Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en materia de seguridad, destacó que es ofensivo para la población que, al menos en el caso concreto de García Cabeza de Vaca, un Gobernador que ha sido cuestionado y cuya gestión está en entredicho por múltiples irregularidades, el pueblo le vaya a pagar aun por brindarle seguridad.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Martín Orozco Sandoval serán gobernadores hasta septiembre en sus respectivos estados, Tamaulipas y Aguascalientes, sin embargo, la protección de la que gozan no terminará con su mandato, sino al menos seis años después.
La seguridad que tendrán será posible debido a que los congresos locales de ambos estados reformaron sus respectivas constituciones para que los mandatarios estatales salientes pudieran continuar con escoltas y seguridad, con cargo al erario.
En el caso de García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas y sobre quien pesan diversas investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la seguridad que mantendrá incluso podría prorrogarse por más tiempo si las condiciones así lo ameritaran, según lo aprobó el Congreso de dicho estado en septiembre de 2021.
Desde hace un año, luego de que el candidato de García Cabeza, César Augusto Verástegui Ostos, alias “El Truko”, quien contendía por parte de la coalición del PRI-PAN-PRD, perdió frente al morenista Américo Villarreal Anaya, el Congreso local, que aún era de mayoría panista, aprobó reformar su Constitución local para blindar con seguridad, como escoltas y vehículos oficiales a García Cabeza de Vaca.
El Diputado priista Florentino Sáenz, presidente de la comisión de Seguridad, fue quien presentó la iniciativa con la que se le agregó un párrafo al artículo 19Bis de la Constitución de Tamaulipas para dar protección no sólo al titular del Poder Ejecutivo, sino también a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, y al Fiscal General de Justicia del Estado.
“Con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”, señala el texto modificado y aprobado por el Congreso estatal, de acuerdo con su publicación en el Periodo Oficial del Estado el martes 21 de septiembre.
La redacción del párrafo plantea que dicha seguridad puede ser extendida por motivos que así lo ameriten, sin embargo, no establece criterios ni periodos de las prórrogas, por lo que dejaría abierta la medida en Tamaulipas.
Por su parte, el Congreso del Estado de Aguascalientes repitió la dosis recientemente. El legislativo local, en su mayoría panista, aprobó por unanimidad el pasado 30 de junio la iniciativa presentada por el Diputado Adán Valdivia López, del PAN, para reformar el Artículo 61 de la Constitución local con la finalidad de brindar protección al Jefe del Ejecutivo Estatal, del Fiscal, y presidentes municipales, durante el tiempo que duren en el cargo y hasta un periodo de tiempo similar, aun después.
Incluso la redacción del texto es muy parecida a la establecida en Tamaulipas, a excepción de que en Aguascalientes no incluyeron que la seguridad podría ser prorrogable.
“Es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Poder Ejecutivo Estatal, de la Fiscalía General del Estado, así como de las Presidencias Municipales del Estado, para lo cual se garantizarán, a través de las autoridades competentes, las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes que determine el Consejo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, durante el tiempo que duren en el encargo y por un periodo igual al tiempo en que se desempeñó en el mismo”, establece el párrafo reformado.
Además, las medidas de seguridad y protección a exfuncionarios “podrán ser renunciables”, por lo que el mandatario saliente y los exservidores públicos podrían renunciar a ellas si así quisieran. También señala que ningún servidor público podrá tener protección por dos cargos diversos, por lo tanto, cesará la protección si es nombrado en uno nuevo que sea sujeto a protección.
CUESTIONAN QUE TENGAN ESCOLTAS
Especialistas en materia de seguridad consideraron que es ofensivo para la población que, al menos en el caso concreto de García Cabeza de Vaca, un Gobernador que es investigado por las autoridades por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, irregularidades y hasta por presuntos nexos con el crimen organizado, el pueblo vaya a pagarle aun por brindarle seguridad.
“Esto ya es como el colmo porque sabemos que los otros gobernadores no tienen guardaespaldas. Es el colmo que los tamaulipecos van a tener que pagar por la seguridad de una persona que puso en peligro a tantísima gente y sigue poniendo, que después de un sexenio criminal, tengan que pagar por su seguridad es una burla”, expresó, Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, especialista en temas de seguridad y estudios fronterizos.
La especialista, quien ha dado seguimiento puntual a la gestión de Cabeza de Vaca, destacó que el mandatario estatal en lugar de gobernar (que es lo que le corresponde) se ha dedicado en estos últimos meses a proteger su espalda.
Explicó que luego de que su partido, el PAN, perdió la mayoría en Congreso Local y su candidato a Gobernador perdió frente al morenista Américo Villareal, Cabeza de Vaca ahora se enfocó en buscar y lograr acuerdos dentro del Congreso para hacer que algunos de los representantes del partido Morena vayan de su parte, para salir bien librado de su sexenio.
Blindarse con escoltas y vehículos es tan solo una de las diversas formas en las que el mandatario tamaulipeco ha buscado cubrir sus frentes una vez que termine su gestión. También por medio del Congreso local buscó extender el periodo de Irving Barrios Mojica, su Fiscal.
Y es que el Congreso de Tamaulipas aprobó, en junio pasado, un dictamen para ampliar el periodo de Barrios Mojica hasta el año 2027 y además le dio poder para proponer a los fiscales especializados, con lo que deja al margen de esa decisión al nuevo Gobernador, el morenista Américo Villarreal.
“Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido muy hábil, y no sabemos cuáles han sido los métodos por los que tiene toda la lealtad, no de la bancada panista en el estado, sino de otros partidos. No sabemos realmente cuáles son los métodos. Entonces no me sorprende este tipo de cuestiones [que el Congreso le haya aprobado la protección]”, explicó Correa-Cabrera.
Sin embargo, la intención de dejar a su Fiscal con una «superfiscalía» y con el poder de elegir a fiscales especializados no prosperó porque el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) invalidó en –agosto pasado– las reformas aprobadas en junio por el PAN y el PRI en el Congreso, entre ellas, la que extendía el periodo a Barrios Mojica, el Fiscal del “Michoacanazo” de Felipe Calderón.
De acuerdo con una nota del periodista Álvaro Delgado publicada en SinEmbargo, en la sesión del 30 de junio, una mayoría de 19 diputados del PAN y del PRI, así como la exmorenista Nancy Ruiz Martínez, aprobaron las citadas reformas vía fast track en una sesión extraordinaria como parte de una Diputación Permanente que conformaron los panistas y priistas, luego de que la Alianza Va por México perdió las elecciones.
“En síntesis: La Diputación Permanente panista es ilegal, lo mismo que el Fiscal asuma el poder que plantearon las reformas de Cabeza de Vaca”, escribió a finales de agosto Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y miembro del equipo de transición de Américo Villarreal, quien asume el cargo de Gobernador el 1 de octubre.
La bancada de Morena, que encabeza Úrsula Salazar Mojica, sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un recurso para la protección de sus derechos políticos ante el Trieltam, que resolvió el pasado 29 de agosto anular las reformas que aprobó la “Diputación Permanente” del Congreso de Tamaulipas el 30 de junio.
El partido Morena en Tamaulipas en ese momento emitió un posicionamiento en donde destacó que las “decisiones tomadas al vapor [fueron] con el único objeto de proteger los intereses de la pésima administración de Cabeza de Vaca y que, por fortuna cada vez falta menos para que concluya”.
