Mil 825 días después, la comunidades cercanas al epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017 recuerdan el aniversario en que sus vidas dieron un vuelco; las dificultades de una todavía inacabada reconstrucción y cómo ha cambiado la zona desde aquel fatídico día.
Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Aquí empezó todo. Hace cinco años exactamente. La tarde del 19 de septiembre de 2017, el centro de México volvió a sufrir un fuerte terremoto que dejó incontables daños, cientos de muertos y poblaciones devastadas.
«Fue algo atípico completamente. En el pueblo no pasaba de sismos leves. Pero nadie iba a saber que en nuestra zona iba a ser el epicentro. Quedó devastada la comunidad, casi completamente, era un escenario de guerra», asegura a SinEmbargo Ricardo, un habitante de la comunidad de Alpanocan, Puebla, cercano a la frontera con Morelos y más cercano aún al epicentro del sismo de aquel día.
Los hechos son de sobra conocidos, sobre todo para aquellos que lo vivieron y lo sufrieron. Algunos por primera vez, otros rememorando el mismo día pero 32 años antes, cuando en 1985 el centro del país también se convirtió en el escenario de la destrucción sísmica que entonces dejó miles de muertos.
Ese día, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.
Los movimientos telúricos son comunes en esa zona de Puebla y Morelos. Pero el sismo ocurrido a las 13:14:40 horas, tiempo del centro de México, ha sido uno de los peores en la historia reciente del país.
Alpanocan, ubicado en el municipio de Tochimilco, tiene un total de unas cuatro mil 500 personas, contando a los menores de edad. Fue una de las zonas donde más fuerte se sintió el movimiento telúrico.
«Quizá unas 50 casas quedaron en pie, pero con fracturas, casi no quedó nada. Nunca habíamos sentido así, por lo común eran ‘leves’, nunca como éste. Quedamos incomunicados, completamente, servicio de celular una semana, teléfono caído, pero poco a poco se empezó a organizar la comunidad y la ayuda de fuera, de pueblos vecinos, que fue grandiosa, y luego llegó más del país y del extranjero. Y es que es una comunidad de las más alejadas de todo esto», explica a este medio otro habitante de la zona que prefiere que su nombre no sea publicado.
Los daños más grandes los sufrió nuevamente la Ciudad de México, pero también de consideración sufrieron Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. La capital del país reportó 228 decesos, Morelos 74, Puebla 45, el Estado de México 15, Guerrero seis y Oaxaca uno. El costo de las afectaciones fue estimado en 61 mil 143 millones de pesos.
En Puebla, al menos 7 mil 142 personas resultaron damnificadas por daño total de sus hogares, cifra dada por el comisionado de Reconstrucción en el estado. Además, 112 municipios fueron declarados en emergencia, incluido Tochimilco, donde se encuentra Alpanocan. Simbólicamente, quedó de pie la biblioteca de la comunidad. Ahí comenzaron a organizarse la logística y el acopio de víveres en las primeras horas, días, semanas.
EL POST-SISMO
En medio de la euforia nacional por ayudar a las comunidades, surgieron complicaciones.
«Mucha gente donó ropa y pues no se utilizó, estaba en muy mal estado, se quedaba en almacenes o al aire libre, y generaba foco de infección, empezaba a haber roedores… la ropa que ya no les servía las depositaban en las comunidades, y las plagas empezaron a llegar por estas toneladas de ropa que no era necesario y no se utilizaba», explica Jessica Techalotzi, socióloga de formación promotora comunitaria en las zonas afectadas por parte de Oxfam.
«Algunos alimentos que llegaron, que pues la comunidad no estaba habituada a su consumo, se quedaba. El exceso de plástico por las aguas embotelladas provocó que muchos espacios verdes, por ejemplo barrancas, se llenaran de estos desechos. Por fuera, la lectura era: ‘sí, la población está atendiendo el llamado’, pero las comunidades cuestionaban esa lógica desde donde la gente se sumaba», añadió.
Además, estaba el problema de la reconstrucción. «Para muchos fue muy duro, el Fonden [Fideicomiso de Desastres Naturales] habrá ayudado a unas 100 familias, entre daño totales y parciales, y el resto recibió ayudas de empresas y organizaciones sociales. Pero también estaba la parte mala: algunos sólo venían a tomarse la foto y jamás regresaban. Se dio apoyo pero se vio la otra parte que vinieron a lucrar con la desgracia», explicó Ricardo.
En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, desapareció el Fonden, acusado por el Presidente de ser una «caja chica» de funcionarios que lucraba precisamente con desastres naturales y que utilizaba una lista de empresas favoritas.
«Unos meses después, ya cuando pasa todo eso del sismo, la gente decía que ya se extrañaba la ayuda de brigadistas, y se sintió en ese momento la realidad de que tenía que ser por uno mismo», explica uno de los habitantes de Tochimilco. «La ayuda fue en su mejor momento de 120 mil pesos, mucho no se puede hacer, pero hubo situaciones que no llegó el apoyo porque no se dio directo el apoyo. Se daba a través de las constructoras, y hubo muchas irregularidades», afirma.
