Las protestas de normalistas llevan varios meses en estados como Puebla y Tlaxcala, pues denuncian la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la criminalización a la que se enfrentan. A ello se suma el recorte presupuestas que las normales han vivido en los últimos años.
Ciudad de México, 16 octubre (SinEmbargo).- Normalistas rurales del país llevan meses denunciando el abandono de las autoridades tanto estatales como federales, así como la criminalización de quienes protestan.
Los estudiantes acusan que predomina la incertidumbre sobre cómo seguirán operando sus escuelas porque no ven reflejados los recursos que cada año se les designa desde el Gobierno federal.
Las protestas más recientes las encabezan mujeres de la Normal Rural ''Carmen Serdán'' de Teteles, Puebla, quienes hace un mes instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir una mesa de diálogo en la que lleguen a acuerdos con autoridades educativas federales y de su entidad.
Las estudiantes acusan que quienes protestan son criminalizadas, por ello, y por dudas sobre cómo han manejado el dinero de la escuela, exigen la renuncia del cuadro directivo.
“Los recursos no llegan a la normal", expuso una de las estudiantes de Teteles. Al menos desde junio, las alumnas denunciaron en actos públicos que autoridades escolares han amenazado con condicionarles raciones de alimentos.
Las denuncias son similares a las de alumnas de la Escuela Normal Rural "Licenciado Benito Juárez" de Panotla, Tlaxcala, quienes durante las últimas semanas han realizado marchas y mítines en la entidad para exigir la destitución de la directora por la criminalización que enfrentan y la falta de transparencia durante su gestión.
“Estuvimos checando y hay recursos que habían llegado desde ciclos pasados como diferente material didáctico, los artículos de limpieza de años pasados que como tal no se han entregado a la base estudiantil. La misma directora ha dicho que este recurso no ha llegado, pero sí llega, solamente que lo desvían o no nos lo entregan”, denunció en entrevista una representante de la normal rural.
Al igual que en Panotla y Teteles, normalistas rurales del país se organizan con frecuencia para realizar protestas y actos donde exigen a autoridades estatales y federales que respeten los recursos económicos o les designen más.
Las peticiones siguen siendo las mismas pese a que desde marzo de 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dio instrucciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP) –entonces encabezada por el actual Embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma– para fortalecer las escuelas normales, crear nuevas y darle preferencia a maestras y maestros egresados de ellas.
Aunque ese mismo año la SEP publicó la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales y desde entonces representantes de estas instituciones de educación han participado en reuniones, la educación rural sigue sin ser considerada un objetivo prioritario del Estado Mexicano, como ellos acusan. A esto se suman los recortes presupuestales.
De 2019 a 2022, durante sus primeros cuatro años, el Gobierno federal actual destinó mil 703 millones 454 mil 676 pesos a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación –en cuyo presupuesto se contemplan las asignaciones para las 256 escuelas normales del país, incluyendo las normales rurales–, es decir, 46 por ciento menos del presupuesto asignado de 2013 a 2016, los primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto, cuando se ofrecieron 3 mil 701 millones 494 mil 243 pesos.
En 2021 la Secretaría de Hacienda aplicó el recorte más drástico a las normales, pasando de 461 millones 390 mil pesos en 2020 a sólo 20 millones 597 mil en 2021.
Si bien el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla asignar 817 millones 800 mil pesos a la dirección a cargo de las normales –43 millones más que en 2022–, los recursos siguen por debajo de los mil 195 millones que se les otorgó en 2015, el presupuesto más alto que ha alcanzado en los últimos 10 años.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso desde julio de este año en la Recomendación 147/2022 cómo han impactado los recortes a las normales al referirse específicamente a la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de la comunidad Tiripetío en Morelia, Michoacán, donde acreditó que en 2020 alumnos sufrieron violaciones a sus derechos a la educación, seguridad jurídica, igualdad y no discriminación al no recibir becas que contempla el programa escolar, con lo que, de acuerdo con la institución, se puso en riesgo su derecho humano a la integridad y a la alimentación.
“Si en 2021 se asignó un promedio de 620 mil pesos a cada escuela normal. Suponiendo que el presupuesto de 620 mil pesos asignados únicamente se destinara a los alumnos (sin contemplar gastos administrativos, salarios de trabajadores, recursos materiales mejoras a la Escuela, compra de insumos o material), dado que la ENR de Tiripetío tiene una matrícula de más de 500 estudiantes, a cada estudiante le correspondió un monto de 1,240 pesos al año, esto es, 103 pesos al mes, alrededor de 3 pesos diarios”, mencionó la CNDH.
En la misma recomendación, la CNDH exhortó a la SEP a “fortalecer la educación normal y mantener el aumento al presupuesto otorgado hasta llegar a los montos percibidos en años anteriores”.
Aún con esta recomendación como antecedente, normalistas de Puebla denunciaron recientemente recortes en las becas que reciben. En Teteles, las estudiantes tomaron el plantel desde septiembre, luego de que autoridades educativas de la entidad informaron al Consejo Estudiantil que el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior iniciaría un proceso de certificación de la escuela normal, después de ello, según han denunciado, les negaron la ración de comida que les corresponde diariamente.
Además, las alumnas acusaron ese mes que el director Antonio García Ordoñez les advirtió que para el próximo ciclo escolar podrían cobrarse cuotas de inscripción y titulación, pagos que, advierten, no podrán costear las normalistas.
Aunque las escuelas normales rurales no dependen únicamente del presupuesto federal ya que a nivel estatal también se les asigna un presupuesto, los estudiantes advierten de la indiferencia que hay desde los gobiernos locales.
