Después de la aprobación legislativa, las Fuerzas Armadas se quedarán hasta el 2028 como garantes de la seguridad en el país, el poder militar sin precedentes en la historia reciente. Salvo la etapa en la que los militares gobernaron el territorio, no existe antecedente de un ejercicio de poder tan absoluto. Ahora que casi lo tienen todo en sus manos, sólo les resta asaltar el poder presidencial.

Preocupa el presente de México.

Y mucho.

Sobre todo porque el presidente ha confiado –a pesar de que durante mucho tiempo se oponía a la injerencia de los militares en tareas de seguridad –a que los militares van a resolver el problema del crimen organizado; se afirma son excesiva reiteración que sólo ellos podrían ser los salvadores de la patria y que, únicamente ellos, pueden pacificar el territorio.

Parecen buenos deseos.

En los últimos veinte años no existen registros de que con los militares nos haya ido bien en materia de seguridad.

Durante la guerra contra el narcotráfico, enderezada en el sexenio de Felipe Calderón, nada cambió: se utilizaron algo así como 96 seis mil efectivos militares y todo resultó un fracaso.

Ningún cártel del narcotráfico fue abatido.

Capos emblemáticos se mantuvieron impunes, como Ismael “El Mayo” Zambada, y otros siguen –o podrían seguir –en el ostracismo, como Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, presuntamente fallecido hace más de un lustro, aunque ninguna autoridad ha confirmado o negado el hecho. Todo un misterio.

En esa etapa oscura del país, los grupos criminales –con el ejército en funciones de policía –cambiaron sus formas de operar: los cárteles dejaron de ser organizaciones piramidales y extendieron sus tentáculos a lo largo y ancho del país y del continente Latinoamericano: se asociaron unos con otros para ganar poder y se internacionalizaron, como cualquier empresa legal, hasta desplazar a los cárteles colombianos en el transporte de drogas.

La guerra de Calderón fue una estrategia para fortalecer al crimen organizado: en estricto sentido no hubo ningún logro extraordinario. Todo fue un fracaso. La llamada guerra fue una verdadera simulación. En el fondo había complicidad con el cártel de Sinaloa. Antes, en el gobierno de Ernesto Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo hizo lo mismo: encabezó una lucha criminal desigual, pues favoreció los intereses de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, el capo más poderoso de entonces.

Durante el sexenio calderonista las Fuerzas Armadas tuvieron un papel bastante cuestionable, sobre todo en materia de violación a los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos armaron sendos expedientes sobre su actuación durante la llamada guerra contra el crimen organizado: en esta etapa oscura el Ejercito incurrió en tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y asesinatos.

En ese periodo hubo un total de 102 mil 696 crímenes. La ONU documentó que unos 70 mil tenían que ver con delincuencia organizada, el resto no tuvo relación con el crimen. Se trató de asesinatos por abuso de poder. Además, tres de cada cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida fueron emitidas contra las Fuerzas Armadas.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se cambió el nombre de guerra contra el crimen por el de fortalecimiento institucional: el número de militares en funciones policiacas pasó de 96 mil a 45 mil, aproximadamente, pero se mantuvo la misma política: cazar a capos –sin éxito trascedente –y desmantelar organizaciones criminales, lo que no tampoco se tradujo en un resultado plausible.

Ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación apuesta por los militares como únicos garantes de la seguridad pública. Los legisladores que aprobaron la iniciativa para que los soldados se queden hasta el 2028 en tareas de seguridad se pueden arrepentir. Tarde que temprano pasarán por el molino triturador de la historia.

En el país operan quince cárteles dedicados a todo tipo de actividades criminales: secuestro, tráfico de drogas, levantones, cobro de piso, extorsiones, tráfico humano, entre otros delitos. Se trata de Sinaloa, Cártel de Jalisco y Noreste; cártel de Santa Rosa de Lima, Los Viagras, La Familia Michoacana, Los Tequileros –autores de la matanza de veinte personas en San Miguel Totolapan, Guerrero –Los Rojos, Guerreros Unidos, Golfo, Zetas, Unión Tepito, Tepito Anti-Unión, Tijuana, Juárez, organización Beltrán Leyva, entre otros, con todas sus ramificaciones.

En Guerrero, por ejemplo, operan unas 500 organizaciones criminales o células con un componente que vale la pena resaltar: todas están encabezadas por autoridades municipales alcaldes, síndicos y regidores forman parte de los negocios del crimen organizado y, al mismo tiempo, ejercen el poder político.

De ahí que resulte muy complejo el combate criminal si antes no se atacan las complicidades tejidas desde el poder político; si no se combate la impunidad y el lavado de dinero.

Así las cosas.

APUNTES DEL SUBSUELO

INFORMES DE INTELIGENCIA filtrados en los documentos denominados Guacamaya Leaks sostienen que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, está implicado en el narcotráfico.

Particularmente se le relaciona con el cártel del Noreste. Lo mismo se dijo del nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, de quien se afirma que fue financiado por ese mismo cártel, una escisión de Los Zetas.

Los documentos militares presuntamente hackeados también dan cuenta que en los municipios del sureste mexicano donde gobierna MORENA hay contubernios con el crimen organizado. Y hablan de Campeche, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. En este último estado la gobernadora Mara Lezama estuvo bajo investigación por presuntas ligas con el crimen y por lavado de dinero. De buenas a primeras la investigación fue cerrada y ella salió ungida candidata de MORENA al gobierno del estado.

Se afirma que en la zona sur de Veracruz están enquistados los cárteles más importantes: ahí operan el cártel de Jalisco, Noreste –que pelea por la plaza –y pequeños grupos criminales que llegaron al estado con el gobierno de Cuitláhuac García y que están protegidos desde la Secretaría de Gobierno, encabezada por Erick Cisneros, el llamado “Bola Ocho”.

En Coatzacoalcos se encendieron los focos rojos por la reciente ola de violencia. El secretario de Gobierno, Cisneros, cuestionó públicamente al alcalde Amado Cruz Malpica de desatender la inseguridad en el municipio; también le recriminó que no asiste a las reuniones sobre seguridad.

Lo cierto es que Cruz Malpica recibió un municipio plagado de crimen organizado; hay cobro de piso a negocios, incluso a particulares, quienes tienen que pagar para no ser secuestrados o evitar ser asesinados. Esta situación en gran medida es responsabilidad estatal y federal, pues se trata de un tema de crimen organizado. El municipio de Coatzacoalcos no está dotado de policías capaces ni de un esquema competente que permita afrontar asuntos de la delincuencia organizada.

Lo cierto es que si en Veracruz –y en todo el país –prolifera la delincuencia organizada es porque opera con acuerdos desde el poder central: o desde la presidencia o desde los gobiernos estatales. Esa es la razón de la descomposición. No hay más. La DEA, según se pudo confirmar, mantiene bajo observación al gobernador veracruzano y a su segundo de abordo, al señor Cisneros. Pronto habrá novedades.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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