En las mesas de trabajo con motivo de su 27 aniversario la institución indígena establece que “debe proteger a las niñas y defenderlas de quienes las venden y compran” y la sanción es de 10 a 15 años de reeducación. Aprobó la despenalización del aborto “porque es un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo”. Acordó armonizar la actuación de la Policía Comunitaria con el sistema de seguridad pública estatal y federal, para no dar motivos al Estado de cuestionarla
Por Zacarías Cervantes
San Luís Acatlán, Guerrero, 17 de octubre (El Sur).- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordó “armonizar” el actuar de su Policía Comunitaria con el sistema de seguridad pública del Gobierno estatal y federal, “para no darle motivos” al Estado de que cuestione la legitimidad de su sistema de justicia.
También aprobó la prohibición “terminante” de la venta de niñas, mujeres o matrimonios forzados en el territorio comunitario y una sanción de 10 a 15 años de reeducación a los padres que vendan a sus hijas y a los que las compren para sus hijos.
Al presentar los resultados de las cuatro mesas temáticas que se instalaron con motivo del 27 aniversario de la fundación de la CRAC-PC, el viernes y sábado en San Luis Acatlán, se destacó que las regiones Montaña y Costa Chica donde opera, “son las más seguras de nuestro estado, frente a la ola de violencia descontrolada y el baño de sangre” que hay en otras.
Los resolutivos se dieron a conocer el sábado después de una marcha que partió de las instalaciones de la Unión de Ejidos Luz de la Montaña, ubicada a la salida a Tlapa y llegó a la cancha techada de la Comisaría Ejidal de la cabecera municipal donde se realizó la plenaria.
Las cuatro mesas fueron: Reglamento interno; Reglamento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; Sistemas normativos de los pueblos y el sistema de seguridad, justicia y reeducación de la CRAC-PC, así como Participación de las mujeres en el desarrollo comunitario.
Sobre el reglamento interno, sólo se hicieron propuestas y éstas van seguir discutiéndose en otras dos asambleas y serán aprobadas en una asamblea general.
El 29 de octubre se realizará la asamblea en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla; el 26 de noviembre en la de Las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, y el 10 de diciembre se realizará la asamblea general para aprobar los resolutivos.
En cuanto al reglamento, una de las propuestas que se dieron a conocer ayer, es buscar la “armonía” del actuar de la Policía Comunitaria para no darle motivos al Estado y cuestione la legitimidad del sistema comunitario.
“El Estado no debe cuestionar el actuar y las sentencias de la Policía Comunitaria porque representa al pueblo y como el pueblo conoce, el pueblo castiga, y la CRAC tiene toda la legitimidad para hacerlo”, se estableció.
Además, se propuso “crear una relación no de subordinación de la Policía Comunitaria, sino de respeto con las autoridades agrarias y comunitarias porque se ha cuestionado que la Policía Comunitaria se sale del marco que le corresponde”.
Se estableció que la Policía Comunitaria debe acatar el reglamento y regir solamente en el territorio que le corresponde.
Otra propuesta es que la incorporación de nuevas comunidades al sistema comunitario debe ser aprobada mediante un “consenso comunitario” con la participación de un consejero por cada Casa de Justicia. Es decir, serían cinco los que integrarán la coordinación general.
Ayer mismo, durante la asamblea se tomó protesta el grupo de la Policía Comunitaria de Plan de Mamey, municipio de San Luis Acatlán, que se integró al sistema.
En el nuevo reglamento se propone la prohibición del uso de la playera de la Policía Comunitaria para aspirar a cargos públicos, y en su caso, se debe renunciar al sistema “porque por ese motivo se ha cuestionado el actuar de la Policía Comunitaria”.
En la mesa "La participación de las mujeres en el desarrollo comunitario", se aprobó la prohibición “terminantemente” de la venta de niñas, mujeres o matrimonios forzados de cualquier edad en el territorio comunitario, “y en los casos que ocurran serán estrictamente sancionados”.
En el anterior reglamento se establecía solamente la prohibición, pero no se incluía que serán “estrictamente sancionados”.
La sanción será para las dos partes involucradas; para los padres que vendan a sus hijas y para los que las compren para sus hijos y será de 10 a 15 años de reeducación.
Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para que salvaguarden la integridad de las niñas que sufran este tipo de violencia por medio del DIF, y que se formen comités de enlace para revisar esta situación.
Se acordó que de parte de la CRAC debe haber el compromiso de no dejar el problema “a la deriva” e impartirán talleres y foros con las familias, así como fomentar la educación entre las mujeres y niños, para ello solicitará recursos a las autoridades.
“La CRAC debe proteger a las niñas y defenderlas de quienes las venden y compran”, resolvió la institución comunitaria.
