Una de las debilidades más preocupantes del cambio de régimen en México está en la ausencia de una concepción del papel que juega el derecho en una sociedad democrática. Entiendo que este tema de agenda no está hoy entre las zonas marginales de las prioridades de la autoproclamada Cuarta Transformación.

Esto no quiere decir que en la sociedad, el periodismo, la academia y en la diversidad de judicaturas, por señalar algunas entidades, haya abulia al respecto. Al contrario, hay muchas voces que se levantan a la mitad del foro para poner puntos sobre las íes.

El señalamiento, sin intención de imprecar, tiene que ver con el comportamiento del Presidente de la república y sus reiterados discursos con los que pretende que las leyes sean una materia altamente dúctil en sus manos, los jueces apéndices de su poder y la división de poderes una frase retórica.

El Ejecutivo federal es factible de crítica hasta en la añeja visión de Emilio Rabasa, por aquello de que quiere engordar su poder a costa de los demás; y yo agrego, desentendiéndose del papel del derecho en la visión liberal que él profesa de los dientes para afuera.

Con el Gobierno de López Obrador hemos constatado que no nada más los presidentes del PRI o del PAN han colonizado al Poder Judicial de la Federación, sino que el actual se ha desbordado en sus pretensiones de tenerlo a su entera disposición, no sin resistencias plausibles y dignas de reconocer hoy.

Pero veamos el fondo: el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, gozó de la bendición tradicional para llegar al cargo, y se intentó prorrogarle su periodo; llegaron a la Corte en calidad de ministros los que se señalaron desde la Presidencia de la república; se han promovido decretos gubernativos que violan la Constitución; se ha aferrado a la militarización de la seguridad pública, que es del resorte civil; se ha dictado a la Corte línea de conducta en asuntos fundamentales; se ha agredido verbalmente a los jueces y hasta se les ha denostado. Y todo eso, a mi juicio, es un desprecio acre por el derecho.

Es propio de gobernantes del tipo de López Obrador, que al idolatrarlo como un iluminado líder, produzca este tipo de desviaciones que a la larga no tienen más desembocadura que la tiranía. En México se ha considerado al Ejecutivo federal como el “jefe de las instituciones nacionales”, cuando únicamente es Presidente de la república, lo cual, como es fácil de advertir, no es de ninguna manera algo minúsculo.

Ahora, si se le agrega a los estilos y contenidos propios del liderazgo carismático y populista que padecemos hoy, el caso se torna grave y, en perspectiva, trágico.

Nuestro sistema constitucional sigue cánones muy distinguibles, proclamando la independencia del Poder Judicial, revistiéndolo de una autonomía suficiente para garantizar el Estado de derecho, más a partir de reconocer en la Corte un tribunal constitucional.

Pero el talante presidencial no lo soporta y lo expresa reiteradamente en pronunciamientos que se traducen en una presión indebida y soez contra la institucionalidad en la que los jueces, magistrados y ministros tienen la última palabra, y se les debe rodear del ambiente propicio para que hagan su trabajo y se despliegue un juego de pesos y contrapesos, con la debida rendición de cuentas.

No hay de otra que la apuesta por el derecho para garantizar un proyecto democrático de nación en un mundo global, con compromisos convencionales de diversa naturaleza, que deben funcionar con rigurosidad jurídica. Pero no únicamente, además hay que hacerse cargo de una tarea ineludible y por la cual hay que dar la cara con todos los riesgos imaginables. Lo digo tomando en préstamo las palabras de Gustavo Zagrebelsky: Los jueces “son los garantes de la complejidad estructural del derecho en el estado constitucional (…), los garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia”.

El derecho no es un objeto propiedad de uno, sino que debe ser objeto del cuidado de todos. Difícil que a estas alturas lo entienda López Obrador, y más que lo asuma autoconteniéndose en sus discursos y ejercicio del poder.

El drama, uno de tantos, lo gritan los miles de procesados que sufren en los penales del país la prisión preventiva oficiosa, que sé que los poderosos de hoy consideran estratégica para la seguridad, según frase de la “corcholata” Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

En otras palabras, lo que el Gobierno quiere es que los derechos humanos estén a su merced, no obstante que de esa manera se condena a los pobres que abarrotan las inhóspitas cárceles del país. La tarea es ardua, sin duda.

Jaime García Chávez

https://www.sinembargo.mx/author/jaime-garcia-chavez/

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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