Se equivoca el Presidente de la República, o está mal informado, al decir que su Gobierno no espía, porque “no somos iguales” y porque él lo ha ordenado. Su Gobierno espía y Citizen Lab de la Universidad de Toronto y organizaciones de protección y defensa de derechos digitales, periodistas y defensores de los derechos humanos tienen las pruebas.

Así como en 2017, para celebración de muchos, las mismas organizaciones y la misma universidad evidenciaron el espionaje a periodistas, activistas anticorrupción, de los derechos humanos, y abogados, entre otros, por parte del Gobierno que encabezaba Enrique Peña Nieto utilizando tecnología para espionaje a través de dispositivos celulares en el proyecto Pegasus, este 2022 se realiza una nueva denuncia pública a partir del análisis tecnológico.

La organización R3D, Red de Defensa de los Derechos Digitales, identificó que tres personas, un defensor de derechos humanos y dos periodistas, fueron espiados con el programa Pegasus entre 2019 y 2021. La Universidad de Toronto, a través de Citizen Lab, proveyó el soporte técnico para el análisis y la validación del espionaje, en cuyo último descubrimiento colaboraron, además, SocialTic y Artículo 19.

En el espionaje en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la táctica. De acuerdo con el informe de Citizen Lab, si en los años previos activaban el programa a partir del envío de mensajes maliciosos, en esta ocasión con los avances tecnológicos y digitales, no fue necesario tal envío para infectar los dispositivos de los espiados con el programa Pegasus, los espías entraron a los dispositivos de las tres personas sin que estas activaran el programa o lo percibieran, según determinaron en una validación técnica de análisis forense en los dispositivos de las tres personas.

De esta forma concluyeron que el dispositivo del activista de los derechos humanos, Raymundo Ramos, fue hackeado en tres ocasiones entre agosto y septiembre de 2020. Que al periodista Ricardo Rapahel lo espiaron al menos entre tres ocasiones entre octubre y diciembre de 2019 y una vez más en diciembre de 2020. De igual forma, en junio de 2021, fue espiado un miembro de la redacción de Animal Político.

El martes 4 de octubre, el Presidente López Obrador, en su conferencia matutina, dijo que este espionaje, denunciado dos días antes por las organizaciones civiles y Citizen Lab, era falso. Textualmente declaró: “No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no… hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, pues podríamos hacer lo mismo, pero estaba yo viendo que uno de los que  se quejan es Ricardo Rafael, qué caso tendría este… espiarlo…”.

Concediéndole el beneficio de la duda al Presidente, y considerando las evidencias tecnológicas del análisis de Citizen Lab, alguien en su Gobierno está espiando y son las Fuerzas Armadas, pues las organizaciones determinaron los momentos en que las tres personas fueron espiadas, y los tiempos giran alrededor de denuncias contra el actuar de las Fuerzas Armadas:

En el caso de Raymundo Ramos Vázquez, quien ha documentado las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en el Estado de Tamaulipas, su dispositivo celular de Ramos fue infectado con Pegasus entre agosto y septiembre de 2020, justo después de la publicación de un video mostrando el asesinato de civiles por parte de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

Durante el tiempo en que fue espiado, explica el informe de Citizen Lab con información de la investigación de R3D, Ramos sostuvo reuniones con oficiales del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elementos de la Naval y de la SEDENA, así como periodistas.

A Ricardo Raphael, analista, columnista, es la segunda ocasión que lo espían. Lo hicieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y también en este de Andrés Manuel López Obrador, cuando en 2019, igual de acuerdo al análisis de Citizen Lab, fue “infectado con Pegasus” cuando se encontraba de gira para la promoción de su libro El Cártel de Los Zetas y su origen en el Ejército Mexicano. Un año después, en 2020, volvió a ser espiado al tiempo que prosiguió con su denuncia pública sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, la corrupción en la FGR.

Un miembro del equipo editorial de Animal Político también fue espiado justo el día que publicaron un reportaje sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de México.

Además, como lo han reportado medios, entre ellos precisamente Animal Político, la SEDENA adquirió en 2019 “un programa para el servicio de monitoreo remoto de información que se usa para intervenir los teléfonos celulares, a pesar de las declaraciones presidenciales en sentido contrario. Documentos oficiales confirman que la SEDENA hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus”, anota el medio digital.

Lo cual confirmaría el análisis tecnológico de Citizen Lab o viceversa. Es evidente que, o el presidente López Obrador está minimizando una vez más el tema del espionaje en su gobierno, mintiendo al respecto, o que no ha sido debidamente informado por la SEDENA de tales acciones. Dice el Mandatario Nacional que hacen trabajo de inteligencia, pero el reporte internacional refiere de un espionaje a periodistas, a defensores de derechos humanos, no a criminales, no a delincuentes, no a objetivos prioritarios para la seguridad del país, sino a profesionales de la comunicación y de la defensa de los derechos humanos que investigan y denuncian las labores del Ejército y la Armada, y cuya seguridad física, personal, profesional, fue vulnerada con las escichas ilegales.

Eso no es un acto de inteligencia institucional, sino un delito cometido contra ciudadanos desde la esfera gubernamental. Contrario a la cantaleta del Presidente, son iguales. O tal vez peores porque, como dice el dicho, “ven la paja en el ojo ajeno”.

Adela Navarro Bello

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