El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha rechazado en varias ocasiones la versión que lo nombra a él como uno de los que participó en la reunión para crear la “verdad histórica”.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a los que tuvo acceso el periódico El País, sitúan a Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en las primeras reuniones para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
De acuerdo con el texto del periodista Pablo Ferri, los encuentros en los que habría participado Omar García ocurrieron el 7 y 8 de octubre de 2014, en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero, entidad en la que entonces había estado a cargo de la Policía Federal.
El diario español detalla que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dirigió dichas reuniones. Zerón, quien huyó a Israel, es acusado de delitos de tortura y desaparición forzada, entre otros.
"La presencia de García Harfuch en Guerrero antes, durante o después del ataque, el nivel de conocimiento que tuvo de lo ocurrido y su relación con la actuación de los que eran o habían sido sus subordinados en Iguala son cuestiones todavía por aclarar", escribe el periodista Pablo Ferri para El País.
El País señaló que otra cuestión sin aclarar es la posible participación de García Harfuch en más reuniones en Iguala, antes o después de las del 7 y el 8 de octubre de 2014, ya que Tomás Zerón cita a los participantes a una reunión el día 8, a la cual asistió el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Además, el medio recordó que durante la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos y uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades le hallaron una libreta con nombres y números telefónicos de funcionarios, entre los que figuraba García Harfuch.
En otro asunto, añadió El País, el testigo protegido Juan, parte de Guerreros Unidos, ha declarado a la Fiscalía General de la República que García Harfuch estaba en la nómina del grupo criminal:
"Recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas".
El País menciona que a dicho encuentro del 7 de octubre, que inició a las 10:15 horas de la mañana, acudieron en total 18 personas, en las que además de Zerón y Harfuch, supuestamente se encontraba el General Alejandro Saavedra, jefe del Ejército en Guerrero en ese entonces; el Procurador de Justicia estatal, Iñaki Blanco; el jefe de la Unidad Antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez.
Y Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial en aquel momento y quien luego de ser acusado de haber participado en la presunta tortura de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, renunció el 22 de junio de 2019 al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
A pesar de los señalamientos, Omar García Harfuch ha rechazado en diferentes ocasiones haber participado en la reunión para fraguar la entonces llamada “verdad histórica”, la cual postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.
El pasado 22 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino calificó de “absurda” la versión que lo nombra a él como uno de los que participó en la reunión realizada el 7 de octubre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica”;ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días
— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2022
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió.
A ello se le suma lo del pasado 28 de julio, cuando García Harfuch negó en entrevista con el programa Los Periodistas, transmitido por el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, haber estado en la noche que desaparecieron los estudiantes normalistas.
Explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir donde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, indicó en entrevista.
“LA VERDAD HISTÓRICA”
Jesús Murillo Karam, en su calidad de titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dijo el 7 de noviembre de 2014 en una conferencia de prensa que los estudiantes habían sido secuestrados en Iguala, Guerrero, e incinerados en el basurero de Cocula: “esa es la verdad histórica”, aseguró. Además, soltó la frase con la que pasó a la historia en uno de los momentos más sensibles de la última década en el país: ante la insistencia de los periodistas en aquella larga conferencia expresó: “Ya me cansé”, y dio por terminado el encuentro.
Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves pasado, la “Comisión de la Verdad”, creada por la actual administración, corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.
En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la Fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.
A finales de 2020, el Gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las Fuerzas Armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.
Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la Fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.
En el informe de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez subrayó la responsabilidad del Ejército “por acción, omisión o negligencia” por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.
A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.
-Con información de AP