Techalotzi también detalla que los habitantes denunciaban continuamente en aquellos primeros meses —aun en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018)— que las tarjetas del apoyo de reconstrucción del Fonden estaban «sin fondos». A otros les depositaron 10 mil, 15 mil pesos, pero sin ningún seguimiento ni más depósitos, se quedó así.
Aunque la socióloga también afirma que «había gente que se anotaba dos o tres veces para recibir el apoyo y había otros que nunca pudieron».
«Este desequilibrio empezó a genera discordia dentro de las propias comunidades y generar tensiones. No había registro que sistematizara, no había orden con lo de los apoyos, se priorizó por ejemplo con casos de madres solteras o mujeres con personas a su cuidado, o había muchos adultos mayores que vivían solos y que no tenían accesos a estas ayudas, habían muchas desventajas por eso», detalla.
«Y estas peleas muchas veces debilitaron los procesos organizativos de las comunidades», resalta Techalotzi, cuya labor con Oxfam consistía, entre otras cosas, en recabar la percepción de la comunidad con respecto a como se atendía el sismo por parte de las instituciones y los grupos que se conformaron para llevar víveres.
Una dificultad más se presentó con las casas construidas. «En algunas comunidades construyeron unas casas, que en realidad no eran casas, eran cuartos, muy pequeños, donde el calor y la humedad se concentraban y ellos relataban que no podían dormir, por ejemplo, era insoportable el ambiente, se usaban más de bodegas o dejaban ciertas cosas. Era muy difícil que se ocuparan para familiar. No se consideraron las necesidades específicas del clima y la zona donde se ubicaban», aseveró.
Aún varios meses después del terremoto, después de todos los flashes y la ayuda recibida, los vecinos de las zonas más afectadas vivían con sus propios fantasmas.
«Muchas zonas seguían con el escombro sin remover y eso era muy fuerte, porque emocionalmente la gente veía los restos de lo que algún momento fue su hogar. Muchos relataban que les costó años de trabajo cimentar eso que ahora eran escombros, era muy fuerte convivir con eso constantemente para ellos, era demasiado habitual que lo tuvieran, y los apoyos económicos fueron limitados», finaliza la socióloga.
CINCO AÑOS DESPUÉS
A días de que se cumplan cinco años del sismo que los dejó sin nada, habitantes de Alpanocan aseguran que «va bien la comunidad», a pesar de todo. «Yo creo que siempre vamos a pedir más, estar mejor, por naturaleza humana, pero estamos bien aunque faltan servicios. No es sólo la reconstrucción de las casas, sino que haya condiciones dignas. El servicio de alumbrado es deficiente. Falta pavimentación de calles», detalla Ricardo.
«El río de Amatzinac nosotros lo estamos contaminando con aguas negras, desde la época de [el Presidente Carlos] Salinas, cuando se cambia de fosas sépticas a un drenaje. Pedimos ver cómo hacer una planta tratadora de residuos, y se quedó pausado el proyecto por la pandemia, entonces eso falta», dijo.
Cuestionado sobre si algo cambió en estos años tras el terremoto, otro de los habitantes, que colabora con la radio comunitaria local, asegura: «Empezamos a dar pequeñas cápsulas, les damos información, se intenta meter en la programación, ya sea por el volcán, condiciones de sismos, deslaves, hemos tratado de hacer simulacros, ya en el momento real sí funcione esta poca preparación», dice.
Y es que la zona se ve también amenazada por el Volcán Popocatépetl, que se encuentra muy cerca. «Antes del sismo, no contaban con muchos protocolos de protección civil, incluso las rutas de evacuación estaban en muy mal estado, los letreros por ejemplo no eran legibles, no sabían a qué refugios dirigirse, hacía falta trabajo de sensibilización, porque en alguna ocasión se negaban a irse por el temor al robo de sus pertenencias», relata Techalotzi.
«Además de que vivían en abandono total por parte del Gobierno, sufrían problemas del agua desde mucho antes de la emergencia y que se acentuó en ese momento, en el proceso de reconstrucción y organización sí creo que al menos hubo un grano de arena justo en poner en la mesa la discusión sobre la necesidad de que se atendieran los protocolos de protección civil, por ejemplo, o que tuvieran herramientas para atender esas necesidades, era algo muy importante de lo que casi no se hablaba o se atendía».
Por su parte, apenas la semana pasada, la Comisión Nacional de Vivienda a través del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, anunció que está por concluir «más de 12 mil 100 acciones de vivienda en el estado de Puebla con más de mil 600 mdp de inversión del 2019 a 2022», durante el Gobierno de López Obrador.
