Por Ángel Ruiz (@ruizangelt)*

Este año se cumplen cuatro años de la administración federal actual. También se cumplen cinco años de la publicación de Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General). Este tiempo tendría que haber sido suficiente para crear la institucionalidad necesaria para enfrentar los efectos de la crisis de violencia que padecemos desde, al menos, 2007: más de 105 mil personas desaparecidas y más de 53 mil cuerpos sin identificar, por repetir las cifras –que son personas, son familias, son historias– y que, por más que pasa el tiempo, no podemos no nombrar.

Hace casi un mes, el 9 de septiembre, inició una de las fases del ciclo presupuestario más importantes de cada año, pues con el envío del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Poder Ejecutivo federal al Congreso, se inició la discusión legislativa sobre los recursos que tendrían las instancias en el 2023. Este año es un año crítico, pues pudiera ser el último año para que la presente administración ponga atención en la implementación de su proyecto político, antes de pensar en su continuidad o no en el contexto electoral.

Así, ¿cómo viene el presupuesto para el 2023 en lo que toca a las instituciones encargadas de encontrar a las personas desaparecidas, incluyendo el trabajo específico para la atención de la crisis forense? La respuesta corta es que hay más recursos, pero estos aún no son suficientes ni están adecuadamente distribuidos.

Los recursos para acciones forenses (identificación, notificación, restitución) tienen aumentos presupuestales diferenciados a nivel federal y local. Estos recursos están en tres instancias principales: la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y de los Estados (FASP), el cual tiene un Subprograma de Desarrollo de las Ciencias Forenses para la Investigación de Hechos Delictivos[1].

En primera instancia, observamos un aumento de 407 mil 791 millones de pesos[2] para el FASP, 4.87 por ciento más respecto de 2022. Es importante señalar que todas estas instancias financian acciones forenses, pero su presupuesto no es exclusivo para esta materia. Este revierte la tendencia a la baja que había tenido este fondo del 2021 al 2022, pero aún resulta poco tomando en cuenta que esta bolsa de recursos es con la que se financian las acciones de seguridad de todas las entidades federativas, de las cuales la búsqueda e identificación de personas es sólo una parte. Dado que el grueso de los casos de desaparición y procesos de identificación son de competencia local y no federal, la apuesta en bolsas como el FASP que dotan de recursos a las entidades federativas resulta una apuesta imprescindible.

Por otro lado, la CNB contará para 2023 con 1 mil 97 millones de pesos, lo que representa 311 millones de pesos más (casi 40 por ciento) respecto del 2022. De ese aumento, 134 millones más que en 2022 (88 por ciento más respecto a 2022) son para las labores federales de la Comisión, mientras que 137 millones (28 por ciento más respecto a 2022) son para las Comisiones Locales de Búsqueda. Estas tendencias son favorables respecto de la inercia que tenía la CNB desde 2019, pero aún es insuficiente de cara a las funciones que ha ampliado la misma Comisión con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). El CNIH se establece en la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición como una unidad administrativa con independencia técnico-científica, porque el presupuesto tendría que estar diferenciado, al menos de cara al 2023. Aunque existe una diferencia de 31 millones de pesos más (56%) en el Capítulo 1000 (correspondiente a plazas de trabajo), no es posible asegurar que esto sea para el Centro. Por otro lado, el MEIF es una instancia extraordinaria creada por un acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda por exigencia de las familias para responder a la crisis, al que el Estado tiene el compromiso de financiar.

Respecto de estas dos unidades responsables, el PPEF 2023 no etiqueta recursos para ambas instancias, ni como presupuesto destinado a proyectos de inversión e infraestructura, ni como presupuesto para instancias internacionales (MEIF). Siguiendo la tendencia de años anteriores, donde los recursos destinados al MEIF vienen de las partidas de subsidios a Comisiones Locales, la proporción de aumento tendría que ser mayor en estas partidas. Si bien esto no quiere decir que ambas instancias no tengan recursos para 2023, sí implica que el presupuesto no tenga el nivel de planeación ni de rendición de cuentas necesario para una de las políticas más relevantes para enfrentar la crisis forense del país.

Por último, la CGSP de la FGR es quien tiene un aumento presupuestal menor, pues para 2023 contaría con 1 mil 289 millones de pesos, es decir sólo 3.3 por ciento más que en 2022. Esto es preocupante, sobre todo tomando en cuenta que la mayor parte de registros y bases de datos necesarios para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas corresponden a la FGR, y estos rezagos constituyen buena base de las recomendaciones del Informe del Comité de Naciones Unidades contra la Desaparición Forzada, que hizo en abril de este año al Estado mexicano.

Queda poco menos de un mes para que el Proyecto de Presupuesto se turne de la Cámara de Diputados al Senado de la República y es momento de que las y los legisladores muestren un compromiso con las víctimas de desaparición en el país. Los aumentos propuestos no son suficientes: ni para la ampliación de funciones que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, ni respecto de los recursos destinados a las entidades federativas para sus Fiscalías y Servicios Forenses, ni para las obligaciones que tiene la Fiscalía General de la República por la Ley General. Aumentar y distribuir adecuadamente los recursos del Estado es el primer paso para tener instituciones fuertes que puedan hacer frente a la crisis que vivimos.

* Ángel es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

[1] Este Subprograma financia las labores forenses a nivel estatal, principalmente a través de los Servicios Periciales de las Fiscalías Estatales y los Servicios Médicos Forenses. Sin embargo, dado que la distribución en Programas y Subprogramas del FASP se discuten cuando una entidad federativa suscribe un Convenio con la Federación, no podremos saber esta distribución hasta después del primer trimestre del 2023.

[2] Todas las cifras mencionadas en este artículo se presentan en pesos constantes de 2023.

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