La protesta se llevó a cabo como respuesta a lo que lo denuncian como un sistemático debilitamiento del sistema político y de justicia en Guatemala.
CIUDAD DE GUATEMALA, 9 de agosto (AP) — La inflación, la corrupción y la persecución de los defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas desencadenaron el martes una protesta en Guatemala de la que participaban miles de campesinos, indígenas, estudiantes y organizaciones sociales.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones informó que se registraban nueve bloqueos de vías en ocho de los 22 departamentos del país.
La Asamblea Social y Popular -que aglutina a varias organizaciones- dijo que la protesta responde a las acciones del Gobierno de Alejandro Giammattei y denunció un sistemático debilitamiento del sistema político y de justicia.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del Estado de Derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General. Consuelo Porras, titular del Ministerio Público, ha sido señalada por el Gobierno de Estados Unidos de socavar el estado de derecho y obstaculizar la lucha contra la corrupción. En 2021 Porras fue sancionada por ese país, que le retiró la visa de entrada.
Durante el Gobierno de Giammattei -que comenzó en enero de 2020- el Congreso aprobó una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales a discreción del Gobierno y actualmente debate una norma que, entre otras cosas, le daría a la policía y el ejército la facultad de usar armas contra los manifestantes.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
