Las familias protestarán este año en un contexto de incertidumbre, pues aunque la participación de las Fuerzas Armadas en las descripciones ha quedado confirmada por la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno federal para esclarecer el caso, hasta el momento ningún militar ha sido condenado por estos hechos.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).–- Otra vez el mismo clamor, con la misma fuerza: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Han pasado ocho años de que 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran desaparecidos. Ocho años de aquélla noche, 26 de septiembre de 2014, cuando fuerzas del crimen organizado, civiles, policías y militares, se unieron para atraparlos por protestar, desaparecerlos y muy probablemente asesinarlos con extrema crueldad, según la última evidencia. Pero el paso del tiempo no opaca el reclamo. El grito es el mismo y retumba en las calles.
La Comisión de la Verdad, creada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo en agosto que fue un “crimen de Estado”. Los documentos que obtuvo apuntan a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y que fueron parte de aquellos que manipularon y escondieron parte sus restos, indicios que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar y aportar.
La información disponible hasta ahora indica que hubo participación de servidores públicos de tres niveles de Gobierno. Tres miembros del Ejército mexicano y el exprocurador general Jesús Murillo Karam están detenidos, pero la Fiscalía ha retirado órdenes de captura de más de una docena de militares, generando preocupación.
A mediados de este mes fueron detenidos tres militares, entre ellos el General retirado José Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones. Enfrenta un proceso por delincuencia organizada y fue mencionado por el Subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la muerte de al menos seis de los 43 estudiantes.
Los seis muchachos duraron varios días vivos después de que los desparecieron. Los mataron después, al parecer por órdenes de Rodríguez Pérez. Los militares manipularon y escondieron restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala, según las indagaciones de la comisión, que no ha dejado de descubrir horrores contra los jovencitos, entre ellos un soldado, a quien tenían infiltrado en la escuela rural.
El sábado, la filtración en la prensa de un informe oficial llevó a las autoridades a solicitar a la Fiscalía una averiguación. Encinas condenó la difusión en el diario Reforma de partes del informe que entregó la comisión a la Fiscalía sobre las investigaciones adelantadas en relación a la desaparición de los 43 estudiantes.
Encinas había presentado a la prensa la investigación que adelantó la Comisión de la Verdad, la cual determinó que fue un “crimen de Estado”. En el reporte de Reforma se revelan nuevos datos de cómo se dieron las muertes y desapariciones de los cuerpos de los jóvenes, y los actores implicados en esas acciones, informaciones sobre las que Alejandro Encinas no se pronunció.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dijo que esa acción “revictimiza a las familias”, y planteó en un comunicado que se debe indagar a las autoridades, que “actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor», y no a la prensa. Manifestó preocupación por las informaciones difundidas de que la Fiscalía supuestamente solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión en el caso, que según los medios habrían beneficiado a militares.
La Secretaría de Gobernación (Segob) dijo en un comunicado que se denunció ante la Fiscalía al Juez Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”. En el escrito se señala a Ventura Ramos de haber dictado “más de 120 libertades absolutorias” de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes.
Esta semana, el Juez dictó una sentencia absolutoria a favor 24 detenidos, que no salieron en libertad debido a que enfrentan cargos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, refiere el comunicado. También absolvió este mes a quien era el Alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, José Luis Abarca, y de otras 19 personas implicadas en el caso, que quedaron detenidas debido a que enfrentaban otros procesos.
SOLIDARIDAD Y RECLAMOS
La llamada «Jornada Nacional de Lucha» fue convocada para iniciar en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y avanzará hacia el Zócalo capitalino. Ahí, vallas metálicas han sido instaladas alrededor de Palacio Nacional –la residencia presidencial– para protegerlo de la manifestación.
Previo al inicio de la marcha, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, expuso en sus redes sociales que el Gobierno mexicano refrendaba su compromiso para que se cumplan las garantías y existan condiciones para la realización de esta «Jornada Nacional de Lucha».
Más temprano este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a los padres de los normalistas y recordó que ellos le pidieron «la verdad» de lo ocurrido aquella madrugada del 26 de septiembre de 2014, «aunque fuese dolorosa». «Y sí, es muy dolorosa. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, zopilotes. Pero si se conoce la verdad, la verdad es la que nos va a liberar de todo. No ocultar nada», completó el mandatario.
La Comisión del Caso Ayotzinapa ha publicado avances de la investigación –y una versión sin testar fue filtrada el fin de semana–, así como solicitado diversas órdenes de aprehensión contra figuras como el exprocurador mexicano Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, pero las autoridades se han visto sorprendidas por la liberación de 120 personas relacionadas con el caso, todas avaladas por el mismo Juez, pero anunciaron que impugnarán esas decisiones.
Unos metros adelante de Ángel de la Independencia, el contingente de padres y madres de familia de Ayotzinapa hicieron una parada en la Glorieta de las y los desaparecidos.
«No están solas, estamos con ustedes hasta encontrarles», dijo un representante del colectivo Hasta Encontrarles.
«Cárcel a EPN y al General Cienfuegos», se lee en uno de los carteles de los estudiantes, consigna# similares se lee en las paredes de espectaculares y en el piso de avenida Reforma: «La verdad es que fue el Ejército».
A la protesta se sumaron mujeres del colectivo Fuentes rojas, quienes bordaron sus cubrebocas con la exigencia de «Nos faltan 43», además de colocar mantas bordadas con la historia de otros jóvenes desaparecidos.
Normalistas de otros estados comparten el reclamo por justicia. Uno de los colectivos que esta tarde marcha hacia el Zócalo es el formado por mujeres de la Escuela Normal «Vanguardia», de Oaxaca. «Es impresionante y triste que ha 8 años tengamos que seguir marchando por justicia. [La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa] nos dejó claro de lo difícil que es el normalismo rural, todo, como esto –el acceso a la justicia– lo tenemos que exigir siempre», dijo en entrevista una de las estudiantes.
La frase «fue el Ejército» escrita con aerosol rojo se lee hoy frente al antimonumento por los 43 desparecidos, donde familiares de los estudiantes hicieron una parada. Ahí, Cristina, la madre de uno de los jóvenes hizo un pase de lista mientras otras mujeres y hombres cargaron las fotos de sus hijos y flores. «¡Presentación con vida!», gritaron después de escuchar cada nombre mientras levantaron sus puños.
«¿Cómo se siente?», le preguntaron a Cristiana al terminar el pase de lista, ella respondió levantando los hombros y prefirió seguir marchando.
Mientras tanto, las consignas «¡todos lo saben, fue el Ejército!» y «¡presentación con vida!» se escucharon detrás de ella.
Las familias de Ayotzinapa no dieron un mensaje en el antimonumento, acordaron esperar hasta llegar al Zócalo para hacerlo.
Al rededor de los contingentes, sobre las banquetas, familias observaron el paso de la protesta con carteles de apoyo. La solidaridad también las expresaron un grupo de personas frente al Palacio de Bellas Artes, al aplaudier cuando vieron pasar a las familias de Ayotzinapa.
Sobre la avenida 5 de mayo, los negocios y edificios como el Banco De México fueron resguardados con vallas de metal que manifestantes han aprovechado para pegar folletos con el nombre y rostro de los estudiantes desaparecidos hace ocho años en Iguala.
