Durante la audiencia inicial la defensa de Murillo Karam informó que padece EPOC, hipertensión e insuficiencia vascular cerebral, por lo cual pedían que su proceso se llevara a cabo en libertad.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam fue trasladado del Reclusorio Norte al Hospital General de Balbuena para una revisión médica.
Las autoridades penitenciarias confirmaron el traslado d Murillo Karam para realizarle una tomografía de tórax con el fin de dar seguimiento a su estado de salud debido a un diagnóstico de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
Posteriormente, fue llevado de vuelta al centro penitenciario donde cumple una prisión preventiva justificada desde el pasado 20 de septiembre.
Durante la audiencia inicial, donde Murillo Karam fue acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el Caso Ayotzinapa, su defensa informó que padece EPOC, hipertensión e insuficiencia vascular cerebral, por lo cual pedían que su proceso se llevara a cabo en libertad.
No obstante, el 22 de agosto un Juez federal ordenó garantizar la salud física y mental, así como no mantener incomunicado al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
El exprocurador permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México para afrontar un proceso penal por desaparición forzada, delitos contra la administración de justicia y tortura en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace ocho años en Guerrero.
Durante seis meses fue el máximo encargado de la investigación de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, un caso que causó conmoción dentro y fuera del país.
Según la “verdad histórica” presentada por Murillo Karam ante la presión pública para que se aclarara el crimen, que fue la versión oficial durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales que los mataron, los quemaron en una gran hoguera en un basurero y arrojaron sus restos a un río.
Pero un grupo de expertos internacionales y la Fiscalía General de la República (FGR) echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades locales, estatales, federales y militares, y que se torturó a decenas de detenidos. Esto, junto a otras irregularidades, derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
