testimonios que han documentado durante este año, en los que se exhiben negligencias y falta de perspectiva de personal de salud en clínicas y hospitales de los municipios de Los Cabos y La Paz, donde se ha negado este servicio de salud.
“Pese a ello, las instituciones de salud a cargo del Estado de Baja California Sur no han implementado procedimientos que hagan valer y respetar nuestro derecho a decidir. Por el contrario, no han hecho más que presentar obstáculos y postergar el ejercicio del derecho a abortar, al mismo tiempo que han ejercido violencia institucional a las personas interesadas, lo cual ha hecho imposible en la práctica lo que en la Ley ya es un derecho”, reiteraron.
El primer caso se presentó en La Paz, cuando una chica solicitó el acceso al aborto en la Clínica 34, Hospital General 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Hospital General Juan María de Salvatierra.
Recalcan que la falta de información y protocolos sobre cómo llevar a cabo el trámite y el servicio, así como el desgaste emocional que vivió la joven por la inversión de tiempo y recursos, la orillaron a optar por un aborto seguro en casa, con medicamentos y acompañamiento.
“La información, el procedimiento y las acompañantas de aborto seguro que le apoyaron, resultaron en una experiencia segura, libre, informada y amorosa. La falta de atención informada y el trato estigmatizante hacia la mujer y las acompañantas que la acuerparon en su proceso de solicitud fueron lamentables, violentas y entorpecieron el acceso al aborto seguro que la interesada quería ejercer en el Centro de Salud”, enfatizaron las colectivas.
Los dos testimonios recopilados en Los Cabos comparten que las mujeres solicitantes ni siquiera recibieron información sobre el proceso. Al contrario, denuncian, se enfrentaron a situaciones y discursos que criminalizan la elección del aborto.
“El personal de la institución les dijo que ‘en este hospital no hacemos abortos, sólo legrados’, ‘en este hospital no hacemos esas cosas’, ‘soy nueva y no te puedo dar esa información’, ‘te paso el número del doctor, él los practica en su clínica privada y claro que tiene costo´’, mencionaron.
Hicieron hincapié en que el actuar del personal de los Centros de Salud de Los Cabos, menoscaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Dentro de las manifestaciones pacíficas, las activistas expusieron que la Secretaría de Salud de Baja California Sur afirma que evitan lo más que pueden la ejecución de la operación quirúrgica conocida como legrado, “pero no niegan que lo sigan practicando, aunque la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado que es inseguro y deberían hacer sus procedimientos por Aspiración Manual Endouterina”, agregaron.
La Secretaría de Salud del Estado confirmó que desde junio hasta la fecha se han practicado 17 abortos solicitados por mujeres en hospitales, clínicas y Centros de Salud de Sudcalifornia.
“Mediante la capacitación de directivos de unidades médicas estatales y de su personal operativo, así como con la elaboración e implementación de protocolos para la atención oportuna y segura de las usuarias, el Gobierno del Estado da cumplimiento a las condiciones previstas por la Ley de Salud de Baja California Sur para la Interrupción Legal del Embarazo”, subraya la institución.
Autoridades de la Secretaría de Salud sudcaliforniana recalcan que desde que la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó la legalización del aborto, se definieron diagramas de flujo para la intervención de pacientes con hasta 12 semanas de gestación, además de integrar equipos médicos y de enfermería no objetores de conciencia.
Las activistas también han escuchado de boca de las autoridades que el personal recibe capacitación semestral con actualizaciones para llevar a cabo abortos seguros, sin embargo, en la práctica documentan demora, criminalización y negligencia por parte de la Secretaría de Salud estatal, del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, sobre todo, del IMSS.
En este contexto, la Secretaría de Salud de Baja California Sur insiste en que el personal médico está preparado para otorgar este servicio que establece la Ley, el cual debe practicarse en un periodo no mayor a cinco días a partir de la solicitud de la derechohabiente.
