El Presidente expuso en varios puntos las modificaciones a la Constitución que desde gobiernos anteriores se presentan en «beneficio de las minorías».
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Para mostrar cómo era la «vida legislativa en el periodo neoliberal», el Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un fragmento de uno de sus libros que relata en 19 puntos las reformas constitucionales que se llevaron a cabo en beneficio de intereses particulares y contra del bienestar de la Nación.
«Tomaron, secuestraron al Estado y lo pusieron al servicio de una política económica que beneficia a minorías. Esto obedeció en buena medida a los compromisos que se hacían con gobiernos y con organismos financieros internacionales. Arreglaron todo el marco jurídico para beneficio de una minoría en contra de la mayoría del pueblo«, declaró esta mañana en conferencia de prensa.
De acuerdo con el texto presentado, desde el Gobierno de Salinas de Gortari se han llevado a cabo modificaciones en favor de los grandes capitales, en su mayoría apoyados por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Según lo expuesto, en mayo de 1989, ambos partidos políticos avalaron el Plan Nacional de Desarrollo, el cual permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado.
Para el 27 de junio de 1990, reformaron el Artículo 28 de la Constitución para entregar a empresas los bancos que, hasta ese momento, eran propiedad del país y en enero del 92, modificaron el Artículo 27 para la venta de tierras ejidales.
«Hoy por esta reforma hay enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos y se despojó a miles, sino es que millones, de dueños originarios de las tierras», expresó.
En mayo de ese mismo año, se hizo un cambio a la Ley Minera cuya consecuencia habría llevado a la entrega de concesiones hasta por 50 años de la explotación de plata, cobre y oro, eliminando los límites de las superficies que se podían concesionar, «como en el caso de Canea», dijo el mandatario.
«Desde mayo del 92 hasta hace como cuatro años no se pagaba impuesto por la extracción de oro, plata, de cobre».
En el sexenio de Salinas se entregaron más de seis millones de hectáreas de las reservas mineras nacionales, en su mayoría a Peñoles, Grupo México y Carso.
«En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, el 45 por ciento del territorio nacional», señaló López Obrador.
También en 1992, se habría reformado una Ley secundaria para otorgar a empresas privadas la generación de energía eléctrica.
«Esto empezó en el 92, de manera ilegal porque no fue reforma constitucional. Hoy tales empresas venden a la CFE [Comision Federal de Electricidad] o al particulares el 46 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país».
Sin embargo, destacó, «con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se están incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas. Esto es lo que los llevó a acusarnos allá, con el Gobierno de Estados Unidos», dijo sobre las recientes controversial en torno al T-MEC y recordó que Claudio X González papá fue asesor económico de Salinas de Gortari.
En 1993, continuó, el PRI y el PAN reformaron el Artículo 3, que limitó a primaria y secundaria la gratuidad de la educación pública.
«Desde entonces, 300 mil jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no podían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión cuando, en realidad, no había cupo para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto».
Ya en 1995, se instauró un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10 al 15 por ciento, así como una modificación a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras.
El sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo, trabajó como asesor de la empresa a la que se le concedió la mayor parte de la estructura ferroviaria del país, destacó el Presidente.
En 1996, aprobaron la Ley Sistemas de Ahorro para el Retiro para permitir la administración de los ahorros de los trabajadores a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras. Las Administradores de Fondos para el retiro (Afores) implicaron altos costos de operación y baja rentabilidad para trabajadores.
«Esto ya lo remediamos. Ya bajamos el costo de operación y se hizo una reforma en nuestro Gobierno para que se cobren menos comisiones y les quede más a los trabajadores», expuso.
En cuanto al Fobaproa, el político tabasqueño indicó que fue aprobado en 1998 y convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios en deuda pública.
«Esto es hasta el 31 de diciembre de 2018. Esta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado sólo para pagar intereses más de 800 mil millones de pesos de presupuesto nacional».
En 2005, durante el mandato del panista Vicente Fox, se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta para conceder a grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones.
Posteriormente, el 24 octubre 2008, se aprobó una Ley de Pemex para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados a empresas privadas nacionales y extranjeras sobre la explotación exclusiva de petróleo y hasta 25 años por asignación de áreas o bloques del territorio nacional.
«La Suprema Corte convalidó esa reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por cinco presidentes municipales alegando que carecen de interés jurídico. También, resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas», declaró.
«Mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto», el 20 octubre 2009, diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16 por ciento, además de aumentar el Impuesto sobre la Renta (ISR) del 28 al 30 por ciento.
En cuanto al sexenio correspondiente al Gobierno de Enrique Peña Nieto, López Obrador dijo que, con el llamado Pacto por México que involucró a algunos partidos, se acordó profundizar en la privatización de los sectores energético, educativo, de seguridad social y comunicaciones.
Igualmente, al inicio del mandato de Peña, se aprobó una reforma laboral para permitir la subcontratación de trabajadores, el pago por horas y la falta de prestaciones sociales.
Sobre las telecomunicaciones, el titular del Ejecutivo federal indicó que «no podemos tener una concesión del Estado para que haya Internet gratuito en todo el país. No podemos. Sólo donde no hay nadie queda el servicio por que si no hay competencia desleal, el Estado no se puede meter».
«Es el colmo, cómo el interés público va a quedar subordinado al interés particular. Así está la Constitución. Eso fue lo que hicieron», expresó, y luego expuso la Reforma Hacendaria de 2013, que concedió cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos.
«Se reformó el Artículo 28 y esta prohibida la condonación de impuestos porque no pagaban impuestos los grandes, o si pagaban, se les devolvía».
De igual forma, la Cámara de de Diputados habría modificado el Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y accesorios, así como conceder subsidios o estímulos fiscales.
«El Presidente podía quitar impuestos», explicó Obrador.
«Por eso no pagaban. Y eso es exactamente lo que hizo el Presidente Peña otorgando estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación».
En 2013, los senadores aprobaron la Reforma Energética para entregar el 20 por ciento del potencial perolero del país a particulares y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad, sostuvo.
«Durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo en el sentido que exigían los potentados políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares sin importar el interés público».
«¿En qué benefician estas reformas al pueblo?», sentenció el Presidente.
