El exfuncionario fue aprehendido en su domicilo un día después de que se presentaran las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que la aprehensión de Murillo Karam por parte del personal policiaco de la Fiscalida General fue en cumplimintento a una orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
De acuerdo con la FGR, la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio del exfuncionario en Lomas de Chapultepec, «sin ningún problema», pues aseguraron que «colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo».
«El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada».
#FGRInforma | Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús “M”. En Breve más información. pic.twitter.com/TUYxgX3Wt0
— FGR México (@FGRMexico) August 19, 2022
Como complemento de la información de la diligencia de aprehensión de Jesús Murillo, la Fiscalía General de la República, hazo público su reconocimiento al apoyo táctico y operativo que recibió de personal especializado de la Secretaría de Marina (Semar).
El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.
El jueves, al presentar el informe, Encinas indicó que ya se habían presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que se deslindaran responsabilidades a 33 personas, pero lo único que aclaró es que el expresidente Enrique Peña Nieto no estaba entre ellos.
La Comisión consideró probado que la desaparición de los 43 jóvenes y la ocultación de la verdad sobre el crimen fueron hechos organizados «desde el más alto nivel del gobierno», que según dijo alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
Murillo Karam dijo que la «verdad histórica» de esos hechos fue que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en una gran hoguera que hicieron en un basurero de un municipio vecino —Cocula— . Después, según su versión, los criminales tiraron los restos a un río cercano.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados, tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la actual fiscalía y la Comisión de la Verdad, negaron la versión del basurero y confirmaron que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos.
Además, aseguraron que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia. Las torturas fueron confirmadas también por la ONU. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes están con vida pero todavía se desconoce qué hicieron con ellos.
– Con información de AP