A TRES MESES DE LA LEGALIZACIÓN
El 2 de junio de 2022 se convirtió en un día histórico, cuando la XVI Legislatura aprobó la despenalización del aborto antes de la decimosegunda semana de gestación y la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que entró en vigor a partir del Decreto 2832, con modificaciones en el Código Penal y en la Ley de Salud para el Estado.
El Artículo 62 de la Ley de Salud establece que las instituciones públicas de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal vigente y en la NOM-046- SSA2-2005, cuando la mujer interesada o persona con capacidad de gestar así lo solicite.
Recodaron que la NOM 026 consagra los criterios a observar en la detección, prevención médica y orientación a otorgar a las víctimas de violencia sexual. La intervención en crisis y atención psicológica posterior son claves, así como disposición de anticonceptivos de emergencias en un plazo no mayor a cinco días desde que se registró la agresión y las pruebas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
“Es de nuestro conocimiento que el IMSS incumple este protocolo: no atiende de urgencia médica estos casos, no provee anticoncepción de emergencia ni pruebas de detección de VIH, tampoco ofrece atención psicológica para las víctimas, además de condicionar la atención presionando a las víctimas a denunciar ante el Ministerio Público, como sucedió en la clínica del IMSS #26 de Cabo San Lucas”, señalaron.
Por ello, hoy la lucha de los pañuelos verdes no se enfoca del todo en el Poder Legislativo, sino en las gestiones que servidores públicos llevan a cabo con los recursos y el manejo de las instituciones que deben garantizar este derecho.
Las instancias deben contar con servicios como consejería médica, psicológica y social, con información veraz y oportuna de las opciones con que cuentan ellas y su derecho a decidir para las mujeres.
“Las instituciones de Salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar solicitantes, aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y sin condicionamiento alguno”, subrayaron.
Ante los cambios legislativos de relevancia que ha vivido la entidad en este año, la Asamblea Feminista de Baja California Sur, conformada por mujeres, hombres trans y personas no binarias, hizo un llamado a todas las personas que habitan el territorio sudcaliforniano para exigir la no criminalización y estigmatización hacia el aborto para que esta experiencia sea, más que un derecho, una vivencia válida y llevada a cabo en condiciones de libertad plena.
💚 La SCJN valida la NOM-046 y declara inválidos los artículos que protegen la vida desde la concepción en las constituciones de Nuevo León y Veracruz.
💚 BCS despenaliza el aborto durante las primeras 12sdg.
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LA CRIMINALIZACIÓN CONTINÚA
La divulgación se convierte en la solución inmediata que las activistas identifican para que las mujeres y personas gestantes puedan conocer sus derechos en este nuevo escenario en el que ya no se lucha para legalizar y despenalizar el aborto.
El historial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indica que se han abierto casi 150 carpetas de investigación por el delito de aborto, lo anterior constatado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las colectivas mencionaron que, aunque no hay personas cumpliendo una condena privada de su libertad, el Estado sigue promoviendo el castigo al abrir procesos penales en su contra.
Cabe recordar que, desde antes de la legalización y despenalización, el gobernador Víctor Castro Cosío declaró que no habrá persecución en contra de las mujeres que decidan abortar.
Añadieron sólo en 2021 se registraron 414 abortos espontáneos atendidos en la Secretaría de Salud del Estado, entre los cuales encontraron a niñas y adolescentes entre 10 y 17 años de edad. En estos casos, también vivieron la criminalización por parte de personal de salud, ya que existen testimonios de mujeres que fueron cuestionadas y obligadas a declarar ante el Ministerio Público.
Dentro de la lista de peticiones para luchar contra la criminalización, exigieron que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) deje de condicionar a través de receta médica la venta medicamentos para abortar.
“La obligación del Estado no termina en la creación de nuevas legislaciones y en las modificaciones pertinentes a las ya existentes. Es su responsabilidad y obligación que las leyes que de él emanen, sean concretadas en acciones e instancias que permitan su adecuada ejecución”, finalizaron.