En total, informó que se han concluido 59 mil 582 acciones de reconstrucción de inmuebles que fueron dañados por los sismos de 2017 y 2018, con una inversión mayor a 31 mil millones de pesos. Durante casi cuatro años de la actual administración se han reconstruido más de 52 mil 460 viviendas, seis mil 470 escuelas, mil 500 inmuebles con valor cultural y 150 centros de salud, reportó en julio Edna Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu.
Vega Rangel detalló que en este 2022 se realizan más de seis mil 300 acciones en 811 municipios –incluidos varios de Puebla– y aseguró que los trabajos continuarán hasta atender a todas las familias afectadas.
En Puebla, por su parte, el Gobernador Miguel Barbosa informó en agosto pasado que faltan aún 300 escuelas por terminar su reconstrucción, aunque prometió completarlas para finales de año. Con respecto a los hospitales, de los 11 afectados aún faltan dos por terminar su reconstrucción: el de San Alejandro, cuyas obras continuarán en 2023, y el de Amozoc. Los nueve restantes ya funcionan al menos desde 2021.
RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO, AÚN PENDIENTE
Y es que, a cinco años del terremoto del 19S, también está pendiente casi la mitad de la reconstrucción del patrimonio histórico afectado aquel día de 2017. El mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aceptó que los trabajos en la entidad poblana se empujaron recién para 2023, cuando se cumplirían seis años del sismo.
«De las 11 entidades afectadas, hemos concluido la tarea en lo fundamental para los estados de Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Chiapas. En el presente año esperamos operar el 90 por ciento de avance en los estados de Tlaxcala, Morelos y el Estado de México para poder concentrar el esfuerzo en 2023 en la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla», informó el instituto en la conferencia de López Obrador del 21 de julio pasado.
El INAH argumentó que la pandemia de COVID-19 «fue un factor que implicó momentáneamente la disminución en el ritmo de trabajo, las acciones y esfuerzos», aunque aseguró que «nunca se detuvieron». «Ha pasado casi un lustro y la espera, aunque larga, ha rendido frutos. A la fecha se han invertido poco más de cinco mil 657 millones de pesos en la recuperación de mil 877 inmuebles, lo que representa un avance superior al 65 por ciento del universo afectado por los cataclismos telúricos», informó Diego Prieto, su director.
«Seguimos trabajando, Presidente, y pedirles a las comunidades en donde todavía no hemos podido concluir que nos sigan presionando e insistiendo para que el trabajo no se detenga», concluyó Prieto, quien también detalló que se realizarán entre este año y el próximo más de tres mil acciones en Puebla.
Movido precisamente por el paso del tiempo sin completar la restauración, el colectivo Opción Ciudadana Puebla, enfocado tópicos políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, presentó hace unas semanas una petición a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para que investigue si han habido posibles conductas delictivas que hayan frenado los avances de la reconstrucción del patrimonio.
«Es básicamente solicitarle al titular de la UIF, Pablo Gómez, si lo estima conveniente, que revise la posibilidad de delitos de cuestión financiera. Establecimos en los antecedentes cómo ha sido la exigencia de organizaciones civiles desde hace varios años, argumentamos que se investigue si hay una posibilidad de una actividad delictiva, malversación de recursos, son mil 500 millones la cifra que se ha manifestado, pero pretendemos aclarar esa parte: si se ha ejercido todo, si se amplió o se redujo. Queremos que se despeje la duda de si existe alguna actividad de este tipo, y el objetivo es que se terminen de restaurar las obras en Puebla», explicó a SinEmbargo Ernesto García Hernández, coordinador ejecutivo del colectivo poblano.
«Y, si se presenta alguna conducta irregular, que se presenten las denuncias. Confiamos en que Pablo Gómez, dada su trayectoria, actúe en consecuencia y se haga la investigación», añadió.
Y es que los últimos datos oficiales y públicos del INAH hasta ahora datan de hace año y medio o incluso dos años. El último reporte precisa que, de los 621 inmuebles históricos afectados en 2017 por el terremoto, hay 325 con obras terminadas y 197 en proceso inicial. Es decir, apenas el 52.3 por ciento de avance en cinco años.
Por su parte, el Gobernador poblano Miguel Barbosa aseguró hace dos semanas en conferencia de prensa que la reconstrucción de escuelas y otros «templos» terminará este 2022.
«Es un pendiente, nosotros pretendemos también con integrantes del Comité Defensor del Patrimonio Histórico y Ambiental de Puebla para desarrollar acciones conjuntas en favor del rescate del patrimonio. Estamos en el proceso de realizar solicitudes de información para pedir informes más actuales sobre las obras terminadas y en proceso. Al menos tener un corte de caja en este mes ambivalente, de festejo por la patria y las afectaciones de hace cinco años», señaló García Hernández.
El coordinador del colectivo indicó además que la finalización de la reconstrucción debe ser un «eje articulador de cohesión de los poblanos que deseen conservar su patrimonio y sus joyas arquitectónicas».
