Comunicaciones entre la SICT y la Sedena, filtradas por los hackers «Guacayama» y a las que SinEmbargo tuvo acceso, revelan que las obras de construcción de la ampliación del Tren Suburbano que conectan con el AIFA han tenido diversas dificultades, incluidas la falta de liberación de recursos y los conflictos con locatarios.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) este agosto sobre «limitaciones» en el acceso a recursos y en la liberación del derecho de vía, requisitos fundamentales para la ampliación del Tren Suburbano con conexión al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en el Estado de México, que estiman terminar en septiembre de 2023, de acuerdo con correos de la Sedena filtrados por el grupo de hackers “Guacamaya” a los que SinEmbargo tuvo acceso.
“Solamente podemos programar y construir las partes de la obra que se cubra con los recursos disponibles y no se tengan limitaciones por derecho de vía o problemas sociales”, escribió el 18 de agosto Manuel Gómez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SICT, al General de Brigada Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, Residente General y Comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”.
El 25 de agosto el General Vallejo le notificó a Héctor Meléndez Garduño, apoderado de Construcción, Mantenimiento Ferrovías y Subsistemas, que el titular de la Sedena, General Luis Crescencio Sandoval, autorizó a la empresa el ingreso a la zona de trabajo por la vía principal que comunica al AIFA para el inicio de trabajos de la estación Xaltocan, en el concepto de que deberá implementar un “estricto control” de personal, vehículos y maquinaria para evitar cualquier “incidente o accidente” que ponga en riesgo los trabajos de obra o de la ciudadanía.
En las dos últimas estaciones planeadas para el Suburbano antes de arribar al aeropuerto, Nextlalpan y Jaltocan, los locatarios que habitan cerca de las vías han mostrado resistencia a ser reubicados. También recientemente han habido enfrentamientos con la policía militar en Xaltocan (Jaltocan) por instalación de tubería de drenaje para el aeropuerto más allá del terreno cedido por los ejidatarios.
SinEmbargo informó previamente que el barrio Teyahualco, en Tultepec, Estado de México, es el único poblado donde están paradas las obras de la ampliación del Tren Suburbano por la oposición de sus habitantes a que sean desalojados de sus viviendas instaladas a menos de 15 metros del paso de las vías.
«SIN CERTEZA» PARA EL CRÉDITO
El 10 de agosto, el General de Brigada Gustavo Vallejo le requirió a la SICT reportes semanales sobre los avances físicos con registro fotográfico de las obras del Tren Suburbano Lechería-AIFA.
Pero Manuel Gómez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SICT, le notificó que sólo podría enviarle reportes mensuales “por las limitaciones de personal y equipos en nuestra estructura de operación”.
La obra ferroviaria, para facilitar la conectividad de los pasajeros provenientes de la Ciudad de México y de los municipios mexiquenses Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, está estructurada como una inversión mixta entre el Gobierno federal y el concesionario “Ferrocarriles Suburbanos”.
La inversión estimada para la ampliación de 23 kilómetros del Tren es de 25 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil 192 millones serán aportados por el concesionario Ferrocarriles Suburbanos (49 por ciento Fondin, 43 por ciento CAF y ocho por ciento Omnitren), detalló el Ingeniero Gómez de la SICT. La aportación del concesionario está estructurada con 20 por ciento de capital de riesgo, el 67 por ciento en crédito y el 13 por ciento como aportación del Fonadin.
“A la fecha (18 de agosto), solamente se han dispuesto de mil 250 millones de pesos (ocho por ciento) y están en trámite de autorización con Fonadin dos mil mdp más; en este momento, no se tiene certeza de cuando se dispondrá del crédito principal ya que está en estructuración”, le planteó al General.
Desde el 14 de junio la Auditoría Superior de la Federación había determinado que las obras de ampliación del Tren Suburbano llevaban en ese entonces un retraso de 120 días por la falta de liberación total de los derechos de vía en 52 mil metros cuadrados y la SICT autorizó “pagos en exceso” por 64.8 millones de pesos en durmientes y otros materiales de las vías.
