El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves con los padres de los 43 normalistas, desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “una reunión difícil, dolorosa”, informó el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien presentó este día las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La desaparición de los 43 normalistas «constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano», dijo este día el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al presentar las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional, a la par que indicó que “la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
El Subsecretario Encinas indicó que “la investigación continúa y la búsqueda de los estudiantes continúa” e informó que como parte de las conclusiones preliminares se determinó que las autoridades federales y estatales “del más alto nivel” fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
Encinas añadió que “en todo momento” las autoridades federales, estatales y municipales “tuvieron conocimiento de la movilidad de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras seis personas”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “una reunión difícil, dolorosa”, informó Alejandro Encinas.
El Subsecretario explicó que se han llevado a cabo 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero que han representado 675 jornadas de trabajo. “Es decir, de los tres años y medio que llevamos de gobierno, en el 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas de campo en la Sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir y números restos óseos”.
El funcionario federal abundó que del total de restos óseos, son más de mil los que han recuperado en campo, 32 por sus condiciones favorables fueron remitidos al Laboratorio de Investigación e Identificación Genética de la Universidad Innsbruck, en Austria, los cuales nos han podido confirmar científicamente, con una efectividad del 99.99 por ciento la identidad de tres de los estudiantes […] se han enviado más restos, pero no se ha encontrado con el material genético suficiente para lograr su identificación”.
Encinas dijo que “han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información”, 14 integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes del grupo delictivo gente nueva, 7 testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios y policías entre ellos Mario Salgado Casarrubias, ex líder de los Guerreros Unidos.
Abundó que se ha mantenido todo el proceso de extradición de Tomás Zerón, quien en ese entonces era titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, con quien se tuvo el 16 y 17 de febrero en una reunión en Tel Aviv, con el conocimiento y aprobación de los padres de los normalistas, en el que se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó.
El pasado 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que se sustentaron las investigaciones durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, al dar a conocer que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014.
De acuerdo con la desmantelada versión del Procurador Jesús Murillo Karam, el basurero de Cocula fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa para arrebatarles la vida y después incinerar sus cuerpos. Esta “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue cuestionada por el GIEI y el EAAF, así como por otros expertos, pese a ello, las autoridades de la administración anterior insistieron en su veracidad.
El GIEI también reveló en aquella ocasión que hubo dos operaciones de inteligencia por parte del Ejército Mexicano cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que ellos dieron un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, tenían a elementos de inteligencia infiltrados.
En este tercer informe, presentado en marzo pasado, el Grupo Interdisciplinario lanzó 26 recomendaciones como llevar a cabo la desclasificación y acceso a la información completa; utilizar criterios que permitan imputar responsabilidad por cadena de mando en cada dependencia; evidenciar los lazos que tuvieron algunos funcionarios públicos con organizaciones criminales; guardar todos los documentos de todas las instituciones públicas y privadas y evitar su destrucción; definir la utilización de delitos como desaparición forzada y muertes ilegítimas o ejecuciones extrajudiciales en los casos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y considerar todos los hechos delictivos cometidos dentro de un sólo caso; recoger toda la información de las fosas que se encontraron en octubre en los sectores cercanos a Iguala y camino a los puntos señalados, e investigar torturas y judicializar a quien haya sido responsable de cometerlas.
