De acuerdo con informes revisados por El País, la Sedena tenía conocimiento de estas denuncias en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos, dijo, han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se encuentran en proceso, y hay muchos a los que simplemente los trasladaron a otro pelotón.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, son algunos de los delitos y violaciones a derechos humanos que ha registrado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en estos años, pero que había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlas, de acuerdo con la filtración masiva de correos del Ejército mexicano a la que tuvo acceso el diario El País.
El texto firmado por las periodistas Georgina Zerega y Elena Reina detalla que el medio español ha revisado mil archivos, los cuales muestran casos que no habían salido a la luz hasta ahora, y que retratan el día a día de los cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos miembros del Ejército enviados a zonas rurales.
Asimismo, revela que la escasa y a veces nula respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional ha llevado a muchas de las víctimas solicitar un cambio de destino para evitar que sus superiores tomen represalias contra ellas o sean directamente dadas de baja.
De los más de cuatro millones de documentos obtenidos por El País también exponen el conocimiento de la Sedena de estas denuncias en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos, dijo, han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se encuentran en proceso, y hay muchos a los que simplemente los trasladaron a otro destacamento. Algunos informes registran quejas de las denunciantes por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y acoso sexual.
El País agrega que la filtración de más de seis terabytes de información interna del Ejército incluye denuncias que detallan un mismo modus operandi de los agresores, quienes se resguardan en el cargo y el uniforme para ordenar a las víctimas que acudan a un lugar donde no haya testigos.
«Ellas obedecen al teniente o al capitán y son acorraladas. De acuerdo a los testimonios de las víctimas, en muchos casos en que acusaron a sus jefes fueron amenazadas con la idea de que nadie les iba a creer o, si se encontraban en destinos aislados o alejados, les recordaban que allí estaban solas y los únicos con poder eran los altos mandos», destaca hoy el medio.
La información publicada por El País también revela que 308 militares fueron acusados, procesados o sentenciados de violar los derechos humanos, según un documento de la Sedena con fecha del 9 de noviembre de 2021. De los más de 300, 23 son señalados por casos de violación calificada o abuso sexual, cinco fueron sentenciados, 10 fueron procesados y para los demás, se archivó el caso. Las investigaciones van desde el 2009.
Otras de las denuncias más recientes, a las que ha tenido acceso El País, datan de 2021, e implican a tenientes Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, ubicada en la Ciudad de México, a ingenieros constructores y oficiales de menor rango contra un civil de 19 años en La Paz, Baja California. «Este último caso relata cómo tres soldados atacaron a un chico en ese municipio cuando salía de su casa y lo torturaron con un tubo metálico».
Mientras que en marzo de 2022, un contralmirante de la Secretaría de Marina destinado en Puerto Peñasco, Sonora, envió a la Secretaría de la Defensa Nacional una serie de informes que le habían llegado desde Chihuahua en los que soldados reportaban que habían sido víctimas de abuso sexual y hostigamiento por parte de mandos medios y altos de la Secretaría. Los registros incluyen varias historias de mujeres que reportaron a sus superiores por «abusos», demostraciones “excesivas” frente de sus compañeros, intimidaciones y acoso.
«La mujer denunció también a otro jefe, un capitán, ‘que intimida y da miedo’, porque en marzo de 2021 la mandó a llamar a una oficina, en donde se le insinuó y la besó a la fuerza. El contexto que describe era tan tenso que incluye amenazas y amedrentamiento por parte de los mandos: ‘Tengo miedo de que me hagan daño’. Ante la posibilidad de que su queja no trascendiera, pidió un traslado a otro sitio, una medida que suele aplicarse como castigo dentro del Ejército, pedida en este caso por la víctima para ‘evitar alguna represalia’ por atreverse a alzar la voz», agrega el medio.
El País hace énfasis en las medidas de la Secretaría para enfrentar este tipo de abusos dentro de la institución, las cuales pasan por cursos de protocolo para respetar los derechos de las víctimas detenidas, también talleres de género, sin embargo, «no se ha encontrado en los documentos revisados, y tampoco ha sido anunciada, ninguna política pública contundente para atajar una dinámica enquistada en los cuarteles desde hace décadas».
Agrega que en algunos casos la persona que denuncia se vuelve un blanco para la institución. La muestra de ello es un documento enviado en agosto de 2018 a la Oficina de Igualdad de Género del Ejército en el que se registra el seguimiento “por conducta” a una sargento que fue trasladada a Chihuahua “debido a que fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe”. El informe citado por El País dice que para la “neutralización” de la situación, se mantiene “seguimiento a su conducta militar y civil”, pese a que admite que hasta el momento no ha demostrado “conductas contrarias a la disciplina militar”.
Una de las pocas medidas que parece haber tomado el Ejército es una carta en la que sus miembros se comprometen a no acosar ni violar los derechos humanos de nadie. De acuerdo a los correos revisados por el medio con sede en Madrid, en junio de este año comenzó a circular entre las oficinas de la Sedena ese documento que deben firmar los militares, en el que aseguran darse por enterados de qué actitudes pueden considerarse acoso sexual y prometen “no cometer actos de esta naturaleza”. A partir de esa fecha, se registran formatos firmados y enviados por soldados a sus superiores.
El País concluye con el dato de que algunos casos escalaron después de sortear múltiples obstáculos, e incluso llegaron a los tribunales militares, donde las víctimas tuvieron que enfrentarse a sus abusadores, en algunos casos respaldados por altos mandos de la institución castrense.
«Este es el caso de una soldado que tuvo que esperar dos años y medio y escuchar en numerosas audiencias a varios mandos del Ejército desmentir que un teniente y un subteniente hayan abusado sexualmente de ella en un clóset del Hospital Central Militar de Ciudad de México en julio de 2018. Después de ser sometida a numerosas evaluaciones, intentos de desacreditarla y de acallarla con dinero, consiguió que les condenaran a la pena mínima, seis años de cárcel y cinco mil 300 pesos de multa. Una larga pesadilla para volverse en uno de los pocos casos de éxito de justicia contra los abusos sexuales dentro del Ejército», concluye.
El pasado 30 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el acto de ciberpiratería, diciendo que “no hay nada que no se sepa” y afirmó que aparentemente la intrusión ocurrió durante un cambio en los sistemas cibernéticos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El grupo que se hace llamar Guacamaya, integrado por elementos anónimos que dicen ser guerreros por la justicia social, dice utilizar el hackeo para sacar a la luz la injusticia y la corrupción en defensa de los pueblos indígenas. Anteriormente, piratas cibernéticos que utilizan ese mismo nombre robaron y dieron a conocer los correos electrónicos de una compañía minera que desde hace tiempo enfrentaba acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños al medio ambiente en Guatemala.
Los 10 terabytes de información robados por el grupo también incluyen correos electrónicos de las fuerzas armadas de El Salvador, Perú y Colombia, y de la Policía Nacional salvadoreña. Aparentemente, México fue el país que sufrió el mayor robo de datos.
