La estilista ya había sufrido una brutal golpiza en 2020, a manos del mismo agresor y con amenazas de muerte; carpeta de investigación se abrió por lesiones calificadas, ni siquiera por tentativa de homicidio.
Por Marco A. Flores
Tijuana, 7 de septiembre (Zeta).– Johana Alcalá, mujer trans de 38 años, ha sido víctima no sólo de quienes la golpearon salvajemente hasta tenerla al borde de la muerte, sino de un sistema de procuración de justicia omiso y discriminatorio, al grado de revictimizarla.
El miércoles 10 de agosto, aproximadamente a las 15:00 horas, Johana, estilista de profesión, se encontraba laborando en su estética en la delegación Chapultepec, donde con bates de beisbol fue atacada por su ex pareja Jesús Anastasio Fierro Torres y otros tres sujetos.
A raíz de los golpes, Johana sufrió diversas lesiones y fracturas, entre éstas una frontal de cráneo, de tabique nasal, de hueso orbital, de maxilar y mandíbula, lo que la mantuvo en estado grave.
El viernes 26 de agosto, Johana fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital General en un procedimiento que duró alrededor de ocho horas, para lo cual se necesitaron 35 tornillos de titanio y una larga lista de prótesis. El lunes 28 se le dio de alta, sin embargo, requerirá de un proceso reconstructivo en el rostro.
Pese a la brutalidad de la agresión y lo severo de las heridas, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por lesiones calificadas, bajo Número Único de Caso NUC-0201-11691-2022.
En la agresión hubo premeditación para planear y cometer el ilícito, alevosía al atacar inadvertidamente, ventaja numérica de cuatro contra una y el uso de bates como armas, lo que para activistas encuadra en la conducta -por lo menos- de tentativa de homicidio.
Incluso van más allá al asegurar que se trata de una tentativa de transfeminicidio, aunque reconocen que Baja California no contempla ese delito en su Código Penal.
YA HABÍA SIDO GOLPEADA Y AMENAZADA DE MUERTE
De acuerdo con testimonios de activistas que han acompañado el caso de Johana y participado en diversas actividades recaudatorias, cinco días antes de la agresión ella decidió terminar su relación con su pareja y lo echó de su casa.
La del 10 de agosto no fue la primera ocasión que Johana sufría una golpiza a manos de su ex pareja. En 2020, cuando tenía su estética y domicilio en Punta Banda, Jesús Anastasio la había golpeado y amenazado de muerte.
Ella presentó una denuncia por intento de homicidio (NUC-0201-13927-2020) ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE), pero al tomar conocimiento, se reclasificó el delito a lesiones simples agravadas por razón de parentesco (concubinato).
Con heridas visibles, sobre todo en cuello, grupos activistas aseguraron que Johana fue revictimizada por la institución investigadora e impartidora de justicia al banalizar su denuncia y clasificarla como lesiones simples.
La PGJE la volvió a revictimizarla al solicitarle, como víctima, presentar un examen psicométrico, Johana se desalentó y dejó en el olvido el proceso.
“Esta forma de impunidad para su agresor fue tomada como signo de debilidad, de debilidad del sistema impartidor de justicia y de debilidad al ser Johana debilitada por el propio sistema”, sostuvieron.
VEN DISCRIMINACIÓN
Para los colectivos y activistas consultados, el caso de Johana ni siquiera es una tentativa de homicidio, sino de transfeminicidio, figura no contemplada en el Código Penal de Baja California.
El transfeminicidio es cometido en similitud de circunstancias que el feminicidio. Por ende, su victimario es reconocido, también, como un agresor feminicida.
Johana fue discriminada por la FGE al no admitirle denuncia por feminicidio, toda vez que el Artículo 1, párrafo V de la Constitución Política, señala que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Citaron a la escritora Julia Serano, quien define la transmisoginia como una intersección de la transfobia y la misoginia, describiéndola como “suposición de que la feminidad es inferior y existe principalmente para el beneficio de la masculinidad”.
Así, la vida profesional, pública, social y familiar de Johana es la de una mujer; por lo tanto, el acto administrativo de rectificación de acta de nacimiento (con el cual no cuenta la víctima) no define ni construye a la persona, especialmente en el caso de las personas trans, que ya son trans desde antes de nacer, insistieron.
Si bien las activistas reconocieron que la atención de Johana en el sector salud fue muy buena, refirieron que fue colocada en el piso de hombres.
SIGUEN SOLICITANDO APOYO
Para apoyar en los gastos médicos de Johana se han organizado diferentes eventos recaudatorios, como un espectáculo de transformistas y drag queens, la proyección de la película “Una mujer fantástica” y un concierto en el Parque Ecológico El Keki el próximo 8 de septiembre a las 17:00 horas, con un costo de 50 pesos.
