El informe de la Comisión de la Verdad del caso de Ayotzinapa revela que el soldado desaparecido junto con los normalistas tenía al menos dos años como infiltrado; también señala que el Ejército se apoyó de una empresa, que utilizaba el programa Pegasus para intervenir comunicaciones de objetivos clave, policías e integrantes de Guerreros Unidos.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El soldado Julio César López Patolzin llevaba cuando menos dos años infiltrado con los normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y asesinados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con el informe presentado por la Comisión de la Verdad sobre este caso.
El joven militar tenía como objetivo informar de lo que pasaba en las asambleas que se realizaban en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero y fuera de la ciudad, según la misma información.
Además, según el informe, López Patolzin también tenía como tareas detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de la delincuencia organizada y “todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional”.
No obstante, Julio César fue abandonado por la institución a la que le brindó servicio activo desde hacía por lo menos cinco años, a pesar de que era obligación de la Sedena protegerlo.
El informe detalla que el soldado se encontraba activo en el Ejército Mexicano “realizando funciones de informante” y que su superior jerárquico, el Teniente Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería, tenía conocimiento de que él se encontraba dentro del grupo de estudiantes que fueron atacados y privados de la libertad.
El Ejército, agrega el documento, teniendo conocimiento de lo que ocurría, “no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece en el Protocolo para Militares Desaparecidos” que obliga a los mandos a implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y en su caso, rescate del personal militar desaparecido.
La infiltración de este elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue confirmada el jueves por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, al dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa.
Previamente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había revelado en su Tercer Informe, presentado en marzo de este año, que los estudiantes de la Escuela «Raúl Isidro Burgos» eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares, desde años anteriores de la desaparición.
El GIEI reveló que hubo dos operaciones de inteligencia por parte de dos batallones del Ejército Mexicano cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que ellos dieron un seguimiento «casi contrainsurgente» a los estudiantes. Esto incluía la infiltración de militares en el contingente de los normalistas que fungían como “agentes de inteligencia”.
En ese entonces, Claudia Paz, exfiscal de Guatemala e integrante del Grupo de Expertos, detalló que fueron operaciones de espionaje ordenadas por la Comandancia de la 35 zona militar dos días antes del 26 de septiembre. En ese momento también se afirmó que el Ejército tuvo conocimiento “minuto a minuto”, de la desaparición de los jóvenes.
“Un seguimiento que vamos a llamar histórico, casi contrainsurgente a las actividades de la escuela, un seguimiento a las actividades de los estudiantes. Hay una orden expresa por parte de autoridades militares de dar seguimiento a los movimientos de los estudiantes dos días antes del 26 de septiembre, es decir, que las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que está ocurriendo”, indicó Claudia de la Paz y Paz, integrante del GIEI, en marzo pasado.
Ambos informes, el del GIEI y el de la Comisión de la Verdad, coinciden en que todas las corporaciones, Ejército, CISEN y Policía Federal y Estatal, hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de Ayotzinapa.
Por su parte, el documento presentado esta semana por la Comisión de la Verdad, precisa que Julio César López causó alta como soldado de infantería el 16 de enero de 2009 en el 50 batallón de infantería de Chilpancingo, es decir, que tenía 5 años y ocho meses como tiempo de servicio.
Otro de los aspectos que detalla el documento oficial es que los informes de Julio César daban cuenta del plan de acción de los estudiantes para el 2 de octubre de 2014. El último reporte que emitió el joven, fue precisamente el 26 de septiembre de 2014 cerca de las 10 de la noche.
El informe de la Comisión confirma las versiones que se habían dado a conocer desde años atrás: que el Ejército tenía un informante. En el año 2019, la revista Proceso publicó un reportaje realizado por el periodista Ezequiel Flores Contreras en el que entrevistaba a los padres de Julio César, quienes aceptaban que el joven era soldado, pero indicaban que había desertado.
El texto también daba cuenta que desde el año 2015 se dio a conocer que un soldado estaba infiltrado. En ese mismo año, también se divulgó un video que mostraba el momento en el coronel de Infantería Diplomado, Gregorio Espinoza Toledo, notificaba a la madre de Julio César López que su hijo era informante, que podría estar muerto y le entrega 5 mil 667 pesos, presuntamente correspondientes al sueldo del militar en activo.
Julio César López, uno de los #43deAyotzinapa, era soldado en activo y realizó trabajos de inteligencia para el Ejército hasta el día de la desaparición. En este video se ve a militares pagar a su madre, Joaquina Patolzin, una quincena pendiente y ofrecer información de él pic.twitter.com/sQm6FxXqqy
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 13, 2019
LAS INTERVENCIONES DE LA SEDENA Y PEGASUS
El informe también revela que la Sedena se apoyó en una empresa que utilizaba el programa Pegasus para intervenir comunicaciones de policías, integrantes de Guerreros Unidos y otros objetivos clave el día de la desaparición de los normalistas.
Elementos militares intervinieron las comunicaciones, al menos en dos ocasiones, entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, tras analizar 17 mil documentos obtenidos de los archivos militares en las regiones, zonas y batallones militares de Guerrero y su área de inteligencia.
El informe también revela que la empresa llamada Proyectos y Diseños VME, vinculada con el Programa Pegasus, –que en ese momento era el más utilizado por las fuerzas de seguridad– registró las llamadas telefónicas de las fuerzas de seguridad.
El documento detalla que la empresa vinculada a Pegasus operaba desde el año 2014, pero que se establecieron los contratos con el Gobierno federal a partir del año 2015 y que el 93 por ciento de los contratos realizados con Proyectos y Diseños fueron con la Sedena de ese entonces.
“Los servicios relacionados con los contratos se refieren al mantenimiento y refacciones para diversos fines”, señala el informe.
La Comisión de la Verdad analizó la información de las comunicaciones telefónicas que dicha empresa realizó en los meses de septiembre y octubre de 2014 y encontró que la empresa intervenía a seis personas consideradas como objetivos de alto nivel, de nivel medio, como policías e integrantes de Guerreros Unidos.
“El expediente proporcionado por el CISEN corrobora la existencia de distintas intervenciones de comunicaciones a objetivos relevantes de Guerreros Unidos en la fecha de los eventos”.