Con respecto al aborto, la CRAC aprobó su despenalización que también lo tenía penalizado en su reglamento; acordó trabajar conforme a las leyes constitucionales, “pero además porque es un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo”.
En la mesa del Sistema normativo de los pueblos indígenas, seguridad, justicia y reeducación, se acordó que los comandantes y policías comunitarios deben conocer y aplicar el reglamento respetando los derechos humanos.
También se aprobó la participación de las mujeres dentro del sistema comunitario “para poder resolver los conflictos”, en el anterior reglamento no se establecía este derecho de las mujeres a ser incluidas en el sistema, aunque en los hechos ya venían participando.
Otro acuerdo es la elaboración de expedientes o carpetas de investigación de las personas detenidas para saber su situación; si está en proceso de investigación o de reeducación.
Se estableció que la Policía Comunitaria debe dar un trato humano a los detenidos, al igual que a todos los ciudadanos. También se acordó que la CRAC no debe atender ni intervenir en conflictos agrarios, pero sí en los casos de fraude o conflictos de mayordomías. Se aclaró que en los casos no graves, la Coordinadora puede dar una libertad condicionada o bajo observación a las personas acusadas de algún delito menor.
CONDENAN VIOLENCIA EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN
En su intervención, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor de la CRAC-PC, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que a lo largo de los 27 años, la CRAC rescató el sistema normativo propio de los pueblos indígenas para resolver el problema de inseguridad y violencia que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, no pudo y fue omiso.
“Fueron los comisarios, los delegados, los principales y los pueblos, los que rescataron la forma de cómo hacer justicia en los pueblos y cómo castigar a quienes cometen faltas al seno de la comunidad”, dijo.
Aclaró que ello fue sin pedir permiso a los gobiernos ni a las autoridades, y que fue con el permiso de las asambleas y con el saber de los pueblos como se construyó este sistema de seguridad y justicia comunitaria.
Dijo que por el contrario, lejos de ver a la CRAC con buenos ojos, el Gobierno y las autoridades reprimieron y quisieron destruir el proyecto de justicia comunitaria.
Narró la represión que sufrió la CRAC-PC en los gobiernos anteriores, cuando amenazaron inclusive con meter al Ejército mexicano en el territorio comunitario.
“Desde el nacimiento de la CRAC ha habido un hostigamiento y represión sistemática” expresó, y añadió que es lamentable que las actuales autoridades también vean con desdén a la Policía Comunitaria y que desprecien y criminalicen a la CRAC.
“Pero es más lamentable que este Gobierno (el de Morena) tampoco haya hecho lo necesario para reconoceros (a la CRAC-PC) en la ley, y que en la legislatura pasada y en la actual los diputados no hayan querido reconocernos”.
Reprochó al anterior coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, que con qué legitimidad se abrogó el derecho de decidir por los indígenas, en referencia a las recientes reformas en materia indígena para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las que no se consultó a los pueblos indígenas.
“Es un mestizo advenedizo y usurpador de los derechos de los pueblos indígenas”, acusó el abogado.
También criticó que el Ejecutivo del estado haya guardado silencio y siga negando los derechos de los pueblos indígenas, “a esa justicia comunitaria que hoy está dando resultados en materia de seguridad para nuestros pueblos en esta región que es una de las más seguras de nuestro estado, frente a la ola de violencia descontrolada que impera en otras regiones del estado”, dijo.
Agregó que mientras en otras regiones existe un “baño de sangre”, en la región donde opera la CRAC-PC hay tranquilidad, “los pueblos viven en armonía, podemos transitar libremente, los índices delictivos no son como en otros lugares, y todavía así se niegan a reconocer nuestra labor en la Constitución, y todavía así nos niegan los derechos que tenemos como pueblos”, reprochó.
Pronosticó que aun así la CRAC seguirá caminando desde abajo, exigiendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento cabal del sistema de seguridad y justicia comunitaria.
El también asesor de la CRAC, Uriel Leal Ramírez, recordó que hace unos días “vivimos una situación de inseguridad muy difícil en el municipio de San Miguel Totolapan, “cuando la delincuencia organizada llegó con toda la impunidad del mundo y asesinó al Presidente Municipal”, dijo en referencia a la masacre del 5 de octubre cuando fueron asesinadas 20 personas según el informe oficial y según vecinos 23.
“Esa es una afrenta total para el Estado mexicano en una región donde el Gobierno ha invertido grandes cantidades de dinero y la seguridad pública sigue siendo nula”.
En cambio, agregó que en la región de la Montaña y Costa Chica, las estadísticas registran los índices de inseguridad más bajos de todo el país “y no hay mucha inversión en dinero, pero se cuenta con un recurso humano importante que es electo en las comunidades”.
