El informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos fue un “crimen de Estado”.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que hoy es un día de luto nacional, ya que se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como cada año, se tienen programadas diversas marchas para exigir justicia en el caso, por lo que pidió protestar de manera pacífica y estar alerta por los provocadores que suelen aparecer en las movilizaciones.
«Este día es de luto nacional porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y ya se ha informado que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado. Se está rompiendo con el pacto del silencio y de impunidad. Y vamos a continuar haciendo justicia», afirmó durante su conferencia de prensa matutina.
López Obrador aprovechó para enviar un abrazo a los padres y las madres de los jóvenes que desaparecieron en septiembre de 2014. También dijo que «hay, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego», pues «hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables».
«Hay quienes quisieran que nosotros calláramos, que no cumpliéramos con nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad y nada ni nadie va a detener este proceso de transformación del país», agregó.
Por ello, el mandatario mexicano hizo un llamado a tener esa seguridad, «garantizando en cualquier circunstancia la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, el derecho a la manifestación».
«Lo único es evitar la violencia porque no es nuevo. Ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica, la no violencia», exhortó.
De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, no se trata de tirar piedras ni bombas molotov, sino de «protestar de manera pacífica y organizar al pueblo, convencer y se requieren de muchas fatigas».
«No es nada más ‘esta es la fecha en que vamos a manifestarnos y vamos a provocar violencia, y ya’. No, ese es trabajo de todos los días. Casa por casa, convencer en fábricas, en colonias populares, en universidades, en las escuelas, en las plazas públicas. Cuando se busca transformar una realidad en justicia, se requiere de un trabajo de concientización, de formación de cuadros», señaló.
Tras 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente @lopezobrador_ afirma que siguen trabajando pic.twitter.com/wFekFPhczz
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 26, 2022
Ante dicha situación, el Jefe del Ejecutivo federal pidió tener «mucho ojo con los provocadores, porque esos no quieren la transformación y la justicia. Ellos lo que quieren es administrar conflictos, vivir del conflicto y de la manipulación».
«Muchos de los que ahora están en contra nuestra, mientras nosotros estábamos luchando para transformar al país, para hacer a un lado la política neoliberal, para acabar con la corrupción, llamaban a no votar porque ellos eran radicales y porque éramos lo mismo. No tenía caso, había que seguir con el régimen oligárquico. Afortunadamente pues se dieron los cambios y ahí vamos avanzando», sostuvo.
Además, el político tabasqueño insistió en que se está actuando a partir de la investigación que realizó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. «Y para ser precisos, la Comisión, a través de su coordinador Alejandro Encinas, me presentó un informe con anexos», añadió.
«A partir de ese informe se decidió solicitar a la Fiscalía [General de la República] que se actuara, que ya no se perdiera más tiempo y que si en el proceso se presentaban pruebas y resultaban responsables otras personas, pues que se procediera, pero que ya se actuara porque no queríamos que este lamentable caso se prolongara», concluyó.
¿QUÉ OCURRIÓ EN IGUALA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014?
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron a la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, en el sur del país, a tomar autobuses para usarlos en protestas, pero fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado. No está claro el móvil, pero se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de heroína.
La versión oficial del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual se centra en que los 43 estudiantes fueron entregados al cártel local Guerreros Unidos, quemados en un basurero esa noche y sus restos arrojados a un río, ya está descartada. Se ha comprobado que los jóvenes fueron desaparecidos en grupos, que participaron más actores y uno de los restos identificados se encontró en otro lugar.
¿CUÁL FUE EL PAPEL DE LOS MILITARES EN ESOS DÍAS?
Siempre se supo que el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando porque la noche del 26 de septiembre había militares en lugares clave de Iguala y en el centro de coordinación de seguridad.
En 2015, Salvador Cienfuegos, Secretario de Defensa en ese entonces, garantizó que el Ejército no tenía ninguna responsabilidad en los hechos ni por acción ni por omisión. Los datos obtenidos por la Comisión de la Verdad dicen lo contrario.
Según explicó su presidente, Alejandro Encinas, seis de los 43 estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega algunos días y presuntamente entregados al comandante de la base militar en Iguala, quien habría ordenado su ejecución.
