De acuerdo con el periódico Reforma, la Fiscalía General de la República canceló las órdenes de aprehensión que había en contra de cinco exfuncionarios guerrerenses, entre ellas, la del exprocurador y la de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, quien es señalado por supuestamente haber participado en la reunión donde se fraguó la llamada “verdad histórica”, había rechazado las acusaciones que apuntan hacia él. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la orden de aprehensión que había sido librada en contra del exprocurador.
En entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Iñaki Blanco aseguró que no colaboró en ningún cónclave, pues dijo que tenía diferencias marcadas con Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y responsable directo de la investigación de Ayotzinapa, quien se encuentra en Israel a la espera de ser extraditado a México.
“Yo estoy muy tranquilo, mi proceder siempre fue apegado a derecho, no participé en ningún cónclave, no me presté a desviar la verdad de lo que ocurrió aquella fatídica noche en modo alguno. Tuvimos diferencias marcadas Tomás Zerón y tu servidor y en la parte política debe tenerse presente que el Gobierno federal llevó a cabo las acciones necesarias para propiciar la salida de Ángel Aguirre Rivero como Gobernador del estado de Guerrero”, expuso.
Iñaki Blanco Cabrera era Procurador General de Justicia de Guerrero cuando se registró el ataque y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Señalado por supuestamente haber participado en la reunión donde se fraguó la llamada “verdad histórica”, el exprocurador ha rechazado las acusaciones en su contra; además, ha afirmado que solicitó la colaboración de distintas autoridades, pero ésta le fue negada.
«Solicité la colaboración de distintas autoridades del ámbito federal, tanto de la Policía Federal como del Ejército, y no me lo quisieron brindar, esto a efecto de tener las posibilidades de concentrar a los elementos de la Policía Municipal y llevar a cabo las diligencias primigenias, todo lo que tenía que ver con la parte pericial y con las declaraciones ministeriales. Lo que encontré como respuesta fue una negativa y en algunos de estos casos se comentó que no contaban ellos con el personal necesario para apoyar a la Fiscalía», indicó en entrevista.
Además de la orden de aprehensión contra Iñaki Blanco Cabrera, el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, también instruyó la captura de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, también por el presunto delito de delincuencia organizada.
Mientras que por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada giró la orden de aprehensión en contra de Lambertina Galeana Martín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG) y contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, en cada caso.
Otras órdenes de aprehensión giradas por el Juez Beltrán Santés son las de César Nava González, exjefe de la Policía de Cocula, Guerrero, a quien se le imputa los supuestos delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, y Francisco Salgado Valladares, exsubdirector de la Policía de Iguala, Guerrero, a quien se relaciona con delincuencia organizada.
Hoy, el periodista Abel Barajas publico un texto en el diario Reforma, en el cual dio a conocer que la Fiscalía General de la República, además de la orden girada en contra de Iñaki Blanco, desistió de otras cuatro órdenes de aprehensión que habían sido libradas contra cuatro exfuncionarios estatales de Guerrero, apenas el pasado 19 de agosto. Entre las órdenes también se encontraba la de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
El medio de circulación nacional refirió que la FGR también retiró las órdenes de captura contra José Ulises Bernabé García, exjuez de barandilla en Iguala; Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe.
De acuerdo con información del Gobierno federal recabada por Reforma, la Fiscalía habría solicitado por escrito al Juez Enrique Beltrán Santés de los mandamientos de captura en favor de los exfuncionarios estatales.
«Del total de 83 órdenes de aprehensión que giró el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales el pasado 19 de agosto, la FGR ya se ha desistido de un total de 21, pues también retiró las capturas contra 16 militares, de los 27 y 41 Batallones de Infantería, que estaban prófugos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada», añadió Abel Barajas en su texto.
Reforma destacó que con ello, la Fiscalía desistió de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante los tribunales por el caso Ayotzinapa.
Sobre la orden de aprehensión en contra Inaki Blanco por el delito de delincuencia organizada, el exprocurador dijo a SinEmbargo que la acusación que se le imputa se basa en los dichos del testigo colaborador identificado como “Juan”, en el sentido de que él recibía dinero del grupo criminal Guerreros Unidos, pero que, sin embargo, él como Fiscal detuvo a los principales dirigentes.
«Contrario a lo dicho por ‘Juan’, están los antecedentes del caso y las 33 consignaciones de integrantes de los Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala, entre ellos José Luis Abarca, quien, una vez más, ha sido señalado como autor intelectual de los hechos, dijo Blanco a este medio digital.
Mientras que a la orden de la Magistrada Lambertina Galeana y los dos técnicos en sistemas del TSJG, las capturas fueron libradas por el Juez por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas.
Reforma recordó que los «hechos que les reprocharon son la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente».
Por el delito de desaparición forzada fue librada una orden en contra de José Ulises Bernabé García, quien era el Juez de barandilla y que estaba en guardia en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala.
Reforma mencionó que según las autoridades, Bernabé es quien habría recibido en barandilla a los estudiantes que habían sido detenidos por la Policía, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque él negó en su momento la imputación. Sin embargo, el exfuncionario se encuentra en Estados Unidos, donde pidió asilo político.
En un informe, la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración, consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del Gobierno”, donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.