El abogado opinó que este es el éxito de las instituciones, “porque cuando la policía se aleja de las comunidades ya no hay seguridad pública y mientras no haya seguridad pública nuestro estado seguirá siendo uno de los estados menos desarrollados del país”.
La intervención de los dos abogados dio pie para que el integrante del Frente Popular Guerrerense (FPG), Fermín Arriaga, propusiera un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de San Miguel Totolapan y exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la “destitución inmediata” de todo el gabinete de seguridad “porque no nos sirven de nada”, dijo pero su propuesta no fue votada.
Presidieron la plenaria el Presidente Municipal de San Luis Acatlán, Adaír Hernández Martínez, quien clausuró los trabajos y reconoció la participación de la CRAC-PC para la pacificación de su municipio; el delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero; los asesores de la CRAC-PC, Vidulfo Rosales Sierra y Uriel Leal Ramírez, así como los coordinadores de las cinco casas de justicia encabezados por el coordinador y vocero de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera.
En las actividades participaron las Casas de Justicia de San Luis Acatlán; El Paraíso, municipio de Ayutla; Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc y Espino Blanco, municipio de Malinaltepec.
En la marcha que se realizó antes de la plenaria, participaron más de 2 mil personas de las cinco Casas de Justicia que tienen presencia en 215 comunidades de 29 municipios de las regiones Montaña y Costa Chica en donde hay más de 2 mil policías comunitarios.
LA CRAC DE SANTA CRUZ RECHAZA MILITARIZACIÓN
Autoridades comunitarias, policías comunitarios, transportistas, alumnos de escuelas de distintos niveles educativos y pobladores de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, celebraron con una marcha y un mitin el sábado, los 27 años de la fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC).
En esta población me’phaa (tlapaneca), hace 27 años se fundó la CRAC-PC para enfrentar los constantes robos, asaltos, violaciones de mujeres, abigeato y homicidios.
La celebración se realizó por separado de las actividades que realizaron las otras cinco Casas de Justicia en San Luis Acatlán, debido a que éstas se separaron de la de Santa Cruz del Rincón en 2013 por la división que sufrió la institución comunitaria ese año cuando era coordinador Eliseo Villar Castillo, actualmente preso en un penal de Oaxaca por el delito de homicidio.
La marcha de unas mil personas a la que se sumó casi toda la población, además de la comunidad vecina de El Potrerillo, inició a las 9 de la mañana en la entrada del pueblo, recorrió parte de la carretera Marquelia-Tlapa y llegó al Centro del pueblo donde se realizó un mitin encabezado por sus coordinadores Angelit Avilés García, Eduardo Cruz Mendoza y Nicolás Colín Morales.
La CRAC-PC de Santa Cruz del Rincón sólo opera en este pueblo y en sus dos colonias, así como en dos comunidades que son anexas; se integra de tres coordinadores, tres comandantes regionales y 43 policías comunitarios.
En su pronunciamiento, la institución comunitaria de esta casa se comprometió a fomentar y fortalecer su organización de seguridad social, la defensa de su territorio y del medio ambiente, además exigió a los gobiernos federal y estatal el respeto legal y jurídico a la institución comunitaria.
Mientras que en entrevista, el coordinador Avilés García dijo que aquí rechazan la militarización y la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.
En su reseña, el coordinador Avilés García, recordó que la CRAC se fundó en 1995, debido a la delincuencia tanto en la comunidad como en la carretera Tlapa-Marquelia, donde había asaltos, robos, violaciones a las mujeres, mientras que los hombres eran constantemente golpeados.
En entrevista en la Casa de Justicia, antes de la marcha, dijo que ahora las comunidades están más tranquilas y ya no hay violaciones en la carretera, ni robos ni asaltos; “los pueblos están más pacíficos, después de que se creó la Casa de Justicia bajó la delincuencia”.
Sin embargo declaró que ahora el riesgo es el crimen organizado que comete extorsiones y que ha estado queriendo introducir la droga y dijo que eso es lo que los mantiene alertas ahora.
“Anteriormente la delincuencia era común, pero actualmente es más riesgoso, es la delincuencia organizada y estamos preparándonos para eso, para enfrentarla y tratar de apaciguar la situación”.
Otro de los coordinadores, Eudocio Cruz Mendoza, informó que debido a esa nueva amenaza, en las entradas del pueblo hay vigilancia día y noche, y que hacen recorridos alrededor de la comunidad para mantener el orden, “porque actualmente se han visto amenazas, la delincuencia organizada se ha extendido más, pero gracias a la Policía Comunitaria, no ha podido entrar”.
Coincidió que aunque ya no hay robos a casa habitación y asaltos, la vigilancia de la Policía Comunitaria sigue y las comunidades se mantienen organizadas para evitar ahora cualquier anomalía del crimen organizado y que incluso ya comenzaron a cerrar el pueblo para que si alguien entra ya no tenga escapatoria.