“El Presidente había prometido mejores condiciones para las normales rurales, pero esto va de la mano con la voluntad de los gobiernos estatales y en Tlaxcala, por ejemplo, aunque gobierna Morena, vemos mucha indiferencia cuando se supone que prometieron una cuarta transformación”, cuestiona la representante de la normal Benito Juárez, de Panotla.
El 6 de abril de este año, el Presidente López Obrador reiteró su voluntad de mejorar la educación rural al asegurar que no descarta federalizar las 17 escuelas normales rurales del país para que su operación no dependa de la voluntad de los gobernadores en turno. “Sí, no lo descartamos, y sí es importante ir federalizando la educación y la salud, porque se abandonó la salud y la educación pública”, expuso en conferencia de prensa.
En esa ocasión el mandatario también reveló que ha encontrado resistencias desde la SEP. “Se acordó de que los egresados de las normales tengan preferencia en la contratación de maestros, que el que sale de una normal salga con su base, pero en la misma SEP tengo resistencias, porque es que caló hondo el pensamiento neoliberal o neoporfirista”, dijo.
LA CRIMINALIZACIÓN DE ESTUDIANTES
A las 15 normales rurales, una escuela normal indígena y un centro regional de educación normal del país acuden principalmente hijas e hijos de campesinos y personas de escasos recursos. Las escuelas se encuentran en localidades donde, según indicadores del Coneval actualizados hasta 2020, el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza alcanza hasta el el 76.5 por ciento de la población, como en el caso de Cherán, Michoacán, donde se ubica la Escuela Normal Indígena de Michoacán.
Otras normales que se ubican en localidades con más del 50 por ciento de población en condición de pobreza son las de El Quinto, Sonora; San Marcos, Zacatecas; El Cedral, San Luis Potosí; Tenería, Estado de México; Amilcingo, Morelos; Ayotzinapa, Guerrero; Tamazulapam, Oaxaca; y Hecelchakán, en Campeche.
A este contexto adverso se suman, además de los recortes presupuestales, la criminalización que enfrentan estudiantes de las normales. El caso Ayotzinapa ha sido el más emblemático: el 26 de septiembre se cumplieron ocho años sin justicia para los 43 normalistas desaparecidos en Iguala cuando se preparaban para una jornada de protestas. Un episodio que ha sido reconocido como un crimen de Estado por la actual administración.
Pero en los últimos años la violencia y represión contra las y los normalistas sigue siendo constante. En septiembre, la CNDH emitió la Recomendación 161/2022 al Gobierno de Puebla porque acreditó que estudiantes de la normal de Teteles fueron agredidos el 1 de junio de 2021 en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSPP) realizado en Casa Aguayo, la sede de la administración estatal, en donde protestaban porque desde 2019 sus demandas para realizar una auditoría y revisar la distribución de recursos económicos en su escuela seguían sin cumplirse.
Aunque la comisión acreditó la detención y retención ilegal, así como tratos crueles e inhumanos derivados del uso excesivo de la fuerza de policías de Puebla, el Gobierno de Miguel Barbosa rechazó la recomendación.
Mientras que en Michoacán, en agosto de este año la CNDH recomendó al Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla reparar el daño a normalistas lesionados durante una manifestación en 2020 en la carretera Tiripetío-Pátzcuaro por la cancelación de sus becas alimentarias, ahí, siete alumnos fueran arrollados por un camión de Seguridad Pública estatal. La comisión también pidió a la administración estatal restituir las becas a los normalistas.
A ello se suma que el 18 de mayo se cumplió un año de que policías en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reprimieron a más de 90 estudiantes, la mayoría mujeres, de la Escuela Normal Rural Mactumactzá que protestaban para exigir que los exámenes de nuevo ingreso se realizaran de forma presencial y no virtual, como proponían las autoridades educativas del estado, porque tenían como antecedente que en 2020 varias y varios no pudieron hacer el examen de admisión por la falta de internet en sus comunidades o porque no saben usar una computadora.
En esa ocasión, policías de la entidad detuvieron a 93 estudiantes: 19 hombres y 74 mujeres y a otros dos adolescentes que pertenecían a la normal. Testimonios de las jóvenes detenidas acreditaron que fueron víctimas de violencia sexual y de tortura tanto sexual como psicológica, pero a un año, la Fiscalía chiapaneca no inició investigaciones para sancionar a los policías responsables del abuso de autoridad, como confirmó en junio Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional.
“Aquí hubo muy graves violaciones a derechos humanos y creo que el mensaje que manda la autoridad en estos casos, que envía el Estado mexicano es un mensaje muy grave de impunidad a quienes cometen este tipo de delitos que están limitando los derechos de personas, en este caso de personas jóvenes, estudiantes, que simplemente estaban exigiendo que compañeros tuvieran acceso a la educación. La gravedad de los actos es que infunden terror y limitan después el derecho de las personas que salen a protestar”, expuso en entrevista a un año de la represión en Mactumactzá.
En ese contexto, decenas de normalistas de Teteles, Puebla, mantienen un plantón en la plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, aseguran que no levantarán su protestas hasta que sus demandas sean atendidas.
“Si un abogado, un ingeniero no hubiera tenido un maestro no estaría en el lugar que está hoy, cuando están en el poder se les olvida quién les enseñó. Para eso están las normales rurales, para recordarles que los maestros siguen en pie”, destacó una normalista de Teteles esta semana durante un mitin frente a Palacio Nacional.
