Hay palabras que de tanto repetirse pierden su esencia. Las escuchamos aquí y allá sin detenernos apenas un segundo a pensar en su significado. Lejos de esclarecer, esas palabras ensombrecen nuestra conversación; la vuelven sórdida, aburrida, imposible.

Militarización es un ejemplo clásico. Detractores y simpatizantes del Gobierno disputan el significado de la palabra. Quienes hace no tanto vomitaban el concepto, ahora les parece admisible, incluso apetitoso; otros, antiguos amantes del verde olivo, hoy fetichizan el azul clarito como si el color lo fuera todo, o casi todo. Ante el mar de contradicciones y con el objetivo de ofrecer algo de claridad conceptual hago la pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de militarización?

Hace diez años propuse con Sabina Morales esta definición:

Proyección resultante de dos procesos diferenciados pero constitutivos entre sí: uno en el cual las instituciones militares se constituyen como actor central en el conjunto de fuerzas de seguridad de un país dado, y otro en que las instituciones pertenecientes al campo organizacional de políticas de seguridad adquieren lógicas militares tras la activación de mecanismos de cambio institucional isomorfo (1).

La definición —quizás algo confusa a primera vista— pretende captar el fenómeno de la militarización en toda su complejidad, esto es, en su dimensión directa e indirecta (2). Me explico:

La militarización directa refiere al despliegue de fuerzas militares en tareas de seguridad nacional, seguridad pública u otras áreas de la vida pública. El punto más extremo de este proceso sería la absorción definitiva y completa de la policía por las fuerzas militares, grado que nunca se alcanzó en los años más complejos de las dictaduras en América Latina ni en los fascismos europeos.

En México, ciertamente, el estamento militar ha ido ganando espacios en funciones otrora responsabilidad de instituciones civiles. Para no ir muy lejos, el Programa de Política de Drogas del CIDE, en su Inventario de lo militarizado, ha captado cómo entre 2006 y 2021 el Ejército ha absorbido al menos 234 tareas que correspondía ejecutar a autoridades civiles. En los últimos años, decenas de estudios y trabajos académicos han mostrado hallazgos similares y apuntan en la misma dirección. Así las cosas, es francamente mentiroso o anda conceptualmente perdido quien afirme que en México no hay un proceso de militarización directa.

Menos obvios, más interesantes (y muchos menos analizados) son los procesos de militarización indirecta. ¿A qué me refiero? A la paulatina adquisición por parte de todas las instituciones de seguridad pública de prácticas, estrategias, tácticas e insumos técnicos asociados al sector militar (3).

Estos procesos son complejos y ocurren tras el aumento en el grado de interacción entre militares y civiles, el incremento en el flujo de información entre estos y el surgimiento de estructuras interorganizacionales. El resultado final es un “impulso inexorable hacia la homogenización” caracterizado por una asimetría estructural y por orientarse hacia el polo del actor hegemónico.

En México, como en el resto de América Latina, el despliegue de militares en tareas de seguridad pública ha convertido a las Fuerzas Armadas en actores hegemónicos. El resto de las organizaciones civiles que gravitan a su alrededor han establecido relaciones de dependencia y se han reconfigurado alrededor de las Fuerzas Armadas a partir de mecanismos de cambio institucional isomorfo (4). Es decir, tienen a parecerse cada vez más.

Entre las dinámicas concretas que coadyuvan a acelerar estos cambios están la incorporación paulatina de militares retirados como mandos medios y altos de policías locales, estatales y federales, la unificación y centralización de las organizaciones de seguridad, las transferencias de personal militar activo a organizaciones policiales y la proliferación de operativos conjuntos. De sobra está decir que estos procesos han sido activados con singular alegría por los gobiernos estatales y municipales de todo México.

Los resultados de la militarización indirecta han sido poco estudiados. Medirlos es más complejo. Sin embargo, algunos estudios ya han apuntado hacia la reestructuración organizativa de las policías con base en moldes estricta y tradicionalmente militares, la transferencia de prácticas y marcos cognitivos militares a la acción policiaca, así como la cesión y abuso de armas que sobrepasan las necesidades normales de la policía convencional. Sergio Padilla Oñate y yo, en un artículo de próxima publicación, damos cuenta de estos procesos en Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas.

Ahora bien, los así llamados procesos de militarización “directa” y militarización “indirecta” no son independientes. Uno de los mecanismos que explica la paulatina adquisición de elementos militares por parte de las estructuras civiles de seguridad es precisamente la socialización a la que están expuestas las segundas de las primeras. En otras palabras: sin despliegue de militares en tareas de control interno difícilmente puede haber adopción de prácticas, estrategias, equipo de armas, tácticas e insumos técnicos.

Un último apunte: además de la falta de evidencia empírica de que procesos de militarización (directos o indirectos) estén relacionados a mejores índices de seguridad pública, es claro que estos implican un riesgo tangible al ordenamiento democrático y dificultan la estructuración de mecanismos de gobernanza democrática de la seguridad. Sobre ese tema escribiré en una próxima entrega.

(1) Sabina Morales y Carlos A. Pérez Ricart, «Militarización: Una propuesta conceptual basada en el caso mexicano (1995-2012)», Working Paper (Berlín: México vía Berlín e. V., 2014). En otros trabajos hemos vuelto sobre la definición. Véanse, por ejemplo: Sabina Morales Rosas y Carlos A. Pérez Ricart, «Jenseits des SIPRI-Index», Lunapark: Zeitschrift Zur Kritik der Globalen Ökonomie 26 (2014): 57-60; Sabina Morales Rosas y Carlos A. Pérez Ricart, «Militarización, obstáculo para la gobernanza democrática de la seguridad en México», Revista Colombiana de Sociología 38, n.o 1 (2015): 83-103; Sabina Morales y Carlos A. Pérez Ricart, «Más allá del gasto militar: en búsqueda de un concepto para entender la militarización en México», Working Paper (Berlín: México vía Berlín e. V., 2014).

(2) Para la distinción, véase: Abigail R. Hall y Christopher J. Coyne, «The Militarization of U.S. Domestic Policing», The Independent Review 17, n.o 4 (2013): 485-504.

(3) Para explicar esta vertiente “indirecta” de la militarización”, recurriremos a algunas nociones del nuevo institucionalismo sociológico y a uno de sus conceptos centrales: el de campo organizacional. El libro clave es: Paul Dimaggio y Walter Powell, «The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields», en The New Institutionalism in Organizational Anaylisis (Chicago University Press, 1991), 41-62.

(4) Paul Dimaggio, «Construcción de un campo organizacional como un proyecto profesional: Los museos de arte de los Estados Unidos, 1920-1940», en El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, ed. Walter Powell y Paul Dimaggio (D.F. México: Fondo de Cultura Económica, 1999), 105-6.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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