México

Caso Ayotzinapa: Desechan amparo contra Encinas e informe; niegan libertad a militar

30/09/2022 - 3:48 pm

Dos resoluciones del caso Ayotzinapa se convirtieron en revés para militares: Un Juez desechó un amparo del General José Rodríguez que pretendía invalidar el informe de la Comisión de la Verdad. En otro caso, le negaron una solicitud de amparo a un capitán en retiro.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Un Juez federal desechó el amparo tramitado por el General José Rodríguez Pérez con el que pretendía que fuera invalidado el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa y le prohibieran a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), señalarlo como responsable del asesinato de seis de los 43 normalistas.

El pasado 18 de agosto, el General fue señalado por Encinas como uno de los responsables de ordenar desaparecer y matar a seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Agustín Tello Espíndola, Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, fue quien resolvió el desechamiento del amparo al concluir que la demanda es notoriamente improcedente.

El General alegó que todo el informe de la comisión encabezada por Encinas es inconstitucional debido a que el Subsecretario realizó funciones de investigación que únicamente le competen al Ministerio Público federal.

NIEGAN LIBERTAD A PRIMER MILITAR DETENIDO

José Martínez Crespo, capitán retirado y actualmente preso en el Campo Militar 1-A, presuntamente solicitó su libertad bajo caución dos semanas antes de que se cumplimentara la segunda orden de aprehensión en su contra por el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el reportero Manuel Espino del diario El Universal, la petición, que fue llevada a cabo el pasado 30 de agosto de este año a través de un juicio de amparo interpuesta por su defensa para evitar la segunda orden de detención, le fue denegada ya que la legislación que rige el juicio de amparo no contempla la posibilidad de solicitud de la libertad ante un Juez de Distrito.

«Petición de libertad. Respecto de la petición de la parte quejosa consistente en que esta juzgadora fije su libertad bajo caución, dígase que la legislación vigente que rige el juicio de control de la constitucionalidad, no prevé la posibilidad de solicitar al juez de distrito libertad, pues sólo este juzgado está facultado para imponer montos como requisito de efectividad para que siga surtiendo efectos la suspensión del acto, no para los fines que pretende el quejoso con dicha manifestación», cita Espino.

Diapositiva presentada en la conferencia titulada “Resultados de reconocimiento e inspección en instalaciones militares del Campo Militar No. 1”. Foto: Captura de pantalla.

La petición solicitada por Martínez Crespo implicaba que un Juez le otorgara protección de la justicia contra la orden de aprehensión cumplimentada hasta el 14 de septiembre por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Este mismo impartidor de justicia le concedió una suspensión provisional para que quede a disposición del Juez ubicado en el lugar en que se encuentre recluido.

Sin embargo, el militar que es acusado por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, se desistió de la suspensión provisional sin ningún motivo, hecho que permitió que la Fiscalía General de la República (FGR) cumpliera la segunda orden de aprehensión ya mencionada.

José Martínez Crespo, detenido el 12 de noviembre de 2020, fue uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería que participó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En esa ocasión, militares del Batallón habrían acudido a la comandancia de Iguala cuando los normalistas eran atacados por integrantes a de la policía de esa municipio.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante su conferencia del día de ayer, reveló que en los archivos que le abrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encontraron comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos que muestran la relación que existía entre el grupo criminal con militares, en concreto con el Capital José Martínez Crespo y el Coronel Rafael Hernández e incluso con personal de la Marina, que aún no se ha investigado; así como con presidentes municipales y policías locales.

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