Por Ericka López Sánchez y Luisa Rebeca Garza López /Latinoamérica21

Hoy en día las democracias no se pueden explicar desde marcos de comprensión estrechos, aunque se pretendan “universalistas”. Esto ocurre en las sociedades latinoamericanas donde se conectan de forma compleja ideologías hegemónicas como las cisgénero, heterosexual, capacitista, misógina y racistas, entre otras que dejan fuera a poblaciones marginalizadas históricamente del demos como las personas trans*. Esta última denominación con asterisco significa personas transexuales, travestis, transgénero, no binarias de pueblos originarios y emergentes.

Por lo tanto, la demanda de contar con democracias verdaderamente incluyentes es una urgencia que se sostiene en la narrativa de los derechos humanos. La desafección a esta problemática es un menoscabo grave a dichos derechos, pero sobre todo a la dignidad de estas personas.

Bajo este contexto, recientemente diversas organizaciones y activistas independientes trans, así como organizaciones y personas aliadas presentaron el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de derechos políticos y electorales de las personas Trans*. Este Observatorio surge del reconocimiento de la existencia de un contexto hostil para que las personas trans puedan ejercer sus derechos políticos y electorales, y enfatiza la necesidad de que los Estados garanticen el derecho a las personas trans de ejercer su voto dentro de espacios dignos y seguros.

En la región, algunos de los principales obstáculos que se han identificado durante cada una de las etapas de los procesos electorales, y en especial el día de la jornada electoral, es que a las personas trans* no solo se les discrimina, segrega y violenta a través de la ridiculización, miradas incómodas, comentarios o expresiones denigrantes, preguntas invasivas o aplicación de procedimientos que generan violencia en razón de su identidad y/o expresión de género no normativa, sino que además se les llega a negar el derecho al voto.

Además de aportar soluciones para este problema, el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de derechos políticos y electorales de las personas Trans* emerge, también, con el fin de reparar una deuda histórica que ha invisibilizado a las poblaciones trans de la recuperación de una memoria histórica. En especial la violencia política en razón de género y los discursos de odio motivados por prejuicios y estigmas en torno a la identidad de género. El reconocimiento de dichas realidades se suma a situaciones de aletargamiento político-administrativo y jurídico para aprobar leyes o reformar códigos civiles en torno a la identidad de género que reconozcan y garanticen este derecho humano.

El Observatorio fue convocado y coordinado por la Misión de Observación Electoral, MOE; la Fundación Grupo de Acción & Apoyo a Personas Trans, GAAT; y Caribe Afirmativo (todas de Colombia) a inicios de 2021 y participaron integrantes trans o alianzas de diferentes países de la región como Panamá, Nicaragua, Venezuela, Perú, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Bolivia, Chile, y la Universidad de Guanajuato de México.

El Observatorio es resultado de 15 meses de trabajo colectivo durante la pandemia por Covid-2019 y se presenta como una estructura plural y colaborativa liderada por organizaciones y activistas trans*, con el apoyo de activistas independientes y aliades, que recopila, procesa y difunde información actualizada para contribuir al seguimiento y promoción de los derechos políticos y electorales de personas trans* en América Latina y el Caribe.

El objetivo del Observatorio es garantizar los derechos políticos y electorales de las personas Trans* en la región por medio de tres objetivos específicos. En primer lugar, monitorear los mecanismos que garantizan y obstaculizan la participación política de estas personas, en especial la violencia política en razón de género y los discursos de odio. En segundo lugar, generar conocimientos a través de la recopilación de evidencias sobre el estado de los derechos políticos y electorales de las personas Trans. Y, por último, promover la adopción e implementación de protocolos o medidas de inclusión para garantizar sus derechos políticos y electorales.

Una de las primeras acciones del Observatorio fue la presentación de las “Medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en los países de América Latina y el Caribe” que contiene diferentes recomendaciones dirigidas a las autoridades electorales, a los representantes públicos competentes que trabajan el día electoral, a líderes de partidos políticos, a quienes hacen observación electoral y a las instituciones de la Fuerza de Seguridad.

Los antecedentes de este proceso están en la aprobación del “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación” en Colombia en el 2020, que a su vez, tiene como base el “Protocolo para garantizar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana” de México, aprobado en 2017.

Es importante señalar que hasta hoy sólo cuatro países de la región cuentan con un protocolo para asegurar el voto de las personas trans: México, Colombia, Chile y Perú. De estos cuatro países solamente México no tiene ley de identidad de género a nivel nacional. No obstante, la rectificación de documentos legales de conformidad al sexo de las personas no resulta un procedimiento sencillo en los países en que existe esta ley, pues el trámite del cambio de nombre es costoso y muchas veces el personal de las instituciones desconoce el derecho a la rectificación de la identidad de género.

El lanzamiento del Observatorio es una buena noticia para la región. Los procesos de consolidación de las democracias latinoamericanas tienen como exigencia el reconocimiento del ejercicio pleno de las ciudadanías trans*. De esta manera se comienza a reparar la deuda con estas poblaciones que históricamente han sido excluidas del diálogo colectivo y de las decisiones públicas.

*Ericka López Sánchez es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, de la Univ. de Guanajuato (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Especialista en la condición ciudadana de las personas LGBT+.

*Luisa Rebeca Garza López es funcionaria electoral especializada en la promoción de la educación cívica y la cultura democrática con perspectiva de género e interseccionalidad. Encargada del Despacho de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca (IEEPCO), México.

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