Para comenzar es preciso narrar el primer round, del inicio al sonido de la campana.

El 4 de agosto del año pasado, el Gobierno de México demandó ante una Corte Federal de Massachusetts a una docena de fabricantes y distribuidoras de amas de fuego en Estados Unidos. ¿La razón? Conducirse de forma negligente en la manera en que diseñan, producen, distribuyen y comercializan sus armas. Su negligencia —decía la demanda— facilita que las armas sean transportadas de manera ilegal a México y caigan en manos del crimen organizado. El resultado —muertes, familias destruidas, heridos— todos los conocemos.

El de la Cancillería se trató —a no dudarlo— de un movimiento audaz que daba en el clavo de una realidad tan triste como fácilmente identificable: el mayor generador de violencia criminal en México no es el mercado de drogas, sino el de armas en Estados Unidos.

En esta columna escribimos, ya por entonces, nuestro diagnóstico: “Una posible derrota jurídica no debería oscurecer los méritos políticos del paso adelante que el Canciller y su equipo han decidido dar”. En efecto: el camino de la demanda estaba lleno de espinas. Pues bien: el 22 de septiembre de 2022, a poco más de un año de impuesto el litigio, la Corte Federal desestimó la demanda. Un duro golpe.

El principal escollo (aunque no el único) estuvo en la interpretación que hizo la Corte Federal de Massachussets de la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas de Estados Unidos (PLCAA), una ley que confiere inmunidad —sí lector, usted leyó bien: inmunidad— a la industria de armas frente a este tipo de demandas. Una ley tan poderosa como inmoral e injusta.

La derrota jurídica no es fatal: el Gobierno de México presentará una apelación ante una segunda instancia, una Corte de Apelaciones cuya conformación, en principio, parece más amigable a los argumentos mexicanos. El derrotero será largo y habrá que esperar. Por lo pronto, la apuesta se ha doblado.

De forma paralela ha empezado un segundo round. Éste se peleará en un lugar distinto. En este ring nuestros boxeadores parecen más agiles, más fuertes, más altos.
Apenas hace una semana, el pasado 10 de octubre, el Gobierno de México presentó una segunda demanda contra la industria armamentista en Estados Unidos. Aunque el adversario es el mismo, esta vez el objetivo cambió: ahora la pelea va en contra de los vendedores en vez de los productores de armas. Si el primer litigio apuntaba al origen, el segundo dispara al destino. Un acierto.

En concreto: la acción de la Cancillería va en contra de cinco puntos de venta ubicados en Arizona, a pocas millas de la frontera con México. ¿Por qué en ese estado? Las armerías ubicadas en Arizona (cerca de mil quinientas), según la legislación aplicable en el Estado, no están obligadas a realizar revisiones de antecedentes penales a los compradores de armas (los famosos background checks) y dicha ley no penaliza a los compradores paja (personas sin antecedentes penales que adquieren armas de fuego para otras que sí tienen antecedentes conocido como straw purchasing o nominee purchasing). Además, en Arizona —segundo estado desde el que más armas se exportan a México— proliferan los gun shows, ferias de armas que se han convertido en centros de venta favoritos para traficantes.

¿Es posible ganar este segundo round? Sí. Esta demanda tiene más oportunidades de prosperar. Para empezar, hay una diferencia sustancial con la primera: está basada en que los vendedores de armas violan leyes federales de Estados Unidos. Así, el Gobierno mexicano evitaría un fallo similar al de la primera demanda que argumenta que las externalidades negativas atribuidas a la comercialización no sucedieron en suelo estadounidense. El contexto resulta favorable: una ley federal en Estados Unidos recientemente declaró el straw purchasing o nominee purchasing como un crimen con una sentencia de hasta 25 años de cárcel. Al vender a compradores paja, los vendedores serían cómplices del delito.

Además, independientemente del resultado, el solo proceso legal vale la pena: la demanda podría orillar a los jueces estadounidenses a exigir a las armerías información clave sobre los patrones de aparentes compras legales de armas que pueden ocultar prestanombres. Esto es esencial para identificar los mecanismos que permiten que unas cuantas armerías en el sur de Estados Unidos vendan miles de armas que terminan en manos de criminales en México.

Lo dicho: hay que celebrar que la Cancillería de México tome este tema con el máximo rigor. Es incongruente que desde Estados Unidos se exija que México se comprometa en la lucha contra el fentanilo y los precursores químicos de drogas si del otro lado de la frontera no se reduce el flujo de armas. Es parte de la misma ecuación. Es una cuestión de principios.

El segundo round ha comenzado. Será una batalla complicada, cierto, pero con vientos favorables. Suerte para los técnicos.

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1. Colaboró en la investigación de esta columna Emiliano Alba Vivanco, estudiante del CIDE.
2. Cit. Por Carlos A. Pérez Ricart, ¿Movimiento audaz de la Cancillería? Sin Embargo, 24 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/24-08-2021/4018160
3. Carlos A. Pérez Ricart, ¿Movimiento audaz de la Cancillería? Sin Embargo, 24 de agosto de 2022. Véanse, también, otras columnas dedicadas al mismo tema, por ejemplo: Carlos A. Pérez Ricart, ¿En qué va la demanda contra las armeras en EU?, Sin Embargo, 20 de noviembre de 2021, disponible en: https://www.sinembargo.mx/30-11-2021/4073088 y Carlos A. Pérez Ricart, La sociedad civil y el Estado mexicano contra las armas, Sin Embargo, 1 de febrero de 2022, disponible en: https://www.sinembargo.mx/01-02-2022/4114795
4. Se trata de una ley inmoral y resultado del cabildeo por parte de la industria de armas. Al respecto, véase: Kaya van der Horst y León Castellanos Jankiewicz, Víctimas de violencia armada y acceso a los tribunales: sobre la necesidad de derogar PLCAA, Nexos, el Juego de la Corte, 13 de septiembre de 2022, disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/victimas-de-violencia-armada-y-acceso-a-tribunales-sobre-la-necesidad-de-derogar-plcaa/
5. Redacción, “México interpone 2da. demanda contra armerías de EEUU”, AP¸10 de octubre de 2022, https://apnews.com/article/noticias 5c552fbe7b3c8cfd0f7de06fd1574af9.
6. Estas son: Diamondback Shooting Sports, Inc., SNG Tactical, LLC, Loan Prairie, LLC D/A The Hub, Ammo A-Z, LLC y Sprague’s Sports Inc.

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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