Esta semana ARTICLE 19 publicó dos informes: uno sobre publicidad oficial en colaboración con Fundar y uno más sobre violencia contra la prensa registrada el primer semestre. En estos documentos podemos encontrar los principales hallazgos y tendencias que han seguido dos formas de censura en contra de la prensa: la sutil y la directa.

En cuanto a la censura sutil o indirecta, el informe de Publicidad Oficial nos dice que en la primera mitad del sexenio de AMLO se han ejercido 8 mil 648 millones de pesos, una cuarta parte de lo ejercido en la primera mitad del gobierno de EPN. Esta tendencia es positiva.

Sin embargo, la discrecionalidad y la concentración del gasto en unos cuantos medios persisten. La mitad de los recursos están concentrados en 10 medios de comunicación y la otra mitad en 768. Televisa, TV Azteca y La Jornada son los que más recursos recibieron en la primera mitad del sexenio. Entre los tres suman 2 mil 552 millones de pesos, el 29.52% del total general. De 778 medios que recibieron publicidad oficial de 2019 a 2021, 10 de ellos concentran el 50.01% (4 mil 325 millones).

Por ende, pese a la reducción del presupuesto, lo expuesto confirma que las malas practicas en la distribución de la publicidad oficial continúan en este sexenio. La falta de criterios de idoneidad, equidad, y la transparencia en la asignación provocan que pocos medios se lleven la mitad del presupuesto.

No hay duda, sigue vigente el “no pago para que me peguen” acuñado por el ex presidente López Portillo en 1982. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó -por segunda vez- al Congreso de la Unión a regular adecuadamente el gasto de comunicación social, las Cámaras legislativas se han negado de manera rotunda a hacerlo. Un juez les concedió la segunda y última prórroga para cumplir con la sentencia de la Corte dictada desde septiembre del años. Les dio como plazo fatal hasta mediados de octubre próximo.

El talante democrático de nuestra clase política está en entredicho porque no se nota mucha voluntad para acabar con la censura sutil que entraña la manera de erogar el gasto de comunicación social. El mismo Presidente y su Coordinador de Comunicación Social eluden el tema y parecen muy cómodos con el statu quo. Misma situación con los gobernadores y alcaldes. Ahí parece que sí son todos iguales.

Por otro lado reportamos sobre la censura directa. El informe de violencia contra la prensa en el primer semestre de 2022 da cuenta de 331 agresiones contra personas periodistas y medios de comunicación: una cada 14 horas. En comparación, el primer semestre del 2016 ARTICLE 19 registró 218 ataques contra la prensa. Esto significa que en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador hay un incremento del 51.83 por ciento de agresiones contra la prensa.

El Estado sigue siendo, como lo es desde 2007, el principal agresor contra la prensa. Las autoridades perpetraron 128 agresiones, lo que equivale a un 38.67 por ciento del total. El grueso de las agresiones de autoridades públicas las cometieron servidores y funcionarios del nivel estatal y municipal.

Durante estos primeros seis meses destacan los casos de violencia letal, desplazamientos, y estigmatización. En este primer semestre, ocurrieron 12 asesinatos de periodistas, 9 de los cuales identificamos indicios que les vinculan con la labor periodística. Al día de hoy, se registraron 6 asesinatos más (durante agosto). Ello sumaría la terrible cifra de 18 periodistas asesinados en lo que va del año. Otro fenómeno en aumento es el desplazamiento interno forzado y el exilio de periodistas. Así, durante estos seis meses, ARTICLE 19 documentó 4 casos de DIF y dos casos de exilio. En suma, durante el sexenio se han acumulado -cuando menos- 34 asesinatos de periodistas, 26 casos de desplazamiento forzado y dos de desaparición de periodistas.

El reporte también habla de la persistencia de discursos estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, con el objetivo de desvirtuar las investigaciones o reportes originales de la prensa. No podemos negar la toxicidad de un discurso desde el Estado que pretende acabar con la credibilidad de la prensa para eludir el escrutinio público. Las consecuencias perniciosas están a la vista, la violencia incrementa año con año, particularmente los asesinatos se han desatado y la impunidad goza de cabal salud.

La geografía de la violencia también preocupa. Destaca, en primer lugar, la Ciudad de México con 49 agresiones. Le sigue Yucatán y Michoacán con 30 agresiones cada uno, aumentando hasta 9 veces en comparación con sus registros del primer semestre de 2021. Sigue Tamaulipas (21), que otra vez protagoniza episodios recurrentes de violencia (incluso letal), como al inicio de la “guerra contra el narcotráfico”

Además, las principales agresiones documentadas en este periodo fueron intimidaciones y hostigamientos (101 casos), en segundo lugar las amenazas (66 casos), después le siguieron los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público (45 ataques). La última categoría denota un incremento sostenido en el uso del aparato institucional para perseguir e inhibir a la prensa, tendencia que ya también es observada en buena parte de Latinoamérica.

Este panorama demuestra la ausencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, las cuales han sido omisas e incapaces de generar estrategias para atender y dar solución. O mejor dicho, la relativa ausencia, pues siempre están muy presentes y prestas para atacar a las personas periodistas.

Ante esta alarmante situación parece que ni al Presidente ni a su equipo le importa mucho. Mucho menos a gobernadores y presidencias municipales. Al contrario, en este juego de poder que tiene lugar en un contexto polarizado y polarizante, las autoridades y otros actores no estatales se benefician del silencio que se provoca con las agresiones recurrentes y permanentes a periodistas. Así hay terreno fértil para imponer “sus verdades” y prohijar la desinformación.

Aun así no dejaremos de insistir que es urgente que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones y tome acciones contundentes a través de políticas públicas integrales en materia de libertad de expresión, combate a la impunidad y de acceso a la información en beneficio del ejercicio periodístico. Urge que la censuras directa e indirecta sean erradicadas si queremos una sociedad más y mejor informada, y por lo tanto, más democrática. Pero solamente si es eso lo que realmente queremos.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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