Mensajes telefónicos divulgados por la Comisión, parcialmente tachados, apuntan a que hubo soldados que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala. El diario Reforma, que obtuvo una versión íntegra del texto, afianza esa versión.
¿QUIÉNES FUERON DETENIDOS RECIENTEMENTE?
Este mes fueron detenidos tres militares, entre ellos uno que estaba a cargo de la zona en esos momentos, José Rodríguez Pérez. Poco después de los hechos, fue ascendido a General y ahora está retirado y acusado de delincuencia organizada. Según Encinas él fue quien presuntamente dio la orden de matar a seis de los estudiantes.
La detención de mayor calado político se llevó a cabo en agosto: la de Murillo Karam, actualmente procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia porque, según la acusación, inventó una versión “oficial” para ocultar la verdad, la llamada “verdad histórica”.
Otro miembro del Ejército, el Capitán José Martínez Crespo, había sido detenido en 2020.
La Fiscalía acaba de retirar órdenes de captura contra 16 militares supuestamente involucrados, según documentos publicados por el diario El País, lo que preocupa a las víctimas. Ese departamento no contestó a una solicitud de comentarios ni ha ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos de esa decisión.
¿QUÉ HAY DE NUEVO SOBRE LOS INTENTOS POR OCULTAR EL CRIMEN?
Encinas dijo que la versión oficial, obtenida con base en declaraciones bajo tortura y manipulación de pruebas, “se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal”, incluidas reuniones en la Presidencia de la República, entonces en manos de Peña Nieto.
En la versión pública del informe de la Comisión aparecen las siglas EPN como uno de los personajes mencionados en los mensajes interceptados. Según el diario Reforma, el mandatario intentó proteger al entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente encarcelado.
Expertos internacionales denunciaron en marzo que documentos y videos de inteligencia ocultos durante años muestran que la Armada participó en la ocultación de la verdad y que algunas torturas se realizaron en sus instalaciones.
¿CÓMO VA EL PROCESO JUDICIAL?
El caso Ayotzinapa es una maraña de 28 causas penales repartidas por siete estados donde los encausados pueden estar en varias de esas causas a la vez. Luego de ocho años, nadie ha sido condenado.
Según un recuento de Santiago Aguirre, director del Centro Prodh —un organismo activista— y abogado de los padres de los estudiantes, unas 50 personas están ahora encarceladas, entre ellas cuatro militares, el exprocurador Murillo Karam, el entonces Alcalde de Iguala, numerosos policías y otras personas.
La actual Fiscalía informó en agosto de 80 nuevas órdenes de captura, pero la mayoría eran personas que ya estaban en prisión y se les fincaban nuevos cargos, explicó Aguirre.
Días después se anularon parte de esas órdenes de captura de quienes estaban todavía en libertad, entre ellos militares y altos funcionarios de Guerrero. A las víctimas les preocupa que aparentemente la Fiscalía federal está dejando de lado al equipo especializado en el caso.
El jefe de la investigación de aquel momento, Tomás Zerón, es uno de los prófugos. Está escondido en Israel, y México trabaja para lograr su extradición. Debido a las torturas de testigos y otras irregularidades, decenas de procesados han sido absueltos de algunos cargos, pero siguen presos por otros.
¿HABIA INFILTRADOS ENTRE LOS ESTUDIANTES?
La Comisión de la Verdad dijo que uno de los 43 desaparecidos era un informante militar, lo que hace que el Ejército tenga una responsabilidad añadida por no protegerle.
Aguirre, el abogado de los padres de los estudiantes, agregó que los expertos internacionales acreditaron que había otro infiltrado que no desapareció, y del que el Gobierno no ha informado.
En entrevista con The Associated Press, Aguirre señaló que la existencia de informantes dentro de la escuela demuestra que el Ejército mexicano, aún “en democracia, sigue acudiendo a métodos de la ‘guerra sucia’, con prácticas no reguladas ni aceptadas”, algo que considera muy preocupante ante el creciente poder que López Obrador está dando a las Fuerzas Armadas. En México se conoce como “guerra sucia” a un periodo de medidas de represión militar y política en las décadas de 1970 y 1980 para disolver movimientos armados opuestos al Estado mexicano.
-Con información de AP