A raíz de lo ocurrido, Johana no ha podido trabajar, en tanto que su hermana Arlen tuvo que abandonar su empleo para dedicarse a cuidarla, lo que ha mermado la economía de la familia.
Grupos internacionales y la propia Comisión Estatal de Atención a Víctimas han aportado para sufragar algunos gastos. Mientras tanto, sigue disponible la cuenta BanCoppel 4169 1604 3979 2160 para recibir apoyos económicos.
De acuerdo con el Observatorio de los Feminicidios en Ensenada, en su Informe sobre Homicidios y Feminicidios Ensenada y San Quintín 2021, en el 82% de los feminicidios y asesinatos contra mujeres se presentó alguna forma de impunidad -en ocasiones parcial, en otras total-.
Medidas cautelares no cumplidas; lentitud en investigaciones, asesinos y feminicidas sin judicializar; rechazos de vinculación a proceso; feminicidas confesos sin prisión preventiva; asesinatos y feminicidios no socializados a medios de comunicación; ausencia y lentitud en dictar sentencias; tipificación de feminicidios como homicidios, judicializaciones y sentencias no socializadas, son las principales causas de impunidad. Apenas en el 18 por ciento de los casos fue judicializado un victimario.
FALTA LEGISLACIÓN PARA VISIBILIZAR A LA POBLACIÓN TRANS
Si bien el Congreso del Estado de Baja California reformó los artículos 147 y 151 bis por medio de la aprobación del Dictamen 102 en junio de 2021, donde se consideran agravantes de odio en casos de homicidio y lesiones calificados cuando “el sujeto activo realiza la conducta en contra de la víctima motivado por su -entre otros factores- sexo, orientación sexual o identidad de género”, aún es necesario incorporar en la legislación categorías que visibilicen a la población trans, opinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Sostiene que solamente elevar la pena no es una respuesta legislativa integral, sino que es necesario crear figuras jurídicas que atiendan la particularidad de los casos y permitan visibilizar las dimensiones del problema social que es la transfobia.
De 2020 a 2022, la CEDH ha documentado seis quejas relacionadas con personas trans. Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados han sido: derecho a la protección de la salud, derecho a la igualdad y derecho a la seguridad jurídica. Las autoridades señaladas han sido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, con dos quejas; Instituto Mexicano del Seguro Social, una queja; particulares, una queja; Fiscalía General del Estado, una queja; y Secretaría de Hacienda de Baja California con una queja.
La CEDH ha emitido dos recomendaciones por vulneraciones a derechos de las personas trans:
– Recomendación 05/2019, dirigida a la Dirección del Registro Civil del Estado. Derechos humanos vulnerados: a la igualdad, al trato digno y a la no discriminación, al nombre, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad y seguridad jurídica, al negar reasignación sexogenérica en actas de nacimiento por parte del Registro Civil del Estado.
– Recomendación 09/2019, dirigida a la Secretaría de Educación. Derechos humanos vulnerados: a la educación, a la igualdad, al interés superior de la niñez, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad jurídica y al trato digno contra un estudiante de preescolar a quien se le había asignado el género masculino en su acta de nacimiento; se identificaba con el género femenino, ante lo cual en febrero avisaron a la institución educativa con la finalidad de que respetaran su identidad de género autopercibida. Sin embargo, el padre y la madre señalaron que la escuela ha retrasado ese proceso de inclusión, excusándose en la falta de capacitación; alegan se trata de un asunto legal, ya que su hija está registrada bajo un nombre y sexo distintos a aquellos con los que se identifica.
RINDEN PROTESTA
Con el fin de crear mecanismos interinstitucionales en beneficio de la seguridad ciudadana, se instaló el Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación (PASE) de la violencia contra las mujeres.
Además de la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (Inmujere), Luz María Vázquez Galindo, en el PASE convergen los y las titulares de Imjuvens, DIF Municipal, Bienestar Social, miembros del Cabildo de Ensenada, entre otros organismos municipales, civiles y académicos.
Vázquez detalló que PASE buscar coordinar esfuerzos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Algunos de éstos serán mejorar la estrategia de Puntos Naranja, atención psicológica y asesoría jurídica gratuita para todas las víctimas y su posterior remisión a un refugio en caso de algún hecho violento social o intrafamiliar, así como ampliar los comités ciudadanos de Mujeres Constructoras de Paz.
De igual forma, se planea capacitar a instituciones educativas en temas de perspectiva de género, prevención de adicciones y violencia, e implementar un programa preventivo contra la violencia sexual y el embarazo adolescente e infantil, los cuales serán acercados a colonias alejadas de la mancha urbana o de alto riesgo, junto con actividades culturales y artísticas.