Sin embargo, a pesar del riesgo ahora del crimen organizado, Angelit Avilés García, dijo que aquí no hace falta la presencia del Ejército mexicano; “tenemos nuestro sistema propio que rige en las comunidades, nosotros tenemos seguridad, tenemos policías comunitarios que nos resguardan todos los días”.
Reprochó que de todos modos el Gobierno manda soldados por un periodo de tiempo y luego se van aunque el problema siga, “y aquí no, la vigilancia es permanente, día y noche están los policías resguardando a la ciudadanía. Nosotros no estamos de acuerdo que regresen (los militares).
Dijo que aquí rechazan la militarización porque tienen su propia seguridad y les ha dado resultados el sistema comunitario, a pesar de que el Gobierno no quiere reconocer a la CRAC.
“Es triste, porque hay una ley 701 que anteriormente en un apartado reconocía a las comunidades indígenas y a su Policía Comunitaria, pero en la última reforma (en el 2018) que hicieron los diputados locales quitaron todo esto”.
“Después (en la actual legislatura) dicen que hicieron una consulta en la que no consultaron a los pueblos para reformar la ley 701, entonces ya no se respeta a las comunidades”.
Los tres coordinadores de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, apenas fueron electos el 8 de agosto, y Avilés García informó que tienen la anuencia del pueblo para buscar la coordinación con las otras cinco Casas de Justicia y sumarse a la exigencia de una reforma integral en la que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas
“Nos vamos a coordinar con ellos para apoyarnos, tanto en los asuntos de seguridad, como para las reformas a la Ley 701”.
Cuando se le preguntó qué fue lo que los separó en el 2013, el coordinador Eudocio Cruz Mendoza, respondió: “Exactamente no sabemos por qué se fueron (las otras casas) pero aquí fue la casa sede donde se creó la CRAC”, dijo y recordó la participación del padre Mario Campos Hernández (ya fallecido), Apolonio Cruz Rosas, Francisco Navarro Flores, Bulmaro Avilés Mendoza, Tolentino González Manuel, el entonces comisario municipal Santos Adolfo Mendoza Macedonio, Onésimo Oropeza y Catalina García.
Explicó que uno de los argumentos para que las otras casas se disgregaran fue que Santa Cruz del Rincón no era un lugar adecuado y que por eso trasladarían la casa matriz a San Luis Acatlán. “Así se dividió, pero en Santa Cruz del Rincón siguió permaneciendo la casa sede de la creación de la CRAC”, insistió.
Contó que la CRAC se ha mantenido por la organización del pueblo, “se ha visto el apoyo y cualquier cosa que pase estamos unidos”.
“Aparte de eso, la justicia y las determinaciones se han dado en las asambleas, nada tienen que determinar los coordinadores, todo es sometido a la asamblea regional y de acuerdo a los delitos la sanción se lleva a la asamblea regional.
En otra intervención de Angelit Avilés, dijo que en esta Casa de Justicia, la CRAC y su Policía Comunitaria funcionan conforme a su reglamento original que se aprobó aquí.
“Nosotros no nos podemos salir de lo que dice el reglamento y estamos sujetos al mismo; la información siempre se va a la asamblea regional y es ahí es donde se decide y el que determina es el pueblo.
Por su parte, Eudocio Cruz aseguró que aquí no han influido los partidos políticos porque todo acuerdo se toma mediante la asamblea general; “la asamblea es la que determina cualquier asunto y es la que elige a los coordinadores”.
“Todo es mediante acta de asamblea, desde la designación de los coordinadores, los policías comunitarios comandantes regionales y de grupo, no existe divisionismo partidista”.
Explicó que para elegir a un coordinador de la CRAC antes debe ser comisario municipal o comisariado y todos los que han participado en alguna comisión del pueblo son los que les dan ese cargo.
“Aquí tenemos el lujo de decir que toda la comunidad está con nosotros, aquí no hay partidismo, como en otras partes”.
Explicó que el proyecto de la CRAC aquí es ampliar más la presencia de la Policía Comunitaria en las comunidades, aunque dijo que esto es a largo plazo.
–¿Siguen siendo vigentes los motivos y causas que originaron a la CRAC?, –se le preguntó a Angelit Avilés.
–Sí, siguen siendo vigentes, porque hubo una necesidad muy grande como era la delincuencia; los robos y violaciones. A través de eso la gente se organizó y para crear a la CRAC-PC y está operando muy bien.
–¿Hay capacidad para enfrentar ahora a la delincuencia organizada?.
–Sí, hay capacidad, pero hasta el momento no se ha dado una confrontación formal todavía pero estamos pendientes.
El coordinador Eudocio Cruz, informó que actualmente están revisando para actualizar el reglamento y que después van a buscar la coordinación con las otras casas de justicia.
