Los primeros recuentos del plebiscito se conocerán poco después de que las mesas de votación cierren a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT). De ser aprobada la nueva Carta Magna, Chile será un Estado social de derecho y plurinacional que reconoce los sistemas judiciales indígenas y sus autonomías territoriales, cuyas limitaciones serán fijadas por futuras leyes.
Por Eva Vergara
Santiago, Chile, 4 de septiembre (AP).— Al atardecer del domingo empezaron a cerrar en Chile las primeras mesas de votación del plebiscito que decidirá si el país sudamericano tendrá una nueva y transformadora Constitución o seguirá con la conservadora Carta Magna impuesta por la dictadura militar hace 41 años.
Las primeras mesas en cerrar fueron las que no tenían electores esperando sufragar al final de un día en que los comicios se desarrollaron en absoluta tranquilidad.
Los conteos de votos partieron, como es tradicional, en presencia de vocales, apoderados de mesas y del público que seguía el recuento en medio de gritos a favor del “Apruebo” a la nueva Carta Magna o de los vivas al “Rechazo” impulsado por la oposición derechista y un sector de la centroizquierda que buscan que siga vigente la actual Constitución.
Los primeros recuentos se realizaron en Punta Arenas, 3 mil kilómetros al sur de la capital chilena, en mesas que cerraron una hora antes que el resto del país porque tiene una hora menos.
Las últimas encuestas conocidas indicaban que el “Rechazo”, impulsado por la oposición derechista y un sector de la centroizquierda, ganaría por un margen estrecho al “Apruebo”, respaldado por el oficialismo.
Sin embargo, los sondeos se realizaron sobre un modelo de voto voluntario y el del domingo es un plebiscito de participación obligatoria y están convocados 15 millones de electores.
Un par de encuestadoras redujeron el margen por el que ganaría el “Rechazo” de 10 por ciento a 5 por ciento de los sufragios.
La nueva Constitución que busca el “Apruebo” propone para Chile un Estado Social de derechos, el que debe proveer los bienes y servicios para asegurar “el igual goce de los derechos sociales”. Reconoce a los 11 pueblos originarios y establece inéditos derechos para los indígenas, que la actual Ley Fundamental no menciona, e incluye normas que priorizan el cuidado del medio ambiente.
La opción del “Rechazo” propone que siga vigente la Carta Magna de la dictadura (1973-1990), que estableció Estado subsidiario que consagró un modelo de libre mercado en el que la calidad de la salud y la educación depende de los ingresos y el monto de las pensiones de lo que cada uno pudo ahorrar. La oposición prometió que de ganar le introducirá una serie de reformas, entre ellas, el Estado social de mercado.
La consulta de esta jornada surgió de un plebiscito en 2020 en el que el 78 por ciento del electorado decidió que quería una nueva Constitución. Fue la salida institucional a una violenta revuelta social en 2019 contra las desigualdades sociales, principalmente en salud, educación y pensiones.
El texto en consulta fue redactado por una convención constitucional paritaria electa democráticamente, entre candidatos que se presentaron como independientes. De los 154 miembros, 118 eran de izquierda y 37 de derecha. Es la primera Carta Magna escrita por un grupo paritario.
Si es aprobada, Chile será un Estado social de derecho y plurinacional que reconoce los sistemas judiciales indígenas y sus autonomías territoriales, cuyas limitaciones serán fijadas por futuras leyes.
Los amplios derechos indígenas y los cambios al Poder Judicial, en el que en su órgano rector los jueces serán minoría, son algunos de los artículos más resistidos por la oposición derechista y un sector de la centroizquierda que llamaron a votar por el “Rechazo”.
Cualquiera sea la opción que gane, la Constitución será sometida a una serie de reformas a las que se comprometieron tanto el oficialismo como la oposición, que serán resueltas en el Congreso donde ambos sectores controlan en mitades iguales el Senado pero carecen de mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que estarán obligados a alcanzar acuerdos políticos.
Los resultados difundidos por el autónomo Servicio Electoral (SERVEL) tienen carácter preliminar. El definitivo lo entregará el Tribunal Calificador Electoral, que tiene 30 días para hacer su propio recuento y que tradicionalmente no difiere mayormente del hecho por el SERVEL.
