El viernes pasado, el Gobierno de México presentó en Palacio Nacional un informe detallado de casos sospechosos en donde juzgadores de todo el país liberaron a presuntos criminales, muchos de ellos buscados tanto en México como en el extranjero, esto como parte del debate que se abrió sobre la prisión preventiva oficiosa, el cual deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este 5 de septiembre.
Por Mark Stevenson
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— En México, una larga lista de delitos no violentos como el robo en viviendas o de combustible es causa de prisión preventiva en automático, donde no hay posibilidad de fianza ni de arresto domiciliario.
Se espera que la Suprema Corte de Justicia de México se pronuncie pronto sobre esta figura legal debido a que algunos magistrados sostienen que viola los tratados internacionales que establecen que la prisión preventiva debe utilizarse sólo en casos “excepcionales” para evitar que los sospechosos huyan de la justicia.
Los sospechosos acusados de asesinato y otros delitos violentos rara vez quedan en libertad bajo fianza en cualquier parte del mundo. Pero en México, la lista de cargos que permiten detener a un sospechoso en espera de juicio ha aumentado a 16, entre ellos abuso de autoridad, corrupción y delito electoral.
Sin embargo, sólo dos de cada 10 personas acusadas de un delito en México son declaradas culpables. Eso significa que de los 92 mil sospechosos que se calcula que están ahora en las celdas a la espera de juicio, a menudo con criminales endurecidos, unos 75 mil pasarán años encerrados en las hacinadas y peligrosas prisiones de México, con pocas probabilidades de ser condenados.
Los juicios en México pueden alargarse sorprendentemente. Hace poco, dos hombres fueron liberados con monitores de tobillo después de pasar 17 años en prisión mientras eran juzgados por asesinato. Extrañamente, ahora que han sido condenados, los dos están en libertad mientras presentan sus apelaciones.
Todo ello hace que muchos inocentes pasen años en prisión. Los activistas afirman que un número cada vez mayor de mexicanos se ven obligados a optar por una forma de negociación de los cargos, simplemente porque es probable que pasen más tiempo en una celda tratando de limpiar sus nombres que el que pasarían si fueran condenados.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el número de delitos que se consideran no aptos para obtener una fianza y ha pedido públicamente a la Corte Suprema que no libere a más personas en espera de juicio.
Su Gobierno argumenta que eso crearía presiones o amenazas adicionales contra los jueces para que acepten sobornos a cambio de liberar a los sospechosos, y crearía un sistema de justicia de “puerta giratoria” en el que los sospechosos podrían salir de la cárcel tan pronto como son detenidos.
Comunicado al pueblo de #México y a la @SCJNhttps://t.co/xmRNQ8taPg pic.twitter.com/9sxNn4Umh6
— Gobierno de México (@GobiernoMX) August 24, 2022
Los activistas afirman que también se plantea la cuestión de si México debería encerrar a personas durante años sólo por la opinión de la policía. Las fuerzas policiales del país no son conocidas por sus sofisticadas técnicas de investigación y a menudo mantienen a personas encerradas por la más mínima sospecha mientras intentan construir casos contra ellos.
Luis Alejandro Chávez pasó dos años en prisión esperando juicio por un asesinato que dice no haber cometido. ¿La evidencia en su contra? Lo apodaban “El Potro”, igual que otro hombre en un estado vecino.
Chávez, como la mayoría de los sospechosos detenidos en espera de juicio, no tenía dinero para pagar un abogado privado, por lo que tuvo que depender de uno de los defensores de oficio del Gobierno, mal pagados y sobrecargados de trabajo, que a menudo deben manejar 300 casos a la vez. Chávez dijo que después de su audiencia inicial, casi nunca volvió a ver al abogado.
