Instituciones caras y manipulables, generadoras de resoluciones que han puesto en duda su imparcialidad e independencia, cuyos integrantes han sido designados por la muy censurable fórmula de cuates y cuotas entre los partidos políticos y grupos facciosos de poder, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aspiran a un presupuesto de por lo menos 27 mil 700 millones de pesos en 2023.

El INE pretende gastar el año próximo 24 mil 696 millones de pesos y el Tribunal Electoral aspira a 3 mil 15 millones de pesos.

Este gasto supera o se equipara a los presupuestos anuales que ejercen este año algunos estados como Colima, Tlaxcala, Nayarit, Baja California Sur y Aguascalientes.

A más tardar el 15 de octubre del 2022 empezarían a discutirse las reformas constitucionales en materia electoral o por lo menos reformas a las leyes secundarias para ponerle límite a los excesos que se le atribuyen a estas dos instituciones esenciales para la vida democrática del país.

Hasta el momento, la dirigencia de Morena en la Cámara de Diputados considera que podría haber condiciones para que el PRI respaldara las reformas constitucionales para las cuales se requiere mayoría calificada, de por lo menos dos tercios de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores.

El pasado martes 20 de septiembre del 2022 el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Moisés Ignacio Mier Velazco, dijo que habría que precisar en la Ley cuáles son las atribuciones que le confiere la Constitución al Tribunal Federal Electoral, porque se ha excedido al tratar de imponer sus criterios al Poder Legislativo.

Explicó el coordinador de los legisladores morenistas que lo mismo “sucede con el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha ido más allá de las atribuciones constitucionales que tiene en materia de fiscalización, de las acciones afirmativas, de registro de candidaturas, del criterio para la determinación de géneros, de los bloques de competitividad y de su financiamiento”.

Confía Mier Velazco en que se logre la mayoría calificada para las reformas constitucionales o por lo menos la mayoría simple para reformar las leyes secundarias que garanticen que la democracia en México no sea tan cara, puesto que no puede haber un INE rico o partidos políticos ricos, frente a un pueblo pobre.

“Es momento de empezar una amplia discusión. Hay distintas iniciativas impostergables, como la revisión del sistema de fiscalización. Hagamos cosas pensando en México y actuando con la mayor congruencia”, manifestó el Diputado priista Javier Casique Zárate, a quien se considera muy cercano al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, en información publicada el pasado miércoles 21 de septiembre del 2022 por Grupo Reforma.

Mientras que la legisladora priista por el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, señaló que su partido está dispuesto a apoyar una reforma electoral, siempre y cuando no perjudique la autonomía de las instituciones encargadas de organizar elecciones y de defender los resultados.

Aunque no hubiese acuerdo con la oposición, Morena y sus aliados tendrán el próximo año la oportunidad de cambiarle totalmente el rostro al Instituto Nacional Electoral, para que cumpla cabalmente con los principios que la misma constitución le impone: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En caso de que no se concretara una reforma constitucional que modificara la estructura del INE, Morena y sus aliados tendrían la fuerza suficiente para influir en la designación de los relevos de los cuatro consejeros electorales que concluyen su periodo en abril del 2023.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello y su principal aliado en el Consejo General del INE, Ciro Murayama Rendón, llegaron a sus cargos como cuota del PRD para un periodo de nueve años, del 4 de abril del 2014 al 3 de abril del 2023.

También tendrán que dejar sus cargos Adriana Margarita Favela Herrera, electa para la misma periodicidad, con el respaldo del PRI, y José Roberto Ruiz Saldaña quien llegó apoyado por el PAN y también terminará su encargo.

Pese a la veda de reformas constitucionales acordada por los partidos de oposición, particularmente PAN, PRI y PRD, en abril del año próximo Morena y sus aliados, con mayoría en la Cámara de Diputados, podrán influir para elegir a los perfiles más adecuados de aspirantes a consejeros electorales, que puedan sustraerse de los apetitos y las presiones de poderes formales o fácticos que pretendieran condicionarlos en favor de sus intereses.

En la Fracción V del Artículo 41 constitucional se establece que el consejero presidente del INE y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

Para cumplir tal propósito “la Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación”.

Este Comité Técnico de Evaluación estará integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, es decir, la Junta de Coordinación Política; dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el Instituto Nacional de Transparencia.

Este Comité recibirá la lista completa de aspirantes que se inscriban, evaluará si cumplen los requisitos, así como su idoneidad para desempeñar el cargo. Seleccionará cinco candidatos por cada cargo vacante y remitirá la lista a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política elegirá a los finalistas, cuyos nombres serán votados en el pleno y electos con los sufragios de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

En caso de que no se lograra la mayoría calificada para elegir a los consejeros, en sesión posterior se llevaría a cabo la designación mediante el procedimiento de insaculación, que incluya a todos los candidatos presentados como finalistas por al Comité Técnico de Evaluación.

En caso de que ninguno de estos dos procedimientos se realizará en los plazos establecidos, correspondería al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designar a los cuatro nuevos consejeros electorales mediante insaculación, de la lista conformada por el Comité Técnico de Evaluación.

Desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a través del Comité Técnico de Evaluación, con o sin el apoyo del PRI, Morena podría presionar e imponer condiciones para que los finalistas a ocupar la presidencia del INE y tres posiciones más de consejeros electorales, estén al margen de los intereses de los partidos políticos y de grupos facciosos.

El INE no puede seguir siendo un botín político que se reparte por el método anacrónico, perverso y corrupto, de cuates y cuotas. La renovación de cuatro de sus 11 consejeros es una oportunidad muy especial para cambiarle el rostro a esa institución.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

